Un juzgado impone 40 millones de fianza a UGT Andalucía por responsable subsidiario de “financiación fraudulenta”

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.

En un auto avanzado por ABC y difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la citada instancia judicial ordena abrir juicio oral contra el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla, cuatro miembros más de la antigua cúpula de la organización sindical y otras once personas relacionadas con las empresas que actuaban como proveedoras del sindicato.

La decisión del juez de Instrucción Juan Jesús García Vélez, adoptada el pasado 13 de marzo, antes del estado de alarma, según dicho auto recogido por Europa Press, surge después de que el pasado mes de diciembre, el juez acordase continuar la causa contra estas personas por el trámite del procedimiento abreviado, acordando de otro lado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, así como con relación a otras siete personas.

En concreto, los otros llevados a juicio son, además de Fernández Sevilla, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica, María Charpín; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, María Dolores Sánchez, a la que le pide cinco años de prisión.

En aquel auto de fecha 3 de diciembre, recogido por Europa Press, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron “procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, incurriendo en ello en “la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido”, que eran “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado”.

“Desvío” de fondos

“En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”, explicaba el juez instructor, según el cual “el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”.

A partir de ahí, en este nuevo auto el juez instructor abre juicio oral contra los citados investigados y por la “relación existente” entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A con la organización sindical, señala “la presunta responsabilidad civil subsidiaria” de UGT Andalucía“, por lo que procede ”requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa“.

Lo mismo considera el juez respecto al resto de investigados y su relación con las empresas proveedoras de UGT Andalucía, a las que también atribuye su “presunta responsabilidad civil subsidiaria”, considerando además que corresponde a la Audiencia de Sevilla la celebración del juicio por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el caso de Fernández Sevilla y los demás exmiembros de UGT-A, y como cooperadores necesarios de tales delitos en el caso de los restantes investigados como responsables de las empresas proveedoras del sindicato.

En su auto, el juez impone una fianza de 40.750.047 euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera “conjunta y solidaria”, imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilan entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requiere a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, “preste en igual plazo de un día la fianza” de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.

A continuación, el juez instructor requiere a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, “para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida”. En todos los casos descritos, media aviso de embargo si no fuesen satisfechas las fianzas.

Finalmente, el juez instructor cita a Fernández Sevilla y los restantes exmiembros de UGT-A, “a través de sus respectivas representaciones en autos” para el 15 de junio, fijando la fecha del 17 junio para el caso de los demás acusados, si bien dicha decisión fue antes de la implantación del estado de alarma con su consecuente impacto en el ámbito judicial.