Alaya impone una fianza civil de 26 millones de euros al “tándem” de empresarios de la Sierra Norte

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 26.032.600,68 euros al “tándem” de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo, que deberán hacer frente a dicha cantidad de manera solidaria.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya prohíbe además a ambos imputados, “con carácter provisionalísimo”, que realicen “cualquier acto de comercio, incluida la disposición de cualquier activo financiero o efectivo, bien como administradores de cualquier tipo de sociedad, bien como miembros de cualquier órgano colegiado o de dirección de sociedad”.

Y ello, “a fin de garantizar que los inculpados puedan colocarse en situación de insolvencia, además de ocultar las sociedades y patrimonios actuales, hasta que pueda arbitrarse una medida de mayor calado tendente a garantizar el pago de las responsabilidades pecuniarias fijadas, como pudiera ser la administración judicial de las sociedades de las que fueran titulares”.

En este sentido, la instructora libra un oficio “urgente” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, “a fecha actual, informen de todas las sociedades a las que pertenezcan los imputados, bien directa o indirectamente a través de sus órganos societarios”,

Ambos imputados comparecieron ante la juez el pasado martes y se acogieron a su derecho a no declarar después de que Alaya les imputara tres delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, pues considera que les habrían sido concedidas ayudas ascendentes a 34 millones de euros.

34 MILLONES EN AYUDAS

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para cada imputado una fianza de responsabilidad civil de 25,7 millones de euros al entender, entre otras cosas, que entre los años 2008 y 2012 habrían llevado a cabo “en connivencia con otros operaciones societarias que pudieran ocultar o dificultar las labores de investigación que se están realizando”.

El Ministerio Público citó dentro de estas “operaciones societarias” el levantamiento del cierre del Registro Mercantil “en muchas de las sociedades que resultaron agraciadas con fondos públicos”, así como “operaciones de cambio de denominación social, fusión por absorción o constitución de nuevas sociedades”.

A la hora de fijar la fianza, la juez Alaya tiene en cuenta que las entidades vinculadas al entorno “liderado” por el “tándem” obtuvieron de la Consejería de Empleo subvenciones excepcionales por importe de más de 34 millones de euros, según el auto consultado por Europa Press.

Según Alaya, esta suma resulta “de las resoluciones emitidas” por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, “que serían utilizadas en diversas operaciones como endosos o garantías de préstamos ante entidades financieras”, además de las resoluciones materializadas en diferentes convenios de colaboración, los pagos realizados por Estudios Jurídicos Villasís y los pagos realizados por IDEA “sin respaldo de convenio o resolución”.

LA IMPUTACIÓN

Al hilo, señala que las entidades del entorno societario del “tándem” habrían recibido “directamente” de los fondos públicos 16,9 millones, agregando que, en virtud del uso no solo de los fondos efectivamente abonados, sino de las resoluciones de concesión dictadas por Guerrero, “obtendrían otros beneficios pendientes de concretar y cuantificar, mediante la amortización de préstamos, adquisición de activos financieros, cesión o endoso de las resoluciones de ayuda como garantía de operaciones bancarias, capitalización de las sociedades del grupo e inversiones en empresas de comunicación”.

La juez también impone a los imputados la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 7 y 21 de cada mes y la prohibición de salir de España, por lo que reclama a ambos la entrega del pasaporte.

Alaya imputa a ambos empresarios haber constituido “un numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta y el trasvase de sus fondos a otras sociedades”.

Mediante estas sociedades “interpuestas”, los imputados habrían posibilitado “que el grupo controlado por ambos percibiera, en connivencia con responsables de la Junta, fraccionadamente y de modo coordinado, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.

LAS AYUDAS NO SE DESTINARON A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO

La juez critica que, “a pesar de tratarse de ayudas del programa 31L de la Dirección General de Trabajo, ninguna de estas ayudas se dedicó a la promoción del empleo, pues muchas de estas empresas no tenían trabajadores y las empresas que los tenían recibieron ayudas muy desproporcionadas para el número de trabajadores que tenían contratados”.

Por el contrario, añade la juez, los imputados habrían destinado el dinero de las ayudas a amortizaciones de préstamos, adquisición de activos financieros, cesión o endoso de las resoluciones de ayudas como garantía de operaciones bancarias, o a la capitalización de las sociedades del grupo “para su venta a mayor precio”, como ocurrió en el caso de Matadero de Sierra Morena.

Esta empresa, según la juez, recibió 2,7 millones de euros de IDEA y 1,2 millones de Feoga antes de ser vendida por casi diez millones a Barbadillo.

LA HIJA DE VIERA COBRÓ 48.189 EUROS DE UNA EMPRESA

La magistrada enumera las subvenciones recibidas por un total de 18 empresas vinculadas al “tándem”, entre ellas Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde trabajó Sonia Viera, hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, “contratada desde abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta 'responsable de comunicación del grupo'”.

Asimismo, Alaya indica que en esta empresa estuvo contratado Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que cobró 34.892,49 euros en ocho meses como director de marketing.