Anticorrupción no pide medidas cautelares contra el exinterventor general

La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna contra el exinterventor general de la Administración entre 2001 y 2010, Manuel Gómez Martínez, quien ha declarado como imputado en el caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta. En la vistilla celebrada en la noche de este jueves, las acusaciones se han adherido a la posición de la Fiscalía y la comparecencia se dará por concluida este viernes con la entrega del acta de la declaración del imputado, a quien la jueza Mercedes Alaya le ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Se trata, según han informado fuentes del caso, de la primera vez en que Anticorrupción no pide ninguna medida, ni personal ni real, en relación a un imputado en el caso de los ERE, sin perjuico de que más adelante en el proceso se pueda fijar algún tipo de fianza de responsabilidad civil. La única cuestión que Gómez Martínez deberá comunicar al juzgado instructor es la de cambio de domicilio.

Durante el interrogatorio, la jueza Alaya ha dado por sentado que el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, tuvo conocimiento cuando era consejero de Hacienda (2004-2009) de las irregularidades detectadas en el procedimiento usado por la Junta en la gestión en las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas en crisis a través de diversos informes de la Intervención General.

El exalto cargo de la Administración se ha ratificado, al comienzo de la jornada, en sus declaraciones ante la comisión de investigación parlamentaria del pasado verano sobre el caso de los ERE, así como en la carta que remitió a título particular en noviembre de 2012 al presidente de la Cámara andaluza, Manuel Gracia, en la que criticaba el dictamen al que llegó la citada comisión. Algunas defensas habían planteado la incorporación de esta documentación a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6.

Gómez Martínez ha insistido, como ya hizo ante la comisión parlamentaria, en que actuó correctamente conforme a la legalidad vigente cuando elevó varios informes adicionales entre 2005 y 2007 advirtiendo de las irregularidades empleadas por la Consejería de Empleo, que gestionaba el uso de la partida presupuestaria 3.1.L.

Informes

El declarante ha añadido, según abogados que han asistido a la declaración, que no procedió a elevar un informe de actuación específico sobre las deficiencias administrativas observadas porque “hubiera igualmente quedado en un cajón” por parte del consejero responsable de IFA-IDEA, agencia encargada de pagar los expedientes abiertos para la tramitación de ayudas, “como ya pasó” con los que sí elevó a la entidad auditada y, por deferencia, a las consejerías de Empleo e Innovación.

Gómez Martínez ha añadido que, a pesar de haber detectado dichas deficiencias, nunca conoció que éstas pudieran estar generando menoscabo de los fondos públicos. Para argumentar su posición se ha remitido al decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, que dice en su artículo 12.5 que “se emitirá informe de actuación en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”.

Dicho artículo también señala que “la Intervención General, en el plazo de quince días, emitirá informe de actuación en aquellos casos en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas”, como fue el caso y como el propio imputado reconoció conocer en su comparecencia en sede parlamentaria.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, ha asistido a Gómez Martínez durante la declaración judicial. Durante su turno de preguntas al imputado, y a la vez defendido, ha leído frases extraídas de la comparecencia en la comisión de investigación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que han sido “rebatidas” por el exinterventor señalando en cada punto “la verdad es...” o “todo lo contrario...”, según fuentes de las partes personadas. El exinterventor ha tachado de “falta de sensibilidad” el ejemplo expuesto entonces por Griñán respecto a que si el coche del vecino no tiene líquido de frenos debería ser éste quien tenga que solucionar el problema.

También durante la última parte de su declaración, y a vueltas con el informe de actuación, el exinterventor ha comentado que en solo una ocasión elevó tal tipo de documento, en concreto dirigido a la Consejería de Salud acerca de las retribuciones del personal del Hospital de El Ejido (Almería), que “igualmente acabó en un cajón”. Preguntado sobre si recordaba en qué fecha había enviado dicho informe, no supo concretar pero recordaba que el consejero de Hacienda era José Antonio Griñán.

Cuestionado en concreto acerca de haber podido recibir algún tipo de presión política para no elevar un informe especial de actuación que alertaba de las deficiencias en el proceso administrativo, Gómez Martínez ha negado tal extremo, algo que ha despertado un gesto de incredulidad por parte de la jueza Alaya, según han apuntado las mismas fuentes. El imputado ha destacado que no se decantó por este informe de actuación porque, a efectos prácticos, el resultado hubiera sido el mismo.

En este sentido, otras fuentes han insistido en que Gómez se ha reiterado en el procedimiento legal y en que jamás recibió presiones o instrucciones de sus superiores para tapar supuestos hechos ilicitos, así como que no emitió informe de actuacion porque no apreció menoscabo de fondos publicos. En los aspectos formales se han producido quejas de letrados por las formas de la jueza, en especial la del abogado del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, por el reparto del turno de palabra y por la redaccion del acta.

La Junta pidió analizar las transferencias de financiación

Según ha declarado el exinterventor, las deficiencias detectadas sobre el procedimiento utilizado en el sistema de ayudas del que se nutría el fondo de los ERE era conocido por la Junta desde 2003, cuando la Junta aprobó pedir a la Intervención General analizar las transferencias de financiación que soportaban los ERE ante los desfases presupuestarios, de los que Gómez Martínez alertó posteriormente en sus informes.

El imputado ha aludido en concreto a un desfase económico de 93 millones recogido en su informe de 2005 relativo a los ejercicios 2003 y 2004, acerca del que llegó incluso a despachar con la entonces viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo. Era “absolutamente impensable” que Griñán desconociera tales extremos, ha añadido el imputado, porque el desfase advertido de los años 2003 y 2004 generaba un importante descuadre presupuestario.

El imputado ha sido preguntado principalmente por el sistema de control de la Junta, planteándose en el interrogatorio cuestiones “técnicas y complejas” sobre los procedimientos internos de la Administración, según han indicado fuentes del caso, durante “un debate sobre derecho administrativo y financiero”.