Arellano defiende la urgencia de la obra universitaria investigada y niega arbitrariedad en la adjudicación
- El TSJA investigará al ahora consejero de Economía por “la posible existencia de irregularidades”
Aunque el TSJA haya dictado un prudente auto de incoación de diligencias previas contra el consejero de la Junta Antonio Ramírez de Arellano (con “un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que, por tanto, deja intacta la presunción de inocencia”), el que fuera vicerrector de infraestructuras de la Universidad de Sevilla ha negado ya ante la Fiscalía Superior cualquier tipo de responsabilidad penal.
En un par de documentos enviados a la Fiscalía, cuya denuncia ha sido admitida por el alto tribunal andaluz, el ahora consejero niega la adjudicación de contrato de redacción de proyecto sin convocatoria de concurso público por el hecho de que la redacción incumbía a la empresa adjudicataria del contrato de adjudicación de obra, así como falta de publicidad, elaboración a posteriori de expediente alguno o discordancia de fechas en la tramitación de los procedimientos negociados sin publicidad, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla
Además, alega la ausencia de indicios de actuación prevaricadora en el procedimiento seguido por la Hispalense al entender que no puede calificarse la interpretación de la Ley de Contratos del Sector Público efectuada por los servicios universitarios “como una interpretación arbitraria, caprichosa, abusiva y carente de forma clamorosa de una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable”.
“No se dictó resolución alguna por mi parte que pretendiera imponer una particularidad voluntad”, “se tramitaron todos los expedientes, previos los oportunos informes y pliegos, que determinaron la elección de cada tipo contractual con el único fin de ejecutar correctamente la actuación, no teniendo intervención alguna en que la adjudicataria de la obra eligiera o contratara a uno u otro arquitecto para la redacción del proyecto de ejecución”, resume Ramírez de Arellano.
Por otra parte señala que se decidió optar por la fórmula del contrato mixto de obra y proyecto para que quien resultase adjudicataria de la obra elaborase a su cargo el proyecto de ejecución, con los antecedentes de los estudios básicos preliminares existentes y con el único fin de que las obras comenzasen lo antes posible para concluir en plazo el movimiento de tierras, cimentación y estructura hasta rasante. El procedimiento se hizo “por razones justificadas de urgencia”, añade en sus escritos.
¿Qué se investiga?
La investigación judicial pretende saber si, como denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, el entonces vicerrector adjudicó en 2008 de manera “arbitraria” la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius). Según el TSJA, la documentación recabada conduce a “la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación” de aquel proyecto que el ahora consejero niega.
La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. Los denunciantes afirman que la licencia de obras para el edificio se concedió según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. El Colegio de Arquitectos asegura que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.
