“Atentado al derecho de igualdad de acceso”: la Fiscalía de Sevilla se posiciona contra las convocatorias exprés del Gobierno andaluz

La Fiscalía cree que los procesos exprés con los que la Junta de Andalucía ha cubierto en los últimos meses cientos de plazas de funcionarios interinos suponen un “atentado al derecho de igualdad de acceso” a la función pública y un “grave perjuicio al interés general”, pues podrían provocar un menoscabo del servicio público.

Así consta en un informe emitido por Víctor Domínguez, de la Fiscalía Provincial de Sevilla, en un procedimiento seguido ante uno de los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital andaluza, por la posible vulneración de los derechos fundamentales. El fiscal se pronuncia de esta forma a favor de la estimación de la demanda, que había sido interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Tanto el SAF como Comisiones Obreras o CSIF acudieron a los tribunales en su día para cuestionar este tipo de procesos exprés, en las que se han seleccionado cientos de funcionarios interinos para puestos muy diversos (desde administrativos a técnicos forestales, pasando por conservadores de museos) atendiendo únicamente al orden de llegada de sus solicitudes. En estas convocatorias no se han tenido en cuenta los méritos de los candidatos. Además, se ha excluido a amplios grupos de población, como las embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia, los mayores de sesenta años o los enfermos crónicos.

Aunque se previeron inicialmente para la contratación urgente de personal sociosanitario en los peores días de la pandemia, se han mantenido durante meses. La última se publicó el 15 de septiembre, y sirvió para cubrir 250 puestos de administrativos interinos por orden de llegada y excluyendo a esos colectivos.  

A juicio del fiscal, ni siquiera los procedimientos amparados en una situación excepcional permiten excluir de forma absoluta la valoración de los méritos de los candidatos, como ha sido el caso en estas convocatorias. “En modo alguno podrían admitirse procesos de selección en los que no se tenga en cuenta mérito alguno”, se apunta en el escrito, adelantado por Diario de Sevilla, y al que ha tenido acceso este medio.

El fiscal resalta la necesidad de que la selección de interinos respete los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal y como recoge el artículo 103 de la Constitución. De esta forma, concluye que se ha producido un “atentado” contra el derecho a la igualdad de acceso a la función pública: es decir, el derecho que tienen todos los ciudadanos a aspirar a un puesto público en igualdad de condiciones que los demás.

“Nos parece aberrante”

El fiscal pide al juez que estime la demanda, una de la veintena que ha interpuesto el SAF. No se conoce aún ninguna decisión de los juzgados de lo contencioso-administrativo en los que han recaído estas demandas, que también han interpuesto otros sindicatos.

Fuentes del SAF aclaran que las demandas se han interpuesto únicamente contra los procesos de selección de interinos, y no contra las convocatorias de personal laboral. “Lo que hemos hecho es recurrir todas las convocatorias de procesos de personal funcionario e interino que seleccionaban con un ”pulse usted una tecla“, y que excluían determinados grupos. Una cosa es contratar médicos o vigilantes de la playa de urgencia, y otra ingenieros forestales o auxiliares administrativos. Aprovechar para meter cuerpos y especialidades que no tienen que ver con la pandemia, nos parece aberrante”.

Estos procesos, que se han abierto y cerrado en 24 horas, han provocado un aluvión de solicitudes que ha terminado por colapsar el sistema. Un efecto añadido de la celeridad del proceso es que no se han previsto plazos de subsanación, como señaló este medio. Esto podría haber supuesto la exclusión de candidatos que no adjuntaron su titulación (único requisito) por un error técnico debido a la sobrecarga del sistema, según el SAF.

El sistema prima al más rápido en enviar tras la publicación, pues el único criterio de selección es el orden de llegada y no se han anunciado las convocatorias hasta abrirse. Esto ha generado sospechas de enchufismo o información privilegiada.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de SAF Carlos Sánchez ha manifestado que espera una decisión judicial de unificación de todas las demandas presentadas porque “son idénticas” en su planteamiento de vulneración de derechos fundamentales en diferentes cuerpos de funcionarios convocados.

Sin noticias de las investigaciones penales

La Fiscalía denegó las medidas cautelares solicitadas en su día para suspender estos procesos, por la supuesta urgencia para cubrir las plazas. Ahora explica que eso “no justifica que con carácter definitivo se consolide la situación laboral en la esfera pública sin contar con los méritos de la persona”.

CGT, CCOO y Marea Blanca también presentaron ante la Fiscalía varias denuncias penales, por entender que estos procedimientos podían incurrir en delitos contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación. En estos casos, la Fiscalía abrió Diligencias de Investigación, como ocurre habitualmente ante las denuncias que recibe. Ni CGT ni CCOO han recibido notificación del resultado de las pesquisas, si bien en el caso de la denuncia de CGT, El Mundo publicó que había sido archivada.