El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido a la juez encargada del caso de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.
El magistrado ha seguido el criterio del Ministerio Público que le ha solicitado en un escrito presentado este miércoles que se inhiba a favor de la magistrada, ya que el Juzgado número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investiga al sindicato.
En un auto hecho público este miércoles, Pedraz indica que para considerar a la Audiencia Nacional competente en este caso deberían aparecer “suficientemente acreditados” los hechos denunciados, cosa que no sucede. Recuerda, además, que la denuncia presentada por Manos Limpias se basa “exclusivamente” en informaciones periodísticas.
Manos Limpias denunciaba que el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato recibió más de 48 millones de euros en el año 2012 y defendía la existencia e un “entramado societario opaco” entre UGT, IFES y dos filiales de este instituto.
El sindicato, propietario al cien por cien de IFES, “se queda con un 15 por ciento de las subvenciones de cursos” y “disfraza como coste asociado unas comisiones que ascendieron el pasado año a nueve millones de euros”, indicaba Manos Limpias.
VARIAS PROVINCIAS
Los querellantes acusan a Méndez y el tesorero de UGT de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. El entramado de empresas tiene representación en las provincias de Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Valencia, Navarra y Murcia.
Pedraz precisa que si el Juzgado número 6 de Sevilla advierte tras investigar los hechos que la competencia corresponde finalmente a la Audiencia Nacional podrá rechazar la inhibición y devolver el caso.
“Existe un Juzgado territorialmente ya competente quien, en su caso, si observa que de la investigación realizada se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional, éste así lo declarará”, indica.