El aumento de la pobreza infantil pone a prueba la efectividad de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía

“La Administración de la Junta de Andalucía elaborará acciones y estrategias a fin de reducir la pobreza infantil”, dice la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada hace poco más de un año en el Parlamento de Andalucía y en vigor desde el 30 de agosto de 2021. Muy rápido deben ir tomándose esas medidas si no se quiere seguir con el progresivo aumento de las tasas de pobreza y exclusión que golpean en la Comunidad Autónoma a los que menos culpa tienen, los menores de edad. La lucha contra la pobreza en la infancia y adolescencia, no está de más recordarlo, tiene “prioridad presupuestaria” en las cuentas anuales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo al artículo 15 de dicha ley. Este lunes, coincidiendo con el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, y la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, han llamado la atención con algunas cifras extraídas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE: el 43,7% personas menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, seis puntos más respecto al año anterior, superando en más de 10 puntos la media nacional del 33%.

Cifras hay muchas, todos los años, con porcentajes que suben o bajan algunos puntos en la multitud de datos estadísticos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, los últimos publicados a finales de junio. Lo cierto es que, según han hecho ver ambas instituciones este lunes, los datos siempre empeoran en el mismo lado, en el tramo de edad hasta los 17 años. De ello se derivan no muy buenas perspectivas, puesto que las familias con hijos tienen más riesgo de empobrecer que el resto ya que sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda. La situación se agrava especialmente en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero.

Carencias

Algunos elementos críticos denotan un muy alto nivel de privación entre los menores de edad en Andalucía y entre ellos se encuentran no tomar al menos una comida de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) o no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3% . De modo similar, el 13,7% de los menores de 18 años en Andalucía viven en hogares con baja intensidad en el empleo, un 5% más respecto a 2020. La Ley de Infancia y Adolescencia es clara en ese sentido: “Se promoverán acciones y crearán instrumentos para la identificación y atención de aquellas situaciones que afecten a la cobertura de necesidades vitales básicas de alimentación, vivienda, pobreza energética, o cualquier otra de índole material que puedan incidir negativamente en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes”.

En los niveles más intensos de pobreza, Andalucía también experimenta una subida. El 11,4% (unas 178.000 personas menores de 18 años de la comunidad autónoma) están en situación de carencia material severa, una tasa aumenta más de un 2% a nivel andaluz, mientras que la media nacional prácticamente se mantiene (8,9%). Por su parte, el porcentaje de menores de 18 años andaluces cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal es del 18,1%, mejorando en apenas 0,6 puntos respecto al año anterior.

“Mayor y más eficiente inversión en infancia”

Las cifras denunciadas por el Defensor y por Unicef siguen mostrando que la población infantil es la más afectada por la pobreza y la exclusión social, avanzando los efectos de la pandemia en las familias, teniendo en cuenta que los datos corresponden a 2020. Ahora, con ese aumento hasta el 43,7%, se acerca a los peores datos registrados (el 46,9% de 2016 y el 48% de 2015, coincidiendo con la anterior crisis económica). Las cifras advierten del impacto en 2020 de la pandemia en esta nueva crisis, donde los datos de pobreza y exclusión para la infancia y la adolescencia siempre superan los datos para la población total, alertan las instituciones.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia y UNICEF reclaman “una mayor y más eficiente inversión en infancia, no solo por los preocupantes datos de pobreza infantil que se registran hace años, sino porque tener hijos se está convirtiendo en un factor de riesgo y de desprotección para las familias”. “Invertir en la infancia incide directamente en sus capacidades y oportunidades futuras y protege a las familias en la crianza frente a la precariedad laboral y la falta de ingresos”, explican. Según la ley, “las administraciones públicas andaluzas consignarán en sus presupuestos los créditos necesarios y suficientes para la financiación de estas actuaciones” relativas acabar con la pobreza infantil.

Ante ello, proponen “alcanzar un consenso político y social sobre mínimos de inversión destinada a infancia y realizar los análisis presupuestarios evaluando la orientación del gasto, su distribución sectorial, su impacto y su eficacia en términos de equidad para la infancia”. “Es necesario, además, implementar un modelo de protección social destinado a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, con especial atención a los grupos vulnerables, a las familias más jóvenes con hijos y las monoparentales, especialmente las encabezadas por mujeres. También fortalecer las medidas destinadas al mantenimiento del empleo y los ingresos de las familias con hijos, a través de herramientas como las rentas autonómicas, como la propuesta de un nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión.

Esas medidas “deben ser de amplia cobertura y complementarias de las prestaciones estatales, reduciendo las condiciones y evitando los obstáculos para su acceso, a fin de que lleguen de forma efectiva a los hogares más vulnerables. Es importante facilitar el acceso a una vivienda digna, en especial en los hogares con niños y niñas, y la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. Así como promover un acceso equitativo a servicios de conciliación familiar y laboral, incluyendo ayudas retributivas para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar”.

Ayudas públicas

Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad informan a este periódico de “proyectos e iniciativas que suponen un apoyo a las familias, principalmente a las más vulnerables que, por tanto, inciden en la infancia andaluza”, entre ellas la Renta Mínima andaluza y a la que añaden las escuelas de verano (con casi 6.750 niños en 114 escuelas y una inversión de 4,6 millones de euros), la tarjeta monedero de la Cruz Roja (de cuantías variables según el número de miembros de la familia, que se recarga mensualmente y es que es compatible con otras ayudas), la ayuda extraordinaria a Cáritas (dirigida a la población en exclusión social), los comedores sociales (3,75 millones en 2022 a entidades privadas), las ayudas económicas familiares o las ayudas a menores en acogimiento familiar.

A esas medidas, indican fuentes de la Consejería, se suman “otras puestas en marcha como son los ERACIS (intervención en zonas desfavorecidas) y las que desarrollan otras consejerías, como la de educación, que suponen una apuesta por la formación para generar nuevas oportunidades de futuro y una llave para tratar de erradicar la pobreza”.