Las corralas de Sanlúcar de Barrameda se rebelan contra la falta de viviendas tras el enésimo desahucio
La situación de la vivienda en la población gaditana de Sanlúcar de Barrameda es extremadamente grave. La pasada semana se ha producido el desalojo de ocho familias que estaban ocupando unas casas en la zona de Monteolivete y esto ha sido la espoleta que ha provocado la reacción de diferentes colectivos, que piden al Ayuntamiento un plan de actuación efectivo.
Según algunas fuentes de las corralas sanluqueñas, pueden ser unas 300 las viviendas ocupadas por familias que no tienen medios para pagar alquileres y en los últimos meses han sido varios los casos de juicios por presuntos delitos de usurpación. Estas agrupaciones de vecinos que toman la decisión de ocupar viviendas cerradas forman las Corralas de la Dignidad y hace unos días se produjo un encierro en la biblioteca municipal de Sanlúcar como medida de presión para encontrar una solución definitiva.
Cabe recordar que Sanlúcar es el municipio español de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza, concretamente el 40 por ciento, según el estudio 'La pobreza en España pueblo a pueblo' realizado por la consultora AIS Group.
Desde el Ayuntamiento, donde gobierna el PSOE en minoría, se dice que desde el verano de 2015 está funcionando la Oficina de Mediación de la Vivienda, cuyo objetivo es intermediar entre las administraciones, los órganos judiciales y las entidades bancarias para evitar deshaucios. No sólo funciona en casos de ocupación, sino también para familias con problemas para el pago, y cuenta con una trabajadora social y un abogado como personal específico.
Una solución habitacional
Fuentes municipales niegan la versión de los partidos de la oposición, que acusan al Ayuntamiento de no disponer de un plan específico para combatir la escasez de viviendas. Se defiende la existencia de partidas específicas para buscar una solución habitacional para el pago de la primera mensualidad y la fianza en el alquiler. Otro de los objetivos de la Oficina de la Vivienda es llegar a acuerdos con entidades bancarias con pisos vacíos para ofrecerlos a ciudadanos que se encuentren inscritos en el Registro Municipal de Vivienda. Los interesados tienen que acreditar su situación en la que se encuentran, los meses que llevan sin ingresos y sin trabajo y la carga familiar.
En el caso de las familias desalojadas en Monteolivete, no estaban inscritas como demandantes de vivienda. En la citada zona se presentó un fuerte dispositivo policial, con agentes antidisturbios de la Policía Nacional, y los afectados tuvieron que dejar las casas llevando con ellos sólo los enseres básicos. Rocío, una de las vecinas, asegura que “no nos habían avisado en ningún momento de que teníamos que irnos. Pasamos mucho miedo y no hay derecho a que nos traten así”. Desde el Ayuntamiento se dice que una trabajadora social lleva semanas intentando alertar a las familias del desalojo dictado por el juzgado de instrucción número 2 de Sanlúcar, pero que no le abrían la puerta cuando se personaba en las viviendas.
La portavoz de IU, Carmen Álvarez, afirma que “en Sanlúcar no hay políticas de vivienda que establezcan un protocolo. No se hacen viviendas desde hace 10 años y hay 14 corralas más las que se desconocen. En el Ayuntamiento lo que hacen son planes de empleo y clientelismo político. Las empresas municipales ofrecen un mes o dos de trabajo a este tipo de familias y hace una red clientelar para que les vuelvan a votar”.
Laura, una vecina del barrio de Bonanza, ha conseguido el aplazamiento de su desahucio, pero deseo el final de la pesadilla y por eso también estuvo presente en el encierro que tuvo lugar en la biblioteca municipal: “Pedimos que den una solución a las familias que no podemos pagar una vivienda. Ahora lo que dan son dos meses de alquiler y nada más, pero la vivienda es un derecho que tenemos y exigimos eso. No sólo estamos para dar los votos y para pagar impuestos. Hay muchos afectados y el alcalde mira para otro lado. Que te veas con tus hijos en la calle es muy duro y no se puede vivir así. Queremos pagar un alquiler social, no vivir de la caridad”.
