La Cámara de Cuentas de Andalucía constata la ineficacia de la renta mínima de inserción social

Falta de “planificación estratégica general o específica que contemple los objetivos, medidas, medios e indicadores de seguimiento”, “el procedimiento de tramitación no resulta ágil y accesible”, “se observa una tendencia descendente en la evolución de los importes presupuestados para la renta mínima de inserción social de Andalucía (RMISA)”, “no se ha realizado la evaluación desde la perspectiva de género, sobre la eficacia, eficiencia, impacto, desarrollo y adecuación a las necesidades de la ciudadanía”. Son algunas de las conclusiones que arroja un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que, por primera vez desde su entrada en vigor en 2018, evalúa esta prestación, puesta en marcha en la recta final del Gobierno del PSOE.

Una de las primeras cosas que constatan los auditores en el informe relativo a 2021 es cómo la Junta de Andalucía ha ido dejando de apostar por la RMISA sobre todo desde que el Gobierno de España creó en 2020 el ingreso mínimo vital (IMV), tal y como revelábamos en elDiario.es Andalucía este mismo año. La población destinataria y el objetivo de esta ayuda confluyen con los de la RMISA. Durante los ejercicios 2020 y 2021 ambas prestaciones han sido compatibles y complementarias, pero no se adoptaron medidas de integración y coordinación entre ambas. En 2022, el Gobierno de Juan Manuel Moreno las hizo incompatibles y prometió por decreto un complemento (en vigor desde el 1 de julio de 2023) para los que quedaran fuera del IMV, de cuyo impacto no ofrece datos por el momento.

Por el contrario, la Cámara de Cuentas apunta en su informe que el IMV “ha originado una mayor complejidad y burocracia para la gestión de la RMISA”. Las principales consecuencias de la aparición del IMV para la RMISA, según el órgano de fiscalización, han sido: el descenso de solicitudes de la prestación de la Junta de Andalucía, “el aumento de la dificultad para la tramitación, el incremento de revisiones, de cantidades abonadas indebidamente, de expedientes de reintegros y de denegaciones”, por superar el umbral de ingresos prestación, así como “la incertidumbre y falta de información”. 

Cobertura mínima

Se trata de un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Si se atiende a la cobertura con respecto a la población en general, los beneficiarios de la RMISA suponen un porcentaje inferior al 1% de la población en todos los años de vigencia, y decreciendo. La principal conclusión del informe es su falta de eficacia y apunta un motivo: “no hay vigente ningún documento de planificación estratégica general o específico que contemple los objetivos, medidas, medios e indicadores de seguimiento en relación con la RMISA”.

Pero, además, tal y como también contábamos en elDiario.es Andalucía, el importe planificado para la RMISA tiende a disminuir cada año. De hecho, empezó el primer año de su entrada en vigor con 198 millones de euros, pasando a 115 en 2021, ejercicio del informe, lo que supone un descenso del 41,92%. En los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2022 y 2023 ha continuado esta bajada, con 78,50 y 73,50 millones de euros, respectivamente. Y además, la ejecución es todavía menor. Basta con ver 2021, ejercicio fiscalizado por la Cámara de Cuentas: en el 48,28% de los casos (prácticamente la mitad) no se alcanzan las cuantías previstas.

Quejas y recursos

Las quejas interpuestas ante el Defensor del Pueblo Andaluz en relación con la RMISA en el periodo 2018-2021, han ascendido a 2.165 por ejercicio. La provincia en la que se interpone una mayor proporción de quejas es Sevilla con el 54,50% (1.180) del total. De las memorias de actividad anuales del Defensor del Pueblo Andaluz se desprende que los motivos más frecuentes de quejas sobre la RMISA son debidas al retraso en la resolución de las solicitudes, la alta burocracia y la complejidad de la normativa reguladora en relación con los requisitos y su justificación.

Respecto a los recursos de alzada, se han interpuesto un total de 2.382, de los que se han resuelto un 64,65% (1.540), estando pendiente un 35,35% (842) de los mismos. El número de recursos ha ido en aumento desde 2018, siendo 2021 el año en el hay un mayor número (888). El 62,92% (961) de los resueltos ha sido desestimado.

En el mismo informe se destaca la escasa capacidad para cumplir con el objetivo previsto de la prestación consistente en erradicar la marginación y la desigualdad y luchar contra la exclusión social. En este mismo sentido se pronuncia el informe encargado por la Junta de Andalucía a la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Andalucía): “En Andalucía, el punto de partida actual es la baja accesibilidad y cobertura para la ciudadanía de la renta mínima y, por tanto, su baja capacidad para cumplir con el objetivo declarado de erradicar la marginación”. Esta entidad valora que Andalucía contaba con 3,27 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2021, un 38,7% de su población, lo que supone un incremento de 1,8 puntos respecto a 2020.