El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez entre 2000 y 2010 ha insistido en que el seno de la Junta hubo conocimiento de que el sistema de transferencias de financiación para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas en crisis no era “el adecuado”, que él lo advirtió convenientemente mediante varios informes y que no hacía falta emitir los llamados 'informes de actuación', aquellos que le requirieron en su defensa los expresidentes Chaves o Griñán para argumentar que tales advertencias no fueron suficientemente expresas.
Ha sido la tercera vez que Gómez ha declarado como imputado por el caso de los ERE (tras la de abril julio de 2013 ante Alaya y la de abril de 2015 en el Supremo). Por espacio de algo más de una hora, y ante una veintena de abogados personados en la causa, su declaración “esperemos que sea esclarecedora”, comentaba su abogado a la salida. Gómez ha optado esta vez por no hablar con los periodistas. Mientras que las defensas parecían salir satisfechas de la sala, fuentes del caso han explicado que el exinterventor general ha mantenido que las transferencias de financiación no eran adecuadas para el abono de las ayudas.
Así, ha recordado que en las consejerías de Empleo y Hacienda, así como en el seno del Consejo de Gobierno, se tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención a través de las memorias anuales de cumplimiento, haciendo referencia expresa a las de años 2001 y 2002, que fueron trasladados a la entonces consejera Magdalena Álvarez, también imputada. Gómez ha aclarado que la Intervención de la Junta no podía fiscalizar ni mostrar disconformidad con las ayudas porque no existían expedientes de gasto de las mismas por parte de Empleo. “Imposible por falta de objeto”, ha comentado un letrado que ha dicho Gómez.
Sin participación en las modificaciones presupuestarias
También ha esquivado responsabilidad en cuanto a su participación en las modificaciones presupuestarias ya que no era tarea de la Intervención analizar el destino de las partidas, tan solo comprobar los requisitos formales, insistiendo en que advirtió de “irregularidades” en el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a las empresas.
En cuanto a la legalidad de las ayudas, Gómez ha indicado que era un sistema “contrario a la ley” a tenor del decreto de regularización de las ayudas de 2014 pero que no podía pronunciarse de esa forma respecto a las ayudas gestionadas en años anteriores, porque entonces tampoco estaba aprobado la ley de subvenciones, de 2013. Por tanto, hizo ante Alaya, ante el Parlamento y en intervenciones posteriores, Gómez respalda de alguna la legalidad de las transferencias de financiación aunque no así su uso.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza que declare de especial complejidad la causa de los ERE y fije un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses, informa Europa Press. La causa tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas. La jueza ha consultado a las partes la petición de los representantes del Ministerio Público.