Ciudadanos cede ante Vox y obligará a colegiarse a los trabajadores de las unidades de violencia de género de Andalucía
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha cedido a la presión de Vox, su socio de investidura, y acaba de anunciar una profunda reforma para mejorar la formación de sus profesionales que evalúan los casos de violencia machista, y a los que el partido ultraderechista ha puesto en el punto de mira. La primera iniciativa parlamentaria de Vox en Andalucía fue pedir los nombres y apellidos de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, órganos adscritos a la Consejería de Justicia encargados de evaluar a las mujeres maltratadas. El grupo ultraconservador, negacionista de la desigualdad de género y la violencia machista, no sólo cuestiona la cualificación profesional de este colectivo, sino que los ha acusado de emitir informes “ideológicos” inspirados en un “feminismo supramacista de género”.
Por ahora, Vox no ha logrado que el Parlamento andaluz le facilite el listado de estos trabajadores, pero sí que el Gobierno de Juan Manuel Moreno entre de lleno en la agenda de prioridades de su tercer socio de legislatura (de su apoyo dependerán todas las leyes de este mandato). El vicepresidente de la Junta y titular de la cartera de Justicia, Juan Marín, ha llevado este jueves al Parlamento dos propuestas que responden a la iniciativa de Vox, una de cal y otra de arena. La primera es que el Gobierno andaluz pretende que la colegiación sea un requisito obligatorio para los médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que realizan informes sobre malos tratos en las Unidades de Violencia de Género, y también para los equipos psicosociales de la Junta, que elaboran los informes de peritaje para los juzgados de familia con menores. Ésta es una reclamación que el partido de Francisco Serrano ha trasladado directamente al Parlamento, y que también defiende desde su despacho de abogados, especialista en litigios de familias.
La colegiación, obligatoria por ley
Lo cierto es que, lo pida Vox y lo anuncie Ciudadanos, la Ley estatal de Colegios Profesionales de 1974 ya dispone que será “requisito indispensable” para los empleados públicos y para aquellos que trabajan para una Administración “hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente”. El Gobierno de Susana Díaz era consciente de ello, porque en 2015 solicitó un informe a su gabinete jurídico para aclarar “si Andalucía tiene competencias para eximir de la colegiación obligatoria a su personal funcionario, estatutario y laboral que realiza su actividad profesional al servicio exclusivo de la Administración, cuando esa actividad va destinada a terceros”.
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, explica cómo la Junta aprobó dos normas que “invadían” la legislación estatal y se excedían de su ámbito competencial. El artículo 30.2 de la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias y de Control, de 2001; y el artículo 4 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, de 2003. Ambos artículos eximían del requisito de la colegiación a los empleados públicos, pero estas leyes andaluzas fueron recurridas por el Gobierno de José María Aznar, y en 2013 el Tribunal Constitucional anuló los dos artículos, velando por la obligación de estos trabajadores de ser numerarios de un Colegio Profesional. En 2016, la Junta vuelve a consultar al Ministerio de Hacienda sobre “qué criterio se viene siguiendo” en cuanto la colegiación de los empleados públicos, y éste insiste en que Andalucía no tiene competencias para eliminar ese “requisito indispensable”.
Tanto el informe como la carta del Ministerio estaban en los archivos de la Consejería de Justicia. “No es que lo hayamos solicitado a raíz de la petición de Vox”, advierten. Pese a ello, el vicepresidente Juan Marín ha anunciado este jueves en el Parlamento que “a partir de ahora” la colegiación será una “cláusula obligatoria” en los pliegos de condiciones para externalizar la elaboración de informes sobre violencia de género para la Junta, porque, aseguran desde su consejería, “se ha detectado que no todos los trabajadores que emiten informes sobre violencia de género cumplen este requisito, es decir, no todos se ajustan a la legislación vigente”.
La plantilla actual en las Unidades de Violencia de Género es de 51 profesiones, todos ellos personal de la Junta: 19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales. Los médicos son funcionarios de carrera -su informe es el más determinante para corroborar el maltrato a una mujer en litigios judiciales- y el resto de trabajadores son personal laboral. Por su parte, los equipos psicosociales que elaboran informes sobre menores para la Consejería de Igualdad, son 16 en Andalucía, dos por cada una de las ocho provincias. La plantilla la componen 31 profesionales: 15 psicólogos y 16 trabajadores sociales. Parte de estos informes los elabora una empresa subcontratada, que alivia la carga de trabajo de las unidades públicas. En total son 82 empleados, sin embargo, Justicia desconoce a día de hoy cuántos incumplen el requisito de la colegiación, porque “el personal fluctúa mucho, ya que algunos son laborales y que salen y entran con bastante frecuencia, bien porque se necesitan refuerzos, por traslados, etc”. Para aclararlo, Marín ha pedido un informe que es, en esencia, la misma información que está reclamando Vox.
Ampliar plantilla contra el machismo
La portavoz del PSOE en la comisión de Justicia y ex consejera de Educación en el anterior Gobierno, Sonia Gaya, ha reprochado a Marín que las Unidades de Violencia de Género existen en otras comunidades autónomas, donde ser numerario del Colegio profesional de Psicólogos o en el de Trabajadores Sociales “no es un requisito obligatorio”, aunque la legislación estatal dice que sí lo es. Sin embargo, este debate excede de lo estrictamente legal, es una cuestión política marcada en el orden de prioridades de Vox, y al que el Gobierno de PP-Cs ha prestado toda su atención. “Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, dice el presidente del grupo Vox, para explicar por qué pidió los “nombres y apellidos” de estos trabajadores al Parlamento, con objeto de “depurar los informes ideológicos”, movidos por “un feminismo supremacista de género”.
El cuestionamiento rotundo que Serrano ha hecho de los empleados que examinan los casos de maltrato a mujeres ha terminado empujando a la Junta a abrir una investigación interna, y luego a plantear una reforma integral del sistema. Además de incluir una cláusula exclusiva sobre la obligatoriedad de la colegiación en los contratos de la Junta con empresas del sector, Marín también ha anunciado que se va a “avanzar en la especialización y exclusividad” de los profesionales que prestan servicio en las Unidades de Violencia de Género, que a partir de ahora recibirán un curso de formación en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública. Igualmente, se va a revisar la instrucción de 19 de marzo de 2015 de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal por la que se rige el funcionamiento de las Unidades, “para lo que se ha solicitado un diagnóstico a cada una de ellas que permita abordar posibles modificaciones”.
El otro anuncio que ha hecho Marín es que su consejería proyecta ampliar la red de Unidades de Violencia de Género, para que haya dos equipos multidisciplinares en cada provincia (actualmente hay nueve en Andalucía, uno por provincia y dos en Cádiz). El aumento de la plantilla llegará hasta 81 profesionales: siete médicos, siete psicólogos, seis trabajaodores sociales y siete administrativos. La Consejería de Justicia cuenta con un presupuesto extra de 700.000 euros, que extraerá de los 3,9 millones de euros que corresponden a Andalucía del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Después de que la Mesa del Parlamento negara a Vox los nombres y apellidos de los trabajadores que evalúan los casos de maltrato a mujeres -acogiéndose a la Ley de Protección de Datos-, el presidente del grupo, Francisco Serrano, volvió a registrar tres iniciativas para ampiar su solicitud a empresas y ONGs que colaboran con la Junta en materia de protección a mujeres agredidas y sus hijos, víctimas de maltrato y abuso. Parte de la información requerida por Vox se ha conocido este jueves en la comisión parlamentaria de Justicia: los equipos psicosociales de la Junta, que elaboran los informes periciales en materia de familia. El peritaje judicial está también en manos de una empresa adjudicataria -Tax Valoración, del Grupo Tinsa- sobre la que Vox ha reclamado el perfil profesional de sus empleados y su número de colegiación en sus respectivos colegios profesionales. Serrano cuestiona que estos equipos estén externalizados y Marín le ha respondido que, con medios propios, en 2018 se habrían quedado más de 600 expedientes sin valorar.
