La principal aseguradora de los ERE acredita que las comisiones superiores al 5% son más comunes de lo que dijo el Ministerio
Generali España de Seguros y Reaseguros ha puesto en entredicho las supuestas “primas infladas” pagadas por la Junta de Andalucía en las pólizas de prejubilación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) suscritas entre 2000 y 2011. En la denominada 'pieza de las sobrecomisiones', dentro del marco del caso de los ERE, la aseguradora ha hecho llegar al juzgado de María Núñez Bolaños, como le había pedido, un completo listado con pólizas de renta de prejubilación con cientos de casos donde se han pagado comisiones del mediador superiores al 5% del coste total de la prima.
La Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y cuyo informe de ampliación sobre las sobrecomisiones aún debe ser entregado al juzgado, detectó en los ERE financiados por la Junta el pago de un exceso de 66,1 millones de euros en comisiones. Los inspectores que analizaron las pólizas pagadas por la Administración andaluza entre 2000 y 2011 concluyeron que se pagaron “comisiones significativamente superiores a la media de mercado”, que estaba situada en el 2% en el periodo analizado. “Se deduce un patrón de conducta por el que las comisiones se establecían casi con carácter sistemático en el entorno del 10%”, dijeron los expertos del Ministerio.
Pues bien, según el informe al que ha podido acceder eldiario.es Andalucía, no parece tan infrecuente ese porcentaje del 10%, según los listados de las pólizas de rentas de prejubilación suscritas por Generali, tanto financiadas por alguna administración pública (en la mayoría de los casos, la Junta de Castilla y León -PP-, el Ministerio de Trabajo o la DGT) o por empresas sin presencia de participación pública. Así, Generali acredita que se dieron muchas comisiones por encima de ese tipo del 5%, incluso de más del 11% en casos con participación pública o de hasta el 18% o incluso el 40% en casos de empresas privadas.
La magistrada ya tiene en su poder el informe, que había pedido a Generali atendiendo a la solicitud realizada por la defensa de un sindicalista de UGT a raíz de la declaración testifical prestada el pasado 27 de junio por el consejero delegado de Generali. Esta aseguradora tramitó importantes ERE sufragados por la Junta de Andalucía como los de Santana Motor (68 millones), Delphi (240 millones) o Boliden (60 millones).
Santiago Villa, consejero delegado de Generali, aseguró como testigo ante la jueza que en aquellos mismos días había firmado una operación con la Junta de Andalucía donde el importe de comisiones era más alto que el investigado en la causa e indicó que la forma de cuantificar la comisión media por parte de la Dirección General de Seguros era “engañosa”, que las comisiones abonadas por ejemplo a Uniter estuvieron “dentro de mercado”, detallando que no se podía tener esa media del 2% como referente para catalogar si existe o no sobrecomisiones, ya que cada producto requiere un servicio diferente y, de ahí, las diferentes comisiones, según expuso.
Un exceso de 66,1 millones
La información primera de la Dirección General de Seguros, aportada a la causa en abril de 2014, provocó la apertura de esta pieza separada con una treintena de personas investigadas y donde se trata de descubrir el exceso de pagos por labores de mediación en la contratación de seguros colectivos. Se recogía entre las irregularidades que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, que se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, que hubo tomadores impropios o que no hubo una identificación adecuada del mediador. Según aquel informe, el grupo Uniter cobró 29.804.937 euros en sobrecomisiones, Vitalia 36.228.300 euros, Expert Ejecutivos 71.417 euros y Atlantis 50.918 euros. Por cierto, una gran parte de ese dinero ya no lo podrá recuperar previsiblemente la Administración tras una reciente sentencia de TSJA.
En esta pieza separada del caso ERE el juzgado investiga concretamente cómo se determinó la prima de cada póliza y el porcentaje de comisión, y cómo y entre quiénes se fijó el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas. Los gastos en forma de comisiones los recibían las aseguradoras a través de entidades mediadoras, encargadas de realizar todas las gestiones previas con los asegurados y comprobar que la póliza le llegaba a las partes.
De la percepción de esas supuestas sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' en los ERE (personas que no habían trabajado en la empresa) y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de ayudas, según la acusación, deben responder el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, así como varios sindicalistas, 'intrusos', testaferros y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas, Vitalia y Uniter.
