Cuánto cuesta intentar parar un desahucio: 10.000 euros en multas “mordaza” en Málaga, Sevilla y Granada

17 de junio de 2021 en Mairena del Aljarafe (Sevilla). David se sienta en el suelo en la puerta del bloque donde vive Mónica, una vecina con tres menores a cargo que esa mañana está avisada del lanzamiento de su vivienda. Él y otros vecinos, y miembros de la 'Plataforma 15M Antidesahucios de Mairena del Aljarafe', se agolpan a la entrada para intentar evitarlo a la desesperada. No quieren que su vecina se quede en la calle, una vez fracasados los intentos previos para que tenga techo a través de un alquiler que pueda asumir. La Guardia Civil, pese a la oposición social, logró entrar en la casa de Mónica y consumar el lanzamiento a media mañana, tomando nota de los datos personales de varias personas que quisieron frenar el desahucio. Desde entonces han llegado ocho multas, de 601 euros cada una, la cuantía mínima prevista en la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”. No han sido los únicos sancionados en este año pasado: en Andalucía se han impuesto 17 sanciones por este motivo en 2021, según datos aportados por la Delegación del Gobierno de Andalucía.

“Durante la realización de un lanzamiento ordenado judicialmente, la persona no atiende a las órdenes de los agentes de abandonar el lugar, obstaculizando la labor de los mismos, así como increpando a los propios agentes y a la comitiva judicial”, relata la propuesta de multa que le ha llegado ahora a David tras el expediente sancionador iniciado a partir de la denuncia de la Guardia. Del total de sanciones impuestas en Andalucía, ocho corresponden a Málaga, siete a Sevilla y dos a Granada. En Sevilla se incoaron durante 2021 tres expedientes más que están en tramitación y que bien pudieran ser relativos al desahucio de Mónica. Siete de las 17 sanciones han terminado, por pronto pago, con la correspondiente reducción del 50%.

“Hasta ahora hemos abonado las que han ido llegando. Si cada uno aportamos al menos un euro, lo conseguiremos”, dice un mensaje que está queriendo hacer circular las plataformas de Mairena y San Juan de Aznalfarache. Habían acudido a las puertas del bloque de Mónica “para apoyarla en un momento tan duro para ella y su familia”. “Nuestra actividad, pacífica en todo momento, se basó en darle ánimos y hacer una sentada en protesta por la injusticia que allí habían ido a cometer. Acudió al lugar una legión de guardia civiles preparados con material antidisturbios y fuimos retenidos durante horas, e incluso algunos compañeros (embarazada incluida) recibieron empujones por parte de los agentes”, explican desde la plataforma. “Identificaron a más de 20 compañeros y están llegando ahora las denuncias. Nos imponen multas de 600 euros, 300,50 euros si la pagamos antes del plazo. Calculamos que en total tendremos que hacer frente al pago de 12.000 euros, y todo esto en virtud de la mal llamada Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sanciona con multas desproporcionadas la resistencia pasiva al obstaculizar la labor de los agentes”, argumentan en el mensaje difundido.

“Desproporción” en las sanciones

La multa que le ha llegado a David alude al artículo 36.4, es decir, a ejecutar una “obstrucción a la justicia”, según marca la ley aprobada hace ya siete años en España por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Algunas entidades sociales, a nivel nacional, están criticando en estos días la reforma de aquella ley de 2015 que ha planteado el Gobierno de coalición y sus socios, principalmente por dos cuestiones: la propuesta mantiene las infracciones por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y las multas por faltas al respeto a los agentes y la presunción de veracidad de estos.

Desde la plataforma 15M de Mairena del Aljarafe y el 15M de San Juan manifiestan que “no van a diluir nuestro movimiento a base de multas, no vamos a cesar en nuestra lucha por el derecho a la vivienda, y vamos a seguir obstaculizando pacíficamente el trabajo de cualquier funcionario que tenga como objetivo dejar en la calle a una familia con niños para defender los intereses de la oligarquía financiera”. También denuncian “la desproporción que suponen las sanciones que establece la Ley Mordaza” y exigen “su derogación inmediata al considerar que el derecho de manifestación es un derecho protegido constitucionalmente y se está viendo vulnerado”.

Lamenta la plataforma el “asedio económico al que se está sometiendo” al conjunto de sus activistas “por su participación en un acto pacífico cuyo objetivo era manifestar públicamente nuestra oposición al desahucio de nuestra vecina Mónica y sus tres hijos menores de edad”.

“Represión policial”

Según Óscar Mitillo, coordinador área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), “la aplicación sistemática y sin contemplaciones de la Ley Mordaza, con su secuela de represión policial, multas y acusaciones judiciales, persigue el único objetivo de imponernos el miedo y la autocensura criminalizando y desmovilizando la legítima protesta ciudadana. Urge su inmediata derogación así como los artículos más lesivos del Código Penal que apuntan al mismo fin”.

“Solo la resistencia pacífica de los vecinos y grupos que defienden el derecho a la vivienda han logrado mitigar la exclusión social a que son arrojadas miles de familias por carecer de ingresos suficientes y estables para acceder a un alojamiento digno”, explica a este medio. La crisis se sigue cebando con las familias más vulnerables a las que siguen sin llegar la cacareada recuperación económica. Buena parte de las múltiples ayudas sociales para los sectores más vulnerables se reducen a meros anuncios propagandísticos“, señala.

Para Mitillo, “la ejecución de los desahucios habitacionales siguen a la orden del día y el 'decreto antidesahucios' no ha logrado frenarlos, ni siquiera en los casi dos años que llevamos de pandemia. Con ello queda en evidencia una vez más que prevalecen los intereses económicos de bancos, financieras y grandes tenedores de propiedades que el derecho humano y constitucional a una vivienda digna. Da igual que exista una enorme bolsa especulativa de millones de casas vacías. Y siga siendo despreciable el parque público de viviendas en alquiler”.