“La Administración debe humanizarse”: el Defensor del Pueblo Andaluz pide “un verdadero sistema de protección” para colectivos vulnerables

El refuerzo de los servicios públicos, la consolidación de una economía de cuidados (mayores, infancia, salud mental), la eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, y, en definitiva, la constitución de un verdadero sistema de protección y acogida para colectivos de especial vulnerabilidad. Son los puntos en los que más ha incidido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, durante la presentación del Informe Anual 2020, centrado como no podía ser de otra forma en las consecuencias sociales de la pandemia “Se trata de bienestar, no de tener más”, ha apuntado Maeztu. “Soledad”, “impotencia”, “desatención”, “desesperación” han sido sinónimos de la atención a las personas puestos “en evidencia” durante la crisis provocada por la Covid-19, según ha denunciado el Defensor. “La administración debe humanizarse”, ha rogado, haciendo hincapié en las dificultades de las personas que acuden a la institución con problemas de toda índole y que necesitan de una ayuda pública.

Para Maeztu, entre los colectivos que necesitan de ese “verdadero” sistema de protección son las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio, las personas con dependencia o con discapacidad, los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados, o las personas que padecen una enfermedad mental. En resumen, aquellas personas que necesitan una ayuda especifica de la Administración y que “se ven perjudicadas por los retrasos en la tramitación o por la falta de financiación” pero que son colectivos vulnerables que “necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado que les marque un itinerario hacia la inclusión”. “El necesitado no puede seguir siendo necesitado siempre”, ha resumido en ese aspecto.

Apenas cuatro meses después de presentar también en el Parlamento el informe extraordinario Covid de la institución que dirige, el Defensor se ha mostrado comprensivo respecto a posibles “colapsos” puntuales en determinados ámbitos a causa de la pandemia pero, a su entender, “tiene que haber gente pensante con capacidad de diseño de los modelos a seguir” respecto a los mencionados colectivos con necesidad de una ayuda pública. “Todo esto lo hacemos para que haya igualdad real. Está siendo muy cruel el camino. Va a modificar nuestras vidas, pero la pandemia nos están enseñando muchas cosas y tenemos que recoger el guante para combatir la probreza y la desigualdad”. Maeztu también ha aludido a la brecha digital como “una nueva forma de exclusión social”, y ha insistido en trasladar a las administraciones las deficiencias de atención para mejorar la situación de las personas que piden ayuda, como las que piden la prestación del Ingreso Mínimo Vital y la subsidiareidad de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía.

Casi 30.000 actuaciones

Maeztu ha querido destacar también las investigaciones que, además de las quejas y consultas, ha incoado la institución como quejas de oficio y en las que se han ocupado, entre otras cuestiones, de la protección de las personas mayores en los centros residenciales; la atención sanitaria en la atención primaria y en la atención especializada; las medidas adoptadas para garantizar la protección de la salud del personal sanitario; la restitución de suministros básicos de energía y agua, con especial atención a los trabajadores migrantes en los asentamientos de Huelva y Almería; los niños y niñas escolarizados y sus familias, especialmente los necesitados de manutención como son los beneficiarios de los programas de garantía alimentaria; los menores con alteraciones conductuales; los recursos y ayudas disponibles para garantizar el derecho a la vivienda, o la gestión de la Renta Mínima para procurar condiciones de vida dignas a colectivos vulnerables.

La pandemia, según ha expuesto Maeztu, ha dejado clara la necesidad de un sistema sanitario y de unos servicios sociales de calidad. “La gente se siente segura cuando está en lo público, porque lo paga, porque le pertenece”, ha apuntado Maeztu, porque son “los pilares del estado de bienestar social”. Durante 2020 la Defensoría ha gestionado 12.573 quejas (8.665 escritos nuevos; 87 quejas de oficio y el resto quejas procedentes de años anteriores) y 16.828 consultas, superando los registros históricos existentes. Casi 30.000 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía para más de 35.000 personas que requirieron la intervención del comisionado parlamentario durante el pasado.

En cuanto a la respuesta de las distintas administraciones, según recoge el informe, la principal valoración es el normal desarrollo, en la mayoría de los casos, de los cauces de colaboración de las administraciones públicas con el Defensor del Pueblo Andaluz en el desempeño de sus funciones, que alcanza el 74%. De los 5.088 peticiones de informe se han obtenido respuesta en el mayor número de los casos en la primera petición o al primer reitero, aunque hubo que recurrir a un segundo reitero en 1.328 casos (26,1%), y en 61 (sólo el 1,2%) ocasiones ha sido necesario dirigir escritos de advertencia ante la persistencia en no enviar la información. En total, en 1.389 casos el retraso de las administraciones públicas en el cumplimiento de sus deberes de informar, retrasa o impide poder actuar ante el problema que nos hace llegar un ciudadano o ciudadana. Aunque esta cifra supone que en un 26% de los casos podemos entender una inadecuada colaboración de las administraciones en los plazos de respuesta, desde el Defensor no se renuncia a solicitar un mayor esfuerzo por acercarse a lo legalmente exigible.