Tribunales, responsabilidades y menoscabos en la gestión de la formación para el empleo en Andalucía

Responsabilidades políticas, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, una comisión de investigación, varias causas judiciales abiertas y ahora un informe del Tribunal de Cuentas ¿Cuál es la forma de saber realmente quién no lo hizo bien o qué se hizo mal a la hora de gestionar los cursos de formación para el empleo en Andalucía y cómo ha de pagarlo? Diversos son los frentes y sólo dos las posiciones inamovibles: para el PP, el PSOE usó la Junta para engordar sus “redes clientelares”, y para los socialistas, los populares tienen ya que ir disculpándose por haber criminalizado antes de tiempo un asunto que puede quedar en poca cosa según las últimas resoluciones.

Pero los interventores de la Junta, tanto en el juzgado como en el Parlamento, han señalado que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas. Similar opinión parecen tener los auditores del Tribunal de Cuentas en el acta de liquidación conocida este viernes, aunque fuentes del órgano insisten en su provisionalidad. A la 'causa política' que instruye la jueza Núñez Bolaños, cuyo archivo se anuncia tan periódicamente que va camino de no ser noticia cuando sea realidad, le han puesto ya hasta fecha: septiembre. En esa línea, la Fiscalía Anticorrupción no ha observado delito en las exoneraciones para conceder nuevas subvenciones sino que lo atribuye a una “lógica interna” de la Junta.

El origen del asunto se remonta al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía donde el órgano fiscalizador puso en duda la distribución de 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a la formación en 2009 y 2010. ¿Hubo descontrol del dinero, discrecionalidad en la entrega de subvenciones y, a juicio de las imputaciones, un fraude con decenas de personas de acuerdo para su comisión, o simplemente se produjeron “irregularidades administrativas”? Según el prisma, para muchos ya es 'cosa juzgada' y sólo les quedará respetar pero no compartir, o viceversa, la decisión judicial o fiscalizadora.

Es decir, el órgano fiscalizador andaluz alertó de una cuestión que ahora ponen en duda los juzgados, los hombres anticorrupción y otro órgano fiscalizador superior. La provisionalidad a la que alude el Tribunal de Cuentas debería estar a la misma altura que la de estar imputado (o investigado), pero en este país salir en la televisión camino del furgón, comparecer en comisión parlamentaria o, ya no digamos, acudir a declarar a sede judicial, es cuasi sinónimo de culpabilidad (eso sí, presunta).

Tras cinco años sin convocatoria, recientemente se publicaron las órdenes que regularán el regreso de las subvenciones de formación profesional para el empleo. De momento, como casi siempre, los que parecen pagarlo mientras unos se pelean con otros son las personas que no han podido en este tiempo ni optar a mejorar sus capacitaciones laborales a través de la formación profesional para el empleo. Los tribunales de justicia o de cuentas depurarán las responsabilidades, y los fondos públicos al menos no deberían ni estar cerca de menoscabarse.