Impacto de los cambios de la PAC en el campo español

El mundo está protagonizando una transformación radical que, lejos de detenerse, se intensificará en los próximos años. Esta transformación se puede observar claramente en el sector agrícola español, que en apenas unas décadas ha dado un gran salto hacia adelante pasando de ser un sector tradicional a uno mucho más avanzado y competitivo. Ahora bien, las tendencias nacionales e internacionales a las que tendrá que hacer frente el sector agrícola español en los próximos años y décadas suponen un reto importante, cuya gestión determinará su futuro y éxito en el medio y largo plazo. En este sentido, la agricultura tendrá que adaptarse para ser capaz de satisfacer una demanda creciente y con hábitos, necesidades y preferencias cambiantes. Y para ello deberá competir en un mercado cada vez más globalizado y complejo a nivel normativo, lo que exigirá aumentar la productividad y la competitividad, en un entorno donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y la escasez de recursos van a ser primordiales.

En este contexto, el sector debe actuar estratégicamente para adaptarse a los cambios que vienen. Para ello, resulta fundamental que los principales agentes sean capaces de entender de qué forma se verán afectados y qué retos y oportunidades se les presentan para afrontarlos de forma exitosa. En caso contrario, si se mantiene la senda actual y no se toman las medidas adecuadas, el futuro del sector puede verse seriamente comprometido y, como resultado, la consecución de los objetivos socioeconómicos y medioambientales del país, incluido el acceso a determinados alimentos de sus ciudadanos.

A nadie pasa desapercibido los cambios aprobados por la Unión Europea, tras las masivas tractoradas de sus agricultores y que han venido a significar una victoria política, porque responden a reivindicaciones que hace meses parecían imposibles, pero de momento afectan más a la carga burocrática que a la decisión de siembra.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de abril, el paquete de simplificación de la PAC: elementos aplicables para la solicitud única 2024 y siguientes. Las normas referentes a flexibilizaciones propuestas por la Comisión Europea, en el cumplimiento de las prácticas recogidas en la Condicionalidad de las ayudas PAC. Dichas propuestas serán adoptadas por el Consejo y se publicarán en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor.

De todas ellas, y como información más importante de cara a la cumplimentación de la Solicitud Única 2024 en estos días, cabe destacar especialmente las referentes a BCAM7 (rotación/diversificación de cultivos) y BCAM8 (obligación de retirada de tierras).

España es el tercer receptor de la PAC, con 650.000 beneficiarios, y 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas.

La relajación de los requisitos se ve desde otros ámbitos ambientalistas e incluso agronómicos como un error, ante el cambio climático, y expertos en este terreno concluyen que las administraciones no han sabido explicar bien su importancia

La influencia de sus modificaciones en la siembra se verá en explotaciones puntuales como aquellas de maíz, dedicadas al monocultivo, o en frutales en pendiente, pero según las organizaciones agrarias, el mapa global agrario español no va a variar.

Por otro lado, la relajación de los requisitos se ve desde otros ámbitos ambientalistas e incluso agronómicos como un error, ante el cambio climático, y expertos en este terreno concluyen que las administraciones no han sabido explicar bien su importancia.

Los cambios afectan a algunas ayudas de las prácticas ambientales que se deben cumplir para recibir ayudas de la PAC y eximen a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones ligadas a esas condiciones.

Suavizan así la PAC que entró en vigor en 2023, considerada la más ambiciosa en materia medioambiental, pero aunque incluyó novedades notables, la condición ambiental de las ayudas era anterior.

Por ejemplo, la nueva PAC incluye los ecorregímenes o ecoesquemas, que abarcan una quinta parte del presupuesto para el campo español, y que priman prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

Pero distintas son las obligaciones de buenas condiciones agrícolas y ambientales (BCAM) –exigidas para que no se reduzcan las ayudas–, ejemplo de una terminología farragosa sobre la que las administraciones han sido poco didácticas.

Dentro de las nueve BCAM o “condicionalidades”, se introducen exenciones en la cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles; en la rotación de cultivos los países podrán usar más alternativas, con especial trato a las áreas afectadas por la sequía o inundaciones.

Además, los agricultores solo estarán obligados a mantener elementos no productivos como setos o árboles.

La gran interrogante es que los cambios llegan tarde para este año. La flexibilidad tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero pero ahora hace falta que se plasme en las normativas nacionales y la Comisión Europea ya está publicando reglamentos parciales, como el que recientemente afectaba a las condiciones sobre pastos.

El Fondo Español de Garantía (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, prevé que el Diario de la UE publique la normativa a mediados de mayo; después vendrá la aprobación de los reales decretos correspondientes.

Sí que de cara al próximo año podría influir en las planificaciones para 2025.

Es imprescindible acompañar esta transición agroambiental con medidas que incentiven la participación y aceptación de los agricultores, como formación y asesoramiento

Ahora toca esperar a que las decisiones de la UE se materialicen en normativa española. Los cambios reducen el pistón de las obligaciones, ayudarán a algunos agricultores pero hubieran sido más útiles hace meses.

Desde luego es imprescindible acompañar esta transición agroambiental con medidas que incentiven la participación y aceptación de los agricultores, como formación y asesoramiento, así como cubrir los impactos socioeconómicos a corto plazo del cambio de modelo cuando sea necesario. Pero la política pública debe buscar la generación de bienes públicos, lo que incluye la seguridad alimentaria a largo plazo, protegiendo los recursos naturales de los que depende, dejando espacio para la biodiversidad en las fincas agrarias. Y eso requiere asegurar un mínimo de sostenibilidad ambiental en todas las explotaciones que participan de la PAC.

No olvidemos que hay 10 millones de beneficiarios en toda la Unión Europea y que este programa cuesta a cada ciudadano de la Unión unos 0,31 euros diarios, que debe entenderse como una inversión. En España, 650.000 agricultores y ganaderos tendrán acceso a más de 38.600 millones de euros en ayudas de apoyo a los ingresos, 12.110 millones en desarrollo rural y 3.170 millones en medidas de mercado. El 36% de los pequeños agricultores reciben menos de 1.250 euros anuales. Las explotaciones más pequeñas son las más vulnerables.