Yo también defiendo la vivienda

Casi tres millones y medio de viviendas se encuentran en España sin ningún tipo de uso, al tiempo que se producen 162 lanzamientos diarios, según datos recientes del Consejo del Poder Judicial. Por primera vez, esos datos han confirmado que la mayoría de los desahucios corresponden a viviendas en régimen de alquiler, una tendencia novedosa en un país como el nuestro. Tengamos en cuenta que tan sólo en el período 2008-2012, el más crudo de la crisis, 244.278 familias fueron desalojadas de sus viviendas por impago de créditos hipotecarios, una cifra sobrecogedora que se explica por el modelo hipotecario español, originado durante el franquismo y apenas modificado. Por resumir, convierte la vivienda en un bien sujeto a las leyes del mercado y no en un derecho social: una particularidad patria, excepcional en el contexto europeo (que analizan al detalle R. Rodrígez Alonso y M. Espinoza Pino en De la especulación al derecho a la vivienda).

Esos apabullantes números explican también por qué si en 2006 se concedieron 1.342.171 hipotecas, en la actualidad ronden las 250.000. No obstante, la consideración de la vivienda como bien de mercado continúa intacta. Simplemente el nicho de negocio ha pasado de las hipotecas a los alquileres. De hecho, en España solo el 3,3% de los alquileres son sociales o de renta inferior al mercado. Frente a este giro, del mismo modo que surgió la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ya son varias las ciudades que cuentan con su Sindicato de Inquilinos, entre ellas Málaga, desde donde escribo, uno de los municipios más afectados: las plazas en apartamentos vacacionales ya superan a las de los hoteles, las SOCIMI comienzan a campar a sus anchas y la expulsión de vecinos del centro es trágica, desde el momento en que el efecto dominó ha multiplicado los precios de los escasísimos alquileres en toda la ciudad. Mientras tanto, la izquierda oficialista sólo plantea construir nuevos pisos, en lugar de recuperar los abandonados y los de la Sareb. No está de más recordar que la Sareb se creo para que entidades financieras quebradas se deshicieran de sus activos inmobiliarios mediante la venta masiva a fondos buitre y que las pérdidas las asumiera el Estado.

Jaime Palomera y el Sindicato de Inquilinas

Por todo ello, no puede resultar más encomiable la labor del pionero Sindicato de Inquilinas de Barcelona, que promueve las negociaciones colectivas en los contratos de alquiler. Y por todo ello no es casual la campaña de linchamiento jurídico y mediático que está recibiendo, entre otros, su portavoz, Jaime Palomera, actualmente imputado por coacciones, junto a dos inquilinos. La sentencia quedará en nada, pues las supuestas coacciones se limitan a la carta habitual que envía el Sindicato a los propietarios cuando pretenden subir el alquiler a sus inquilinos: en este caso, la propietaria (cinco viviendas a su nombre, según el Registro de la Propiedad) pretendía un subida de un 30% a la vivienda que alquilaba a un matrimonio con tres niños a su cargo, de manera que pasaran de pagar 1.00 euros a 1.300. Sí, por un alquiler. Su caso, como no podía ser de otro modo, se hizo viral, sobre todo después de un vídeo de Irene Montero.

Criminalización de la protesta

Este burdo intento de criminalización de una protesta justa, que entronca directamente con derechos constitucionales y humanos, llega tras una intensa campaña liderada por el portal Idealista. Lo más sorprendente no es que Idealista y la prensa troll convirtieran en acosadores a las víctimas, sino la desprotección y el desamparo institucional frente a este tipo de abusos. En otras palabras, la suerte de nuestro modelo habitual de ciudad, de nuestro modo de ejercer el derecho a la vivienda, de nuestro modo de convivencia, de vecindad, queda a merced de unos pocos con poder suficiente.

Lo que representa Jaime Palomera es justo lo que más temen esos acaparadores: la vía colectiva, la organización, la potencia de la cooperación. Precisamente en Barcelona, a principios del siglo XX nacía la Sociedad de Inquilinos La Unión, en un momento donde la mayor parte de la población vivía de alquiler. Fue así como se extendieron por todo el país la huelgas de inquilinos, con el impago masivo de alquileres como arma; entre ellas, aquí en Andalucía, la de Sevilla de 1919. Los sindicatos de inquilinos son sus legítimos herederos. Jaime Palomera es sólo la cara más visible, pero lo es por su entereza, su ejemplo, su honestidad, su coraje y su tesón. Se han equivocado quienes han creído que podían amedrentarlo. Llevan cien años equivocados, y algún día perderán.

Casi tres millones y medio de viviendas se encuentran en España sin ningún tipo de uso, al tiempo que se producen 162 lanzamientos diarios, según datos recientes del Consejo del Poder Judicial. Por primera vez, esos datos han confirmado que la mayoría de los desahucios corresponden a viviendas en régimen de alquiler, una tendencia novedosa en un país como el nuestro. Tengamos en cuenta que tan sólo en el período 2008-2012, el más crudo de la crisis, 244.278 familias fueron desalojadas de sus viviendas por impago de créditos hipotecarios, una cifra sobrecogedora que se explica por el modelo hipotecario español, originado durante el franquismo y apenas modificado. Por resumir, convierte la vivienda en un bien sujeto a las leyes del mercado y no en un derecho social: una particularidad patria, excepcional en el contexto europeo (que analizan al detalle R. Rodrígez Alonso y M. Espinoza Pino en De la especulación al derecho a la vivienda).

Esos apabullantes números explican también por qué si en 2006 se concedieron 1.342.171 hipotecas, en la actualidad ronden las 250.000. No obstante, la consideración de la vivienda como bien de mercado continúa intacta. Simplemente el nicho de negocio ha pasado de las hipotecas a los alquileres. De hecho, en España solo el 3,3% de los alquileres son sociales o de renta inferior al mercado. Frente a este giro, del mismo modo que surgió la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ya son varias las ciudades que cuentan con su Sindicato de Inquilinos, entre ellas Málaga, desde donde escribo, uno de los municipios más afectados: las plazas en apartamentos vacacionales ya superan a las de los hoteles, las SOCIMI comienzan a campar a sus anchas y la expulsión de vecinos del centro es trágica, desde el momento en que el efecto dominó ha multiplicado los precios de los escasísimos alquileres en toda la ciudad. Mientras tanto, la izquierda oficialista sólo plantea construir nuevos pisos, en lugar de recuperar los abandonados y los de la Sareb. No está de más recordar que la Sareb se creo para que entidades financieras quebradas se deshicieran de sus activos inmobiliarios mediante la venta masiva a fondos buitre y que las pérdidas las asumiera el Estado.