Presupuestos 2019: lo mejor frente a lo bueno

La semana pasada comenzó el debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con la votación de una cuestión preliminar de gran importancia, el techo del gasto, es decir, la cantidad máxima que podrá gastar el Estado (administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y el tope de déficit al que se podrá llegar el año próximo.

Desde que España forma parte del euro, nuestra capacidad de maniobra al respecto es muy limitada. No podemos establecer los límites que mejor consideremos porque hemos suscrito pactos (de rango constitucional) y acuerdos de todo tipo que nos obligan a no superarlos que responden a las políticas de austeridad que viene imponiendo Europa. Y si nos salimos de ellos, somos muy frágiles y vulnerables ante las manos ya bastante visibles que mueven los mercados. Para colmo, algunas leyes nacionales como la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 nos atan aún más las manos yendo incluso más lejos de lo impuesto por Europa.

Pasados ya los peores años de crisis, hay bastantes evidencias empíricas que demuestran que las políticas de la Unión Europea no sólo han tenido un efecto dramático sobre el bienestar social y el empleo sino que ni siquiera han servido para el objetivo principal con el que se justificaban: disminuir la deuda pública. En 2016, había en la Eurozona 6 millones más de personas en riesgo de pobreza que en 2008, y a finales de 2017, un millón más de personas desempleadas, 14 millones menos de empleos y 3,6 billones de euros más de deuda pública que hace 10 años.

La mal llamada “austeridad” (porque en realidad se han tenido las manos rotas a la hora de gastar en favor de los grandes bancos y corporaciones) ha sido una trampa que ha retrasado la recuperación económica, que ha impedido modificar los aparatos productivos y el modelo de crecimiento (basado en la deuda) para evitar que vuelvan a producirse crisis peores que las que hemos vivido, y que ha perjudicado a los grupos sociales de menor renta y poder de decisión.

Por eso me parece imprescindible salir de esa trampa y realizar otro tipo de políticas económicas. Otras políticas que, sobre todo, deben ir desprendiéndose de la soga más terrible que el poder financiero ha impuesto a la sociedad: la deuda.

Mientras que estemos generando actividad aumentando la deuda (como de nuevo nos está sucediendo en gran medida), estaremos cavando el hoyo en donde volverá a sucumbirá nuestra economía y el bienestar que se pueda haber recobrado.

Son los gobiernos de inspiración neoliberal predominantes en los últimos 30 ó 40 años los que han creado, en beneficio del sector financiero, las condiciones que han permitido el estallido terrorífico de la deuda en todo el mundo e incluso aquí en España: en los ocho años de Gobierno de Zapatero la deuda pública aumentó en 354.000 millones y en los seis de Rajoy (que incluyen los de la fase de recuperación) en 401.000 millones. Y quien quiera poner en marcha políticas progresistas debe tratar de reducir la deuda y de establecer condiciones que permitan crear riqueza sin aumentarla de nuevo, como han podido comprobar los ayuntamientos y otras administraciones “del cambio”.

Los déficits públicos son un instrumento imprescindible en algunos momentos (como ahora todavía en España, cuando hay que impulsar inversiones que el sector privado no acomete) pero hacer descansar la actividad económica en la generación de deuda es un suicidio y, además, una esclavitud. Porque primero obligan a endeudarse y luego a dar prioridad al pago de los intereses que es el gran negocio de la banca. Una muestra de esa barbaridad es lo ocurrido en la eurozona: del incremento total de deuda pública registrado entre 1995 y 2017 (5,8 billones de euros) el 106% corresponde a intereses (6,2 billones de euros de intereses).

Desgraciadamente, la correlación de fuerzas tan desfavorable para los partidos contrarios al “austericidio” está impidiendo modificar las normas y restricciones que impone Europa. A pesar de que la experiencia nos ha mostrado que hay alternativas y hay caminos diferentes. Unos llevan a peor y otros permiten sortear sus peores efectos y acumular fuerzas que permitan cambiar cuanto antes la sinrazón económica y el atentado a la democracia que hay detrás de estas políticas europeas. Los casos diferentes de Grecia y Portugal creo que lo demuestran claramente.

Cuando se tiene todo en contra no basta con mirarse al ombligo y comprobar que los grandes principios se encuentran impolutos y en buen estado, sino que hay que prestar mucha atención a las consecuencias de nuestras decisiones. Y me temo que los dirigentes de una fuerza que ha llegado a ser tan importante y decisiva en España como Podemos no terminan de enterarse de esto último.

El Partido Popular ha venido manipulando el cuadro macroeconómico para manejar el gasto con interés electoralista y despreocupándose en realidad de lo que ocurría con la deuda. Su previsión para 2018 fue claramente irreal e incluso incompatible con los Presupuestos que pactó con Ciudadanos. Dijeron que buscaban reducir la deuda, pero la demagogia y los favores fiscales y el gasto electoralista provocaron un déficit mayor del estimado. Como consecuencia de ello, el nuevo Gobierno se hubiera visto obligado a realizar recortes por valor de unos 11.000 millones de euros; pero ha logrado negociar con Bruselas un nuevo escenario que le permite reducir el ajuste y liberar unos 6.000 millones que podrían destinarse a inversiones muy necesarias o al alivio financiero de comunidades autónomas y ayuntamientos, aumentar el techo del gasto incluso por encima de lo que va crecer el PIB nominal, y disminuir la carga estructural de la deuda (su porcentaje sobre el PIB). Es decir, mejorar la vida de muchos españoles.

No me ha extrañado que los partidos independentistas no apoyaran la propuesta del Gobierno, pues suelen estar sólo dispuestos a negociar ventajas particulares. A estas alturas tampoco choca que el patriotismo del que hacen gala PP y Ciudadanos se traduzca en imponer más recortes al bienestar, con tal de no reconocer su fiasco presupuestario o de debilitar como sea a sus adversarios. Pero sí sorprende que Podemos no haya aprendido todavía la lección: el grave error que supone dar pie a que las cosas vayan a peor. 6.000 millones menos es mucho dinero (aunque debe ser muy poco para Rafael Mayoral, a quien los 125.064 millones de euros del techo de gasto le parece que no tienen “ni chicha ni limoná”). Es mucho dinero que sin gastar cuando hace falta se convierte en más frustración y malestar para los más desfavorecidos.

Claro que muchos querríamos que fueran muchos más millones, pero las condiciones y la correlación de fuerzas son las que son. Y es por ello, que lo imprescindible es acumular más apoyos para cambiarla y mejorar mientras tanto y en la mayor medida de lo posible las condiciones de vida de la gente común, procurando que aprenda y se empodere y movilice en esa lucha. Lamentablemente, para Podemos lo ideal, lo mejor, resulta de nuevo enemigo de lo bueno para quien más lo necesita.