PSOE e IU devuelven la patata caliente de la vivienda al PP

La esperada comparecencia de la consejera de Fomento en el Parlamento para informar sobre el polémico realojo de la Corrala Utopía ha servido para dejar patente el deseo de los socios en el Gobierno andaluz de pasar página -al menos públicamente- de su crisis interna y reubicar el debate en el lugar del que seguramente nunca debió salir: la lucha contra los desahucios y la necesidad de dar una solución -ajustada siempre a la ley- a las miles de familias andaluzas que carecen de un techo bajo el que vivir.

Tanto Elena Cortés como el portavoz del PSOE dejaron de un lado los duros reproches que ambas formaciones se han intercambiado durante las últimas semanas para unir sus fuerzas en contra del PP, tachado de insensible y acusado de bloquear cualquier solución al drama de los desahucios. Sus argumentos han estado tan próximos que la consejera llegó a felicitar con mirada cómplice al socialista por su “discurso perfecto”. Quién lo hubiera dicho.

El Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa una propuesta dirigida a los ayuntamientos y diputaciones: el compromiso de poner en uso, en el plazo de un año, todo el stock de viviendas protegidas vacías que hay actualmente en Andalucía. Son más de 5.600, situadas fundamentalmente en municipios de más de 50.000 habitantes (y gobernados en su mayoría por alcaldes del PP). Sólo en Sevilla el Ayuntamiento dispone de medio millar, sin que Zoido haya sido capaz aún de explicar coherentemente cómo es posible que estén desocupadas cuando hay 12.000 familias en lista de espera. La Consejería -que en los últimos meses ha adjudicado prácticamente todos los pisos protegidos que estaban en manos de la Junta- también ha anunciado medidas para agilizar el cambio de régimen de las VPO en venta -sin apenas demanda en estos momentos- para que los municipios puedan sacarlas cuanto antes en alquiler.

La medida tiene un doble efecto: por un lado, se ofrece una respuesta concreta, ágil y -como suele decirse- de cajón a la urgente necesidad de vivienda que tienen muchas personas necesitadas. Por otro, se reorienta el foco y la presión de la opinión pública sobre los populares, para quienes la pelea entre los socios ha sido un regalo político inesperado, que les ha librado de dar muchas explicaciones. Entre otras, sobre la más que discutible actuación de la Delegación del Gobierno -que ordenó el desalojo cuando casi estaba cerrado un acuerdo con Ibercaja, dueña del edificio- y sobre la gestión del propio ejecutivo municipal en materia de vivienda.

Acerca del controvertido realojo de la Corrala Utopía, el diputado socialista no se detuvo en el asunto y Cortés apenas hizo referencia a la retirada de competencias ordenada por Susana Díaz, que marcó el punto de inflexión en la crisis de Gobierno. La consejera se centró en exigir a Zoido que culmine cuanto antes los informes sociales sobre las personas que ocupaban el edificio, tanto las ocho familias ya realojadas como las nueve a quienes Fomento ha seguido alimentando sus expectativas de acceder a una vivienda.

Sin embargo, es altamente improbable que los técnicos municipales den su aval a estos 17 casos: entre los antiguos ocupantes de la Corrala hay situaciones muy dispares y no todas -ni mucho menos- parecen ajustarse a los criterios de exclusión que justificarían un realojo de emergencia. No sería sorprendente incluso que el Ayuntamiento opte por una postura rígida y ponga pegas a más de una de las familias a las que se entregaron llaves, como insinuó el popular Carlos Rojas. Esto pondría a la Consejería de Fomento en una posición extremadamente incómoda -¿acatar la resolución y sacarlas de sus casas? ¿desobedecerla?- y podría provocar que volvieran a saltar chispas en el Gobierno.