Reforma local, diputaciones y James Bond

Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales. La celebración está marcada por el anteproyecto de reforma local que prepara el Gobierno central. Un borrador con muchas aristas. Son afiladas. Cortantes. Van a dar un tajo muy serio a los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes (689 de 771 municipios andaluces). No sólo porque tendrán que desprenderse de las competencias impropias, sino que también están en juego las propias. En cuanto no superen una barrera infranqueable de coste y calidad en la prestación de una cartera de servicios públicos mínima, que será fijada por Moncloa y aprobada si nada lo impide por la mayoría absoluta de la bancada del PP en el Congreso, sus competencias acabarán en manos de la diputación. Precisamente, la única administración que no es elegida directamente por el ciudadano.

Porque los diputados provinciales, aunque sean alcaldes y concejales salidos de las urnas, no son resultado de la democracia directa. En realidad, nadie los vota como diputados. Los eligen sus partidos. A dedo. Puede parecer un problema menor. Pero no lo es. En el caso de que los servicios acaben en manos de la corporación provincial, el ayuntamiento quedará reducido a la mínima expresión, a una mera oficina de tramitación de quejas y solicitudes de los vecinos. Quien resolverá sus demandas no será ese alcalde o concejal al que el paisano eligió. Ese al que se puede encontrar en cualquier calle del pueblo y transmitirle sus quejas. Será alguien al que no votó, al que ni siquiera conoce, que se encuentra a kilómetros de distancia y que no sabe ni la realidad del pueblo ni sus necesidades, ni tampoco las de sus propios vecinos. Ni tampoco podrá controlar su gestión, porque se limita la participación ciudadana en la política. Eso puede generar frustración. Y más aún, cuando las diputaciones se han ido convirtiendo en una suerte de cementerio de elefantes de los partidos.

Pero de eso no se dice absolutamente nada en esta futura norma de la que el Gobierno del PP, que ya lleva tres borradores a sus espaldas con cambios que le dan la vuelta como un calcetín. No dice nada, porque para cambiar la elección de los diputados provinciales habría que meter la goma de borrar en la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) y reescribirla. Y si tal como se prevé esta reforma local sale adelante, los viejos elefantes no elegidos se van a ver desbordados. Porque en un panorama de recortes, tijeretazos a las transferencias que les llegan de administraciones superiores, van a tener que hacer más y con pocos recursos. Y van a tener que cambiar el chip: de la asistencia técnica, es decir, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos pequeños que era su actual función, a la prestación de servicios.

El juego es peligroso: por desbordamiento de funciones, las diputaciones abrirán la puerta a la privatización, resquebrajándose así el principio de rentabilidad social por el peso de la rentabilidad económica. Así lo recoge en el último borrador de esta “reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local” del Ministerio de Hacienda: se trata de generar economías de escala.

Además de estos factores negativos, hay uno más. Una gran contradicción. La máxima que rige esta Reforma local es “una administración, una competencia”, y con las diputaciones se rompe por completo. Porque van a tener que asumir no una, sino muchas competencias; tantas como las que aquellos municipios pequeños no puedan prestar por sí mismos.

La norma, si nada lo impide, podría ver la luz antes del verano. La contestación dentro del PP está ahí. Una comunidad entera, Castilla y León, ya está en contra, con su presidente popular al frente, Juan Vicente Herrera. Y también lo están Andalucía, Cataluña y País Vasco (si se aprueba, se da por hecho que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional por invadir sus estatutos). Pero lo cierto es que en el borrador se da fechas concretas para cumplirla y son tan estrictas que parece que no hay marcha atrás.

En la disposición adicional quinta está la clave: se advierte que los ayuntamientos en situación deficitaria que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para aprobar un plan de corrección de desequilibrio, si un año después esa corrección no es efectiva, el 1 de agosto de 2015 el ayuntamiento quedará “automáticamente disuelto”. Un mensaje efectista que no deja de recordar a los mensajes en las películas de James Bond: “Este ayuntamiento, si no cumple, se autodestruirá en año y medio”.

Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales. La celebración está marcada por el anteproyecto de reforma local que prepara el Gobierno central. Un borrador con muchas aristas. Son afiladas. Cortantes. Van a dar un tajo muy serio a los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes (689 de 771 municipios andaluces). No sólo porque tendrán que desprenderse de las competencias impropias, sino que también están en juego las propias. En cuanto no superen una barrera infranqueable de coste y calidad en la prestación de una cartera de servicios públicos mínima, que será fijada por Moncloa y aprobada si nada lo impide por la mayoría absoluta de la bancada del PP en el Congreso, sus competencias acabarán en manos de la diputación. Precisamente, la única administración que no es elegida directamente por el ciudadano.

Porque los diputados provinciales, aunque sean alcaldes y concejales salidos de las urnas, no son resultado de la democracia directa. En realidad, nadie los vota como diputados. Los eligen sus partidos. A dedo. Puede parecer un problema menor. Pero no lo es. En el caso de que los servicios acaben en manos de la corporación provincial, el ayuntamiento quedará reducido a la mínima expresión, a una mera oficina de tramitación de quejas y solicitudes de los vecinos. Quien resolverá sus demandas no será ese alcalde o concejal al que el paisano eligió. Ese al que se puede encontrar en cualquier calle del pueblo y transmitirle sus quejas. Será alguien al que no votó, al que ni siquiera conoce, que se encuentra a kilómetros de distancia y que no sabe ni la realidad del pueblo ni sus necesidades, ni tampoco las de sus propios vecinos. Ni tampoco podrá controlar su gestión, porque se limita la participación ciudadana en la política. Eso puede generar frustración. Y más aún, cuando las diputaciones se han ido convirtiendo en una suerte de cementerio de elefantes de los partidos.