El rey, familiares, cortesanos y allegados

Dos ideas ruedan hasta ver si dejan surcos mentales por los ambientes políticos y sus inmediaciones mediáticas: una, que lo que está en cuestión es la actitud, conductas, del rey honorífico y no la monarquía; otra, que todo lo que fuere, delictivo o no, forma parte de su actividad privada.

Pero resulta que la monarquía no es solo quien lleva la corona en cada momento. No me extenderé esta vez en citas y autores porque es innecesario teniendo a mano la Constitución. Quien dice eso, pongamos que el presidente del Gobierno, debería no descartar, así de sopetón, la lectura somera del texto constitucional.

Entender la monarquía independientemente de sus reyes y considerar a estos como poseedores divinos de dos personas distintas, en función de sus actuaciones y conveniencias, es situarse en el ámbito de la lógica del pensamiento dinástico medieval y no en el de las monarquías constitucionales parlamentarias. La Constitución española contempla la Casa Real y la Familia Real dentro de la propia regulación de la institución monárquica. Juan Carlos es rey honorífico porque él quiso, presionando lo inconfesable a las instituciones democráticas para tal consideración en una ley de abdicación impropia, por no decir chapuza, como la definió un alto dignatario del Estado.

El rey honorífico forma parte de la Familia Real –son seis–, que no es lo mismo que la familia del rey: que ya no cobre de los PGE directamente –no se incluyen otros gastos– no lo excluye de tal circunstancia. La Familia Real es la overa de la monarquía, en ella reside y es protegido como fundamental el principio de sucesión seminal, contiene el Principado de Asturias y, en primera e inmediata opción, rige la propia Regencia en caso de ser necesaria.

Los miembros de la Familia Real no son inviolables, excepto el Rey, pero sí son aforados y se benefician de los honores y privilegios, también económicos, de los PGE y el Estado. Es fácil deducir, a falta de una ley de la Corona, que son incompatibles, como todo funcionario, para las actividades privadas. Económicas y mercantiles me refiero, claro que tienen derecho a una vida privada, no se habla de entrar en sus alcobas, sino de sus actividades económicas que, en todo caso, están sujetas a la legislación fiscal como todo ciudadano. Bien es cierto que, sobrevenida la concepción cortesana de la Hacienda Pública, muchos hayamos llegado a la conclusión de que no solo no somos todos iguales ante la ley sino que ni siquiera lo somos ante la Agencia Tributaria.

Las últimas andanzas del rey honorífico últimamente conocidas también afectan a sus familiares, hijas, yerno, nietos e involucran a allegados. Entre los primeros se puede rastrear incluso la línea sucesoria más cercana, con lo que, señor presidente, también se vería afectada la institución monárquica. Defender la lógica dinástica tiene estas disfunciones, hay que aceptarlas y hacer frente, apechugar, más aún cuando se descartan otras alternativas en la estructura del Estado y se involucra uno en una veloz e inestable defensa de los valores monárquicos pretendiendo que la dicha institución es solo una persona.

Es, por lo demás, una experiencia histórica que la sucesión de casos desde la llegada de esta familia francesa a España, allá por 1700, permite aprender. El borboneo se ha predicado de la vida política española desde aquellos tiempos, lo que no podíamos prever es que, más de trescientos años después, con una monarquía constitucional y parlamentaria –aún siendo rogada en la opinión de muchos– no hubieran en nuestra práctica, no digo leyes democráticas suficientes para defender los principios constitucionales, sino para contrarrestar el borboneo de familiares, familia, cortesanos y allegados.

La Constitución española no estigmatiza –ni fusila– a quienes no son monárquicos, los protege, como la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sabiamente estatuido. Además, no hay principio de intangilibilidad en nuestro ordenamiento máximo, por consiguiente, se puede criticar al rey y poner en duda la fiabilidad de la monarquía y sus miembros, pensar que son una misma cosa y preferir otro modelo de Estado. Considerar que familia, familiares, cortesanos y allegados están por encima de los principios democráticos de la Constitución no es en absoluto constitucional aunque muy cortesano y propio de allegados.

Dos ideas ruedan hasta ver si dejan surcos mentales por los ambientes políticos y sus inmediaciones mediáticas: una, que lo que está en cuestión es la actitud, conductas, del rey honorífico y no la monarquía; otra, que todo lo que fuere, delictivo o no, forma parte de su actividad privada.

Pero resulta que la monarquía no es solo quien lleva la corona en cada momento. No me extenderé esta vez en citas y autores porque es innecesario teniendo a mano la Constitución. Quien dice eso, pongamos que el presidente del Gobierno, debería no descartar, así de sopetón, la lectura somera del texto constitucional.