Nuria Cordero: “Todas las personas tenemos responsabilidad en el tema de la trata de seres humanos”

Prefiere hablar de ‘personas en situación de trata’ que de ‘trata de personas’ y destaca que no se está haciendo nada para erradicar una situación que afecta, según el Informe UNODC 2018, a más de dos millones y medio de personas en el mundo. “El hecho de que no exista acuerdo sobre el número de víctimas que existen y que tan solo se puedan realizar estimaciones pone de manifiesto la propia complejidad del fenómeno”, explica Nuria Cordero Ramos, profesora titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide y especialista en trata de seres humanos desde hace más de una década.

“Se trata de una realidad en expansión. Las lógicas hegemónicas favorecen que siga aumentando el número de personas afectadas”, denuncia esta profesora de la UPO que ha trabajado como investigadora principal y responsable de varios proyectos internacionales junto a científicos y científicas de otras instituciones: la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Antioquía (Colombia), la Universidad Mohammeb I (Marruecos) o la Universidad Abdelmalek Essaâdi (Marruecos). En el ámbito editorial, es autora de numerosas publicaciones sobre esta temática, con la que también ha participado en diversos congresos y jornadas. Pertenece al Grupo PAI de Investigación Acción Participativa (GISAP) y desde el año 2012 es investigadora en el Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades.

¿Cómo definiría la trata de personas?

Pienso que la trata es una situación que asola a numerosas personas, mayoritariamente a mujeres y niñas, aunque puede verse afectada cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad y que intenta mejorar sus condiciones de vida. La trata de personas aparece vinculada a la migración. A veces se confunde con el tráfico de personas y aunque son situaciones diferentes, en ocasiones, algunas personas, sobre todo mujeres, empiezan su trayecto migratorio desde sus países de origen vinculadas a redes de tráfico de personas y acaban siendo captadas por las redes de trata, durante los trayectos, en su intento de llegar a Europa.

Por otro lado, no conviene olvidar que también existe trata interna. Es decir, dentro de los mismos países, las mujeres y niñas son trasladadas de las zonas de interior a las grandes ciudades o a zonas turísticas para ser explotadas o también hay casos de hombres indígenas que son explotados en trabajos agrícolas dentro de los mismos países donde viven.

¿Dónde residen las causas de esta realidad?  

Las razones son complejas y multicausales aunque en pocas palabras se podría decir que es una realidad que se encuentra en expansión, tal como muestran las cifras de los últimos informes internacionales. En los países del Norte existe demanda de mano de obra para la realización de trabajo agrícola, doméstico, trabajo sexual, tráfico de órganos… Al mismo tiempo, en los países del Sur existen personas vulnerables, mujeres y niñas que soportan graves situaciones de pobreza, violaciones de derechos humanos, conflictos armados…. Todo ello unido a las políticas restrictivas de migración favorecen la existencia de mafias que se dedican a organizar un entramado de captación, transporte, alojamientos y ocultación de personas.

¿Qué se está haciendo para erradicarla?  

No pienso que se esté haciendo nada para erradicarla, más bien el contrario: las lógicas hegemónicas favorecen que siga aumentando el número de personas afectadas por la trata. Se plantean propuestas que resultan ser parches. Hasta que no se atajen algunas de las causas estructurales como son el colonialismo, el neoliberalismo y el patriarcado la trata no se va a erradicar. Las iniciativas que parten de los países occidentales están más centradas en la persecución del delito que en atajar las causas.

¿Qué importancia considera que tiene este asunto en la agenda política internacional y en la española en particular? 

La trata de seres humanos aparentemente ocupa un lugar privilegiado para la política internacional desde comienzos del siglo XXI. Sin embargo, el interés central resulta ser la persecución del delito de trata, más que apoyar y garantizar los derechos humanos de quienes se ven afectados por ella. Al mismo tiempo, las políticas restrictivas contra la migración están favoreciendo el aumento de las mafias y la clandestinidad de la explotación de personas. Los discursos políticos sobre la trata de seres humanos son utilizados para criminalizar la migración.

En el caso concreto de España no existe ni siquiera una ley contra la trata de seres humanos. Se pusieron en marcha dos planes integrales donde tan solo se reconocía la trata con fines de explotación sexual. En España parece que no hay interés por reconocer la existencia de trata con fines de explotación laboral, tráfico de órganos, mendicidad…. Pero el hecho de que no se visibilice en las agendas políticas no quiere decir que no exista, tan solo indica que no interesa. 

Una cuestión que ha señalado en sus trabajos es la resistencia de los países a admitir que existe trata interna. ¿Qué podría destacar sobre este tema?

A casi todos los países que hemos analizado les cuesta reconocer que existe trata en su territorio, les parece que es algo que está vinculado con la migración. Sin embargo, en el caso de Costa Rica se ha avanzado en el reconocimiento de que existen situaciones de trata en niñas y mujeres que han sido trasladadas y explotadas desde las zonas del interior a zonas del Atlántico o del Pacífico para ser explotadas. Algo parecido ha sucedido en Marruecos, donde se ha reconocido la explotación de niñas menores en servicio doméstico. Es un tema que en el caso de España me parece interesante para investigar, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008.

¿Cómo se protege a las personas que están en situación de trata?

En el caso de España la legislación contra la trata es dispersa.  Por una parte, está el Código Penal que con la modificación realizada en 2010 tipifica el delito de trata y, por otra, está la Ley de Extranjería LOEX (2011), donde se reconoce la necesidad de protección a las víctimas de trata, admitiendo un estatus diferenciado de víctima de trata de seres humanos de migrante irregular. Concretamente en esta ley se establece para las víctimas de trata de seres humanos un periodo de reflexión y la posibilidad de acceder a una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Este periodo de restablecimiento, tras la última reforma (2015) ha sido ampliado de 30 a 90 días al menos. Sin embargo, la protección de la víctima que establece esta ley está condicionada a su colaboración en la persecución del delito en 90 días. Las escasas denuncias que se presentan contrastan con las cifras sobre el número de personas afectadas por la trata que ofrecen las entidades que vienen trabajando en la atención y apoyo a las víctimas. Bajo mi punto de vista, esto indica, entre otras cosas, que las víctimas no tienen confianza en el sistema de protección que se les ofrece.

En los estudios sobre trata de personas se insiste en la importancia de no revictimizar a las personas que han sufrido esta situación. ¿Cómo se consigue?

La mayoría de los modelos de intervención que se proponen desde las instituciones para dar respuesta a las mujeres víctimas de trata están basados bien en enfoques clínicos o jurídicos, donde domina un enfoque victimista y punitivo, en el que la finalidad principal consiste en ‘castigar’ a victimarios y ‘ayudar’ a víctimas, aplicando protocolos que insisten en que  vuelvan a contar lo que han vivido, con todo detalle, con el fin de buscar pruebas que faciliten a la justicia su trabajo. Todo esto está impidiendo que las víctimas dejen atrás su pasado y se olviden de las situaciones que vivieron. Pienso que buena parte de la intervención debería de dedicarse a acompañarlas en el ‘momento presente’, proporcionándoles los apoyos necesarios para que puedan continuar sus proyectos de vida.

Sobre el trabajo orientado a las causas estructurales que mantienen la trata de personas, ¿conoce alguna iniciativa que haya arrojado buenos resultados?

En los proyectos que hemos llevado a cabo hemos conocido el esfuerzo que vienen haciendo organizaciones y personas a través de la incidencia política, denunciando las vulneraciones de derechos y la violencia institucional que están sufriendo las personas migrantes y, concretamente, las mujeres migrantes en países como España, Marruecos o Costa Rica. También hemos conocido entidades que están trabajando en Camerún o Nigeria defendiendo los derechos y apoyando las necesidades de las niñas y niños. Creo que hay que invertir más esfuerzos en trabajar la prevención para evitar las situaciones de trata en cada contexto. Al mismo tiempo hay que erradicar las violaciones de derechos que se producen en los pasos fronterizos con total impunidad de los países afectados. Es necesaria la coordinación institucional entre los países de origen, tránsito y destino para que las personas que deciden viajar a Europa desde sus países tengan garantías de protección durante todo el trayecto. 

Usted ha liderado el proyecto ‘Trata de personas, género y migraciones en Costa Rica, Marruecos, Andalucía: por una defensa multi-garantista y multi-espacial de derechos humanos’. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones que ha extraído del mismo?

Este proyecto parte de los aprendizajes realizados en dos proyectos anteriores: ‘Trata de personas, salud integral y cuidados: Mujeres transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia Andalucía’ y ‘Buenas prácticas en acción social con mujeres próximas a redes de trata en tránsito de Marruecos hacia Andalucía’, los tres financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo.

Más que conclusiones podría hablar de los aprendizajes. La trata tiene peculiaridades diferentes en cada contexto que se deben tener en cuenta. Las políticas públicas y los marcos reguladores insisten en la persecución del delito y apenas dedican esfuerzos a garantizar los derechos humanos de las personas afectadas. Aquí hay que decir que hay diferencias entre los tres países estudiados: Costa Rica, Marruecos y Andalucía. Sin duda, Costa Rica es el más avanzado de los tres en cuanto al desarrollo normativo para garantizar derechos para las víctimas y posibles víctimas. Las investigaciones en el tema de trata deben incluir las voces de las protagonistas, sin cosificarlas como objeto de estudio. Es decir, se deben utilizar metodologías participativas que favorezcan la implicación y el reconocimiento de sus capacidades. En síntesis, se podría decir que el principal aprendizaje ha sido la importancia de incorporar las perspectivas de derechos humanos, género y diversidades, desde un enfoque crítico con la finalidad de contribuir a impulsar sinergias entre las universidades, las instituciones públicas y la sociedad civil.

¿Cómo se han visto afectadas las víctimas de trata con la expansión de la COVID-19?

Carezco de información directa sobre esta cuestión. Sin embargo, por lo que sabemos, las mujeres afectadas por las situaciones de trata se encuentran expuestas a una mayor vulnerabilidad ante el virus puesto que los traslados, así como su paso por las zonas fronterizas y el alojamiento en los lugares de tránsito no cumplen las condiciones sanitarias mínimas de habitabilidad así que, mucho me temo que no se cumplirán las normas de distanciamiento y las recomendaciones de salud sugeridas por la OMS para disminuir el riesgo de contagio.

Las condiciones de habitabilidad y la salud de las mujeres que están en situación de trata debería ser un tema prioritario para las agencias de salud, con la misma intensidad que lo es la preocupación por la propagación del virus en los países de nuestro entorno europeo. Se trata igualmente de salvar vidas.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría subrayar sobre las personas en situación de trata? 

Que todas las personas tenemos responsabilidad en el tema de la trata de seres humanos. Cada cual desde el lugar donde se encuentre y en los espacios cotidianos de sociabilidad puede tomar decisiones que contribuyan a minimizar las causas estructurales que la sostienen. Desde la Universidad debemos contribuir a visibilizar las graves violaciones de derechos humanos que sufren las personas que se encuentran en esta situación de trata y al mismo tiempo reconocer en nuestras investigaciones el protagonismo de las personas afectadas, así como sus capacidades y estrategias de resistencia como elementos clave para continuar avanzando en el conocimiento de estas situaciones.