Irrita sobremanera la autocomplacencia con la que numerosos partidos se han presentado a las elecciones del 28 de mayo, publicitando el éxito de una gestión pública que nada tiene que ver con la realidad. Las tibias medidas adoptadas por los gobiernos de España y Andalucía poco sirven para revertir de verdad la grave situación producida por la carestía de la vida y la falta de ingresos suficientes.
Las promesas, además de incumplirse mayoritariamente una vez finalizados los procesos electorales, están alejadas de la realidad y no ofrecen soluciones concretas y en tiempo a las necesidades que afectan a una gran mayoría de la población. Un importante número de nuestros barrios obreros y sectores en situación de exclusión social quedan sumergidos cada vez más en el abandono y la desidia institucional al tiempo que numerosos vecinos y vecinas se desentienden pasivamente del proceso electoral.
Asimismo, se continúa con un modelo de ciudad focalizado en la expansión desmesurada y descontrolada del turismo, expulsando a la periferia a una gran mayoría de la ciudadanía, olvidando sus necesidades y derechos más básicos y profundizando con ello la pobreza y exclusión.
Los principales indicadores socioeconómicos, así como los numerosos informes y declaraciones de prestigiosos organismos y personalidades, llevan años advirtiéndonos sobre esta cuestión.
Por citar sólo datos de hace unos días: el Urban Audit 2023, publicado por el INE este pasado 22 de mayo, al igual que en años anteriores, situaba en Andalucía a 11 de los de los 15 barrios más pobres de toda España (frente a los 14 de mayor renta situados en Madrid o Barcelona), a 12 de los 15 con mayor tasa de paro y a 10 de las 15 ciudades con menor esperanza de vida.
El reciente Informe de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el Estado Español reconoce graves carencias en el acceso a derechos y libertades
Vista su relevancia, por proceder de otra institución para nada sospechosa de radicalidad, recordamos el informe de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre el Estado Español, que ha pasado casi inadvertido entre los medios de difusión generalistas. Entre sus conclusiones destacamos:
· Derechos sociales: “España ha hecho esfuerzos significativos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años. Sin embargo, el acceso a los derechos sociales varía sustancialmente a lo largo del país en función de la distribución de competencias entre el gobierno central y las autoridades regionales (…)”
· Derecho a la vivienda: “la Comisaria observa que cuestiones enquistadas en el tiempo, como el bajo stock de viviendas sociales consecuencia de una insuficiente inversión pública, los altos costes del alquiler o de la compra de una vivienda y los crecientes niveles de personas sin hogar, son problemas estructurales que deben ser abordados urgentemente”. Además, añade el informe que “observa que los desahucios son una realidad común en España.”
· Derecho a la salud: “la Comisaria observa que es mucho más lo que se debe hacer para fortalecer el acceso universal a la sanidad pública en España. Las diferencias regionales son particularmente notables en la provisión de la atención primaria y de la atención especializada en razón a factores como la predominancia de las clínicas privadas en algunas regiones.”
Por otra parte, el informe reconoce que España “está dando importantes pasos para abordar y mejorar la salud y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y de las jóvenes” sin embargo, urge a las autoridades “a abordar las persistentes desigualdades en el acceso entre regiones y en el desarrollo de las normativas”.
· Libertad de expresión y reunión: “La Comisaria apunta con preocupación que la implementación de varias provisiones de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y del Código Penal continúan teniendo un serio y negativo impacto en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en particular para los defensores de los Derechos Humanos y para los periodistas, creando un efecto de miedo en la sociedad”.
Se requieren acciones de calado, como las contenidas en nuestra Guía sobre Municipios Andaluces y Derechos Humanos, que terminen con prebendas y beneficios que castigan a una cada vez mayor mayoría social
En este sentido, en informe aconseja que “la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 debe ser totalmente derogada en el Parlamento en línea con los estándares europeos e internacionales de respeto a los Derechos Humanos”.
Finalmente, de este informe destacamos que la Comisaria “sigue preocupada por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el inapropiado uso de equipamiento antidisturbios y la falta de números de identificación visibles, especialmente durante las manifestaciones”
Este informe no hace más que respaldar las continuas denuncias que desde hace años presentamos desde la APDHA pese al desinterés, ignorancia e incluso represión que a veces sufrimos por parte de la Administración. Tal como señalábamos en nuestra reciente Guía sobre municipios andaluces y Derechos Humanos, la APDHA vuelve a exigir “políticas valientes” que reviertan la dramática situación que se vive en numerosos municipios y barrios andaluces y demanda “que se garantice el respeto a los Derechos Humanos en nuestra tierra”. Por tanto, el reto sigue siendo mirar hacia los Derechos Humanos.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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