La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Hace apenas un mes que nuestra asociación denunciaba en el dosier sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía, el retroceso que en materia de igualdad y violencia de género estaban suponiendo las políticas del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Cs con el apoyo de Vox. Un peaje a Vox en su intento de volver atrás en nuestros derechos, tras tantos años de lucha de todas las andaluzas.
Un retroceso que observamos en los acuerdos firmados por los tres partidos para poder formar Gobierno, negando la sobreexplotación y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos, así como la violencia de género, poniendo el acento en las ayudas a las mujeres embarazadas como forma de evitar abortos a través de la recién constituida Consejería de Salud y Familias. Así, promocionan su modelo único de familia, además del “control” de subvenciones a grupos feministas, por la libertad y la diversidad sexual.
Un retroceso que constatábamos en el presupuesto de 2020 aprobado por PP-CS-VOX con un recorte global (1,4 millones de euros) en Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres o Protección contra la Violencia de Género. Han desaparecido partidas como la del Observatorio Andaluz de Violencia de Género, ayudas a la atención a menores víctimas de violencia, alquiler de viviendas, inserción sociolaboral y redes de apoyo a víctimas de violencia de género. Asimismo, se han recortado las subvenciones para el asociacionismo de mujeres, los sindicatos para la defensa legal en materia de igualdad, etc.
Desde el Gobierno andaluz, sin aportar un solo argumento ni dato aclaratorio, contestaron a nuestra denuncia diciendo que no estaba bien sustentada, cuando todo lo que decíamos estaba basado en sus propios documentos públicos, tanto en las medidas constitutivas del nuevo Gobierno como en el propio presupuesto de 2020. Sin embargo, apenas un mes después, dos nuevas noticias corroboran la realidad que denunciamos, aumentando nuestra preocupación al respecto.
Ya en julio, en plena negociación del presupuesto 2020, unas declaraciones que hizo la Consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, contrarias al concepto de brecha salarial, provocaron la dimisión de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Sánchez Vico. Ahora, el 8 de enero, se ha hecho público que de los 317 proyectos presentados al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), 241 han sido rechazados y solo 76 han sido aprobados. Esto supone la pérdida de proyectos para la erradicación de la violencia machista en Almería y Huelva, la inexistencia de programas de promoción de igualdad en Córdoba y que asociaciones como Fakali, Cáritas y Famdisa se queden sin subvenciones.
La Consejera de Igualdad y la nueva directora del IAM, Laura Fernández, deberán demostrar a los colectivos afectados, – más de 150 que ya se han reunido para dar una respuesta conjunta –, que la supuesta “lucha contra el clientismo” (que nosotras también criticamos) no encubre una discriminación en su batalla contra la llamada “ideología de género”. Vamos, por tanto, de mal a peor en igualdad, puesto que los casos de violencia de género siguen creciendo.
El 9 de enero, aparece otra noticia: La Consejería de Salud y Familia, nombra como coordinadora de Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía a Trinidad Lechuga Varona. Trinidad Lechuga es un alto cargo del Obispado de Córdoba, visceralmente contrario al aborto voluntario al que llega a calificar de “crimen abominable” y “matanza de inocentes”. Esta Consejería de Salud fue renombrada con “Familia” como imperativo de Vox para regular y proporcionar ayudas a las mujeres embarazadas y evitar el aborto, ofrecer reducciones fiscales a familias numerosas y otorgar futuros premios a las familias con mayor número de hijos en Andalucía, recuerdo de la época franquista. ¿No es todo ello un intento de volver atrás en nuestros derechos? La vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Andalucía, Eva Rodríguez, ha declarado que «el perfil elegido para dirigir la política de Salud Sexual y Reproductiva recoloca a la Junta en una posición política claramente antiabortista».
Quienes formamos el Movimiento Feminista Andaluz acudimos el día de la constitución del nuevo Gobierno para decirles que “con nuestros derechos no se negocia, por nuestros derechos, ni un paso atrás”. Desde entonces no hemos dejado de movilizarnos y protestar; el pasado 8 de marzo con una huelga general y el 25 de noviembre contra todas las violencias de género. A todo esto hay que sumar la protesta por el semejante ataque al tejido asociativo feminista y contra esa posición política claramente antiabortista de la Junta. Además estaremos atentas a otras medidas que pueden acordar, como la del “pin parental”, intentando dificultar y torpedear la educación sexual en los centros educativos, respetando la libertad, diversidad y pluralidad sexual existente.
En Andalucía nos sobran razones para volver a salir a la calle el próximo 8 de marzo y luchar por nuestros derechos, por la igualdad, contra la violencia machista y para recordarles, una vez más que, sexualidad no es maternidad. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Por un aborto libre y gratuito a cargo de la Seguridad Social. No volveremos a la casa, ni al armario. No retrocederemos en los espacios públicos ganados a pulso, no volveremos a ser lo que ellos quieren. Pintan bastos, hermanas, pero no daremos un solo paso atrás.
Ana Almirón Mengíbar, grupo de Feminismos de la APDHA
Hace apenas un mes que nuestra asociación denunciaba en el dosier sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía, el retroceso que en materia de igualdad y violencia de género estaban suponiendo las políticas del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Cs con el apoyo de Vox. Un peaje a Vox en su intento de volver atrás en nuestros derechos, tras tantos años de lucha de todas las andaluzas.
Un retroceso que observamos en los acuerdos firmados por los tres partidos para poder formar Gobierno, negando la sobreexplotación y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos, así como la violencia de género, poniendo el acento en las ayudas a las mujeres embarazadas como forma de evitar abortos a través de la recién constituida Consejería de Salud y Familias. Así, promocionan su modelo único de familia, además del “control” de subvenciones a grupos feministas, por la libertad y la diversidad sexual.