Escolarización y negocio

El Gobierno de PP y Ciudadanos, apoyado por Vox en Andalucía, ya ha cumplido con creces el primer año de andadura. Pasado el previsible tiempo de acudir a la socorrida “herencia recibida” para justificar los magros resultados del tan aireado cambio, llega el momento de tomar decisiones día a día, de gobernar en suma. Gobernar es optar, es decantarse por unas u otras alternativas en cada área de actuación, en cada problema al que dar respuesta; y al hacerlo se están también amparando opciones ideológicas que, finalmente, definen al Gobierno.

Es lo que sucede con el Decreto 21/2020 de 17 de febrero, coloquialmente llamado de escolarización. Los datos de años anteriores, reconocidos por el propio consejero, indican que tan solo un 3 ó 4% de padres no pueden escolarizar a sus hijos en el centro de su primera elección, lo que viene a significar que en Andalucía no existía un problema real de escolarización, más allá de casos puntuales y concretos. Ante esa situación, el Gobierno ha optado por no mantener el anterior decreto de 2011; el consejero se apresuró a restar importancia a los cambios que el nuevo decreto introduce, posiblemente para intentar ocultar el trasfondo real de la medida. Con el bonito argumento de la libre elección de centro educativo, lo que realmente se está haciendo es abrir las puertas a un nuevo escenario y una nueva estrategia en la política educativa andaluza, que perjudicará a la enseñanza pública, y que dará lugar a un sistema educativo menos inclusivo y más segregador; por ello es imprescindible que la ciudadanía tenga información suficiente para poder valorar su alcance en una materia tan sensible como la educación.

En primer lugar, el nuevo decreto asume como factor determinante de la escolarización “la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”, así como que “la Administración educativa garantizará la existencia de plazas suficientes”, y define esa demanda como “la prioridad de elección de centro educativo que una familia desee”, todo ello en el artículo 4 del mencionado decreto. Si comparamos este texto con el anterior decreto y con la Ley de Educación de Andalucía, encontramos algunas de las claves de la voluntad política del Gobierno. Así, mientras que al hablar de la programación de la oferta educativa la ley establece en su artículo 2.5 que “la Administración educativa garantizará la existencia de plazas públicas suficientes”, del texto del nuevo decreto desaparece por arte de magia el carácter de “públicas” de las plazas. Del mismo modo, en la Ley y en el anterior decreto no aparece como principio de la programación educativa la llamada “demanda social”, que es introducida en el nuevo decreto. El resultado de estos cambios, convenientemente articulados, conducirá a un proceso por el que la programación de la oferta educativa que corresponde a la Administración se subordinará a la prioridad de elección de una familia, ante la cual esa Administración vendrá obligada a proporcionar plaza escolar pública o concertada. Si a ello añadimos que en el artículo 9.4 del nuevo decreto se establece que en los municipios donde haya centros docentes públicos y concertados las áreas de influencia se configurarán de forma que se pueda optar por, al menos, un centro de cada tipo, el cuadro de situación que diseña la nueva normativa es casi completo. Tan sólo faltan algunos retoques en las puntuaciones, dando puntos a rentas más altas que antes, por estar matriculado en primer ciclo de infantil, o aumentando la puntuación por proximidad a área limítrofe, para que el decreto consume un cambio cualitativo en el proceso de escolarización en nuestra tierra.

En suma, de lo que se trata es de abrir un camino que conducirá más pronto que tarde a un incremento del peso de la enseñanza concertada en el conjunto del sistema educativo andaluz, a una subordinación de la programación de la enseñanza a la llamada “demanda social”, a una ampliación de las zonas de influencia de los centros concertados, y todo ello en detrimento de la enseñanza pública, que verá poco a poco disminuir unidades y profesorado, perdiendo un respaldo presupuestario que irá destinado al incremento de escolarización en la concertada. En paralelo, se alimenta la desconfianza y el deterioro de la escuela pública con declaraciones del consejero Imbroda sobre los complejos de la pública y el mal estado de nuestro sistema educativo. Lo malo no es que se defienda la enseñanza concertada, sino que se haga en contraposición de la pública, estableciendo una especie de contienda competitiva entre una y otra, cosa que no responde para nada al espíritu del artículo 27 de la Constitución.

Al hilo de todo ello, convendría recordar, ahora que tan frecuentemente se pretende reescribir la historia, que quien implantó y generalizó el régimen de conciertos educativos y configuró a la enseñanza concertada como actor destacado del sistema educativo español fue la LODE, ley del Gobierno socialista de Felipe González, y quienes han mantenido y asegurado un espacio relevante de la enseñanza concertada en Andalucía han sido los sucesivos gobiernos socialistas desde 1982 hasta 2019. No se trata, pues, de que este nuevo decreto de escolarización sirva para “salvar” a la enseñanza concertada no se sabe de qué peligros, ni para asegurar la libre elección de las familias porque ya lo estaba en la práctica. Se trata más bien de iniciar un proceso que asegure a los sectores defensores de la enseñanza privada, sean de orientación religiosa o meramente empresarial, la ampliación de su parte de esa gran tarta que es el sistema educativo, como si de un negocio se tratara. Negocio, ideológico sobre todo para unos, puramente económico para otros, pero negocio al fin y al cabo; para ganar, en fin, cuota de mercado en esa joya de la corona que, junto al sistema de salud, es el sistema educativo. Privatiza, que algo queda.