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El 6D y el 20D como oportunidad para regenerar nuestra democracia

Federico Noriega González

El próximo día 6 de diciembre es la conmemoración del Día de la Constitución que marcó el inicio del Régimen del 78. Un régimen hoy día agotado y sobre todo, cercado por la corrupción política y el desprestigio social tras la reforma de su Art. 135 por el Gobierno Zapatero con la complicidad del PP.

Este régimen constitucional ha cumplido su tiempo histórico con un saldo en general positivo, pero con sombras importantes tanto en su elaboración primigenia, como en sus contenidos de calidad y profundidad democrática. El punto de inflexión que supuso la reforma con nocturnidad y alevosía del Art. 135, fue ampliamente contestado en la calle por el 15M y las grandes movilizaciones posteriores al 2010. La ruptura del pacto constitucional por parte del bipartidismo, en el altar de las políticas neoliberales y de recortes sociales impuestas por la Troika, han supuesto una reactivación entre la ciudadanía de los deseos de una democracia de mucha más excelencia, que nos proteja de los abusos por parte de las élites económicas y sus aliados políticos. Lo que se ha venido a llamar por los nuevos actores políticos “la CASTA”.

Es evidente que el discurso de la reforma constitucional ha penetrado en todos los partidos como no podría ser de otra forma en los momentos que estamos viviendo, pero muy especialmente en la herramienta ciudadana de cambio político que ha supuesto PODEMOS para millones de personas, y que están a la cabeza de esa regeneración democrática.

No obstante, quisiera apuntar un par de cuestiones fundamentales para acometer los cambios constitucionales que se nos presentan en el futuro inmediato.

Por un lado, la profundidad y los contenidos de los que se parten para dichos cambios constitucionales, son la base fundamental del debate constituyente, ya que no se pueden quedar en meras reformas cosméticas que no apunten al fondo de las demandas ciudadanas, o sea, la participación política y el derecho a decidir del soberano, en este caso el pueblo en general. No sólo en cuestiones tangenciales de la constitución actual, como pudieran ser la reforma de la Corona en materia de sucesión, o el Senado, o la nueva visión de la arquitectura de las comunidades o nacionalidades del estado.

Por tanto, quiero decir a mi entender, que se deben tratar los nuevos espacios de participación ciudadana que ya existen en el ideario colectivo, pero que no recoge nuestra constitución actual. Referéndum vinculante, democracia 2.0 Y 4.0, ILP con verdadera capacidad legislativa popular, revocatorio de representantes institucionales y políticos, ley Electoral y de participación ciudadana y nuevas circunscripciones electorales, etc. Ese es el verdadero punto fundamental del cambio, porque afecta a la posibilidad de que la ciudadanía, esté o no organizada en partidos, confíe más o menos en estos, pueda participar de forma directa en las cuestiones que le afectan, y se consolide de una vez esa mayoría de edad democrática que está más que demostrada.

Y por otro lado otro terrible ERROR a mi modo de ver, supondría que los partidos políticos asuman en este debate constitucional, querer ser juez y parte del cambio constituyente. A nadie parece sorprender, y es más, en el imaginario colectivo se asume de forma automática que cuando se crea un club, sociedad, peña, entidad, colectivo, etc. Son los socios en pleno o asamblea general los que aprueban las normas y reglamentos de dicha sociedad, o sea, el soberano es el que dicta, y la junta directiva acata dichas normas y ejerce sus funciones ejecutivas en virtud de estas normas.

Sin embargo, los partidos políticos se quieren arrogar el papel de PODER CONSTITUIDO y PODER CONSTITUYENTE. Quieren ejercer desde el ejecutivo y las instituciones que gobiernan el país, el poder que sólo al SOBERANO corresponde, y no es que el pueblo en su conjunto.

El papel de los partidos debe ser abrir el camino, allanar legalmente las vías de debate y las normas por las que se deben discurrir dichos debates y su posterior aprobación colectiva, y en cualquier caso vigilar de la neutralidad y transparencia máxima del proceso. En ningún caso deben torpedear, frenar o manipular a tenor de sus intereses partidarios, tanto los debates como la profundidad de los cambios requeridos. No podemos permitir que los políticos que deben estar al servicio de toda la ciudadanía, se conviertan en los únicos redactores de las normas que les tocará cumplir posteriormente. La ciudadanía no podemos permitir ser convidados de piedra en la articulación de las normas y el marco jurídico de una regeneración democrática que por otra parte ha sido forzada por el pueblo en la calle, y frenada con toda la fuerza de la que disponen, por parte de los partidos surgidos del Régimen del 78.

El pueblo es el soberano y pone las reglas del juego, y los políticos que son el poder constituido, obedecen y acatan estas normas. Si esto no es así, volveremos a tener un secuestro de nuestra soberanía, y un fraude histórico que no perdonaran las posteriores generaciones, y además no se van a solucionar los problemas institucionales y la grave crisis de credibilidad política que hoy por hoy acumulan estos mismos partidos.

Todo está inventado, el derecho comparado nos ofrece un amplio abanico de posibilidades de como otros países han abordado la apertura de sus procesos de cambio constituyente. Preguntar y consultar al pueblo si desea realmente este cambio constituyente, convocar cortes constituyentes con amplios poderes constitucionales, realizar consultas parciales en temas concretos y polémicos, debates abiertos y muy participativos, ampliar a través de la redes sociales y telemáticas, etc. Hay un sinfín de posibilidades de participación social, no hay escusas salvo el miedo de los políticos a su propio pueblo. Y esto último sería causa y justificación suficiente para botarlos a todos, y pedirles amablemente de una vez por todas que se vayan ya. Una CARTA MAGNA, es al fin y al cabo una PACTO SOCIAL Y POLITICO de una generación determinada con sus deseos y sus sueños presentes y futuros. Nuestros jóvenes tienen derecho a participar en ese nuevo pacto social, se lo han ganado con su esfuerzo, con su lucha en la calle y con su sacrificio en las estaciones de tren y aeropuertos.

Por tanto, el día 6D tenemos que salir a la calle, gritar con todas nuestras fuerzas, que NO queremos cambios cosméticos para “QUE TODO CAMBIE Y AL FINAL TODO SIGA IGUAL”, queremos cambiar de verdad la ley de leyes, que a partir del 20D queremos abrir un verdadero y democrático PROCESO CONSTITUYENTE.

Federico Noriega González es miembro de Asambleas Ciudadanas Constituyentes y del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Sevilla

El próximo día 6 de diciembre es la conmemoración del Día de la Constitución que marcó el inicio del Régimen del 78. Un régimen hoy día agotado y sobre todo, cercado por la corrupción política y el desprestigio social tras la reforma de su Art. 135 por el Gobierno Zapatero con la complicidad del PP.

Este régimen constitucional ha cumplido su tiempo histórico con un saldo en general positivo, pero con sombras importantes tanto en su elaboración primigenia, como en sus contenidos de calidad y profundidad democrática. El punto de inflexión que supuso la reforma con nocturnidad y alevosía del Art. 135, fue ampliamente contestado en la calle por el 15M y las grandes movilizaciones posteriores al 2010. La ruptura del pacto constitucional por parte del bipartidismo, en el altar de las políticas neoliberales y de recortes sociales impuestas por la Troika, han supuesto una reactivación entre la ciudadanía de los deseos de una democracia de mucha más excelencia, que nos proteja de los abusos por parte de las élites económicas y sus aliados políticos. Lo que se ha venido a llamar por los nuevos actores políticos “la CASTA”.