El 8 de noviembre de 2013, justo después de que un juez le comunicara que debía empezar a cumplir la sentencia de suspensión de cargo público dictada por el Tribunal Supremo, Juan Martín Serón, hasta aquel día alcalde de Alhaurín el Grande, dijo esto: “El día 9 de noviembre [de 2014] nos reincorporaremos. Es una cuestión de honor”. Antes de que cumpla el año, un comunicado emitido por el Ayuntamiento de la localidad malagueña (gobernado por sus compañeros del Partido Popular) ha empezado a extender la alfombra roja para su regreso. “Deseamos la pronta incorporación de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil al Ayuntamiento, de donde nunca debieron ser apartados contra la voluntad popular”, recoge el texto. Pero el comunicado va más allá, porque exige el apoyo “firme” del Partido Popular, hasta ahora cobijado bajo el silencio.
Juan Martín Serón es el alcalde condenado que nunca dejó de serlo. Al menos en las formas, en todo cuanto aparece de cara el exterior, ha seguido considerándose el alcalde de Alhaurín el Grande, a pesar de que el Tribunal Supremo le suspendió por un año para el ejercicio de cualquier cargo público y a pagar 200.000 euros, después de encontrarlo culpable de un delito de cohecho. “La suspensión implica que no puedo ejercer, pero sigo siendo alcalde”, comentó hace un año. Y él ha seguido dando el saludo, como alcalde, a todo aquel que accediera a la página web del municipio. Según Teresa Sánchez, portavoz de IU en el municipio, el equipo de gobierno ha intentado que Martín Serón siguiera presente de forma “implícita”, utilizando la televisión local para recordar antiguas inauguraciones o presentando mociones que hacían referencia al exalcalde. Antonia Ledesma, alcaldesa provisional, nunca se ha presentado como tal, sino como primera teniente de alcalde. Y él ya dijo que se iba, pero juró (porque era una cuestión de honor) que volvería. Ha sido el propio Ayuntamiento quien emite un comunicado en el que le pide que regrese “cuanto antes”.
El texto recupera la tesis que siempre defendió Martín Serón, ahora puesta en boca de la propia institución municipal: su caso es una muestra de que la justicia está corrupta. Para el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (o su equipo de gobierno), el 'Caso Troya' “se quiso vender como un macro proceso de corrupción política y ha quedado claro que fue un auténtico despropósito”, elaborado “bajo premisas artificiales y sin pruebas reales”. Un “lamentable caso donde ha fracasado estrepitosamente el sistema”, continúa, convirtiendo al alcalde y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, en “víctimas de la perversión de un sistema que debe ser modificado y mejorado para que no se cometan más los atropellos”.
La sentencia declaró probado (en primera instancia ante la Audiencia Provincial; después, ante el Tribunal Supremo) que ambos exigieron a un promotor inmobiliario el pago de 122.000 euros por la concesión de una licencia urbanística. La clave de bóveda del entramado conspiratorio está en la tesis defendida ahora por el Ayuntamiento, en la supuesta falta de credibilidad de un testigo de la acusación, que mantiene un enfrentamiento personal con Martín Serón. El documento vuelve a realizar una apelación a la “voluntad popular”, de la que se erige en portavoz al afirmar que la vuelta es “apoyada y deseada por el pueblo”.
Apelación al Partido Popular
La vuelta del alcalde condenado pone sobre la mesa del Partido Popular la necesidad de decidir si mantiene o no a Juan Martín Serón en sus filas. Y a juzgar por el texto del comunicado, ni siquiera él o su grupo saben qué va a ocurrir. Sólo así puede interpretarse la apelación directa al partido: “También queremos expresar que nuestros compañeros no sólo deben volver, sino que deben ser apoyados firmemente por el Partido Popular y que este apoyo sirva de ejemplo para que no se cometan más atropellos contra gente honrada como ellos”. Martín Serón exige respaldo firme del partido para el que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de 2003, 2007 y 2011. El exregidor se dio de baja cuando empezó a cumplir la condena, y los populares han mantenido silencio hasta ahora sobre su posible retorno o su expulsión.
Tanto Toni Morillas, portavoz de Política Institucional de IU Málaga, como Miguel Ángel Heredia, secretario general del PSOE malagueño, pidieron a Elías Bendodo, presidente provincial del PP, que se pronuncie y tome una decisión. El 9 de noviembre, Martín Serón retomará la vara de mando, como prometió, y lo hará en un acto público; pero la cuestión radica también en conocer si será, nuevamente, el candidato a la alcaldía del Partido Popular en las próximas elecciones municipales