Señoritos y jornaleros, otra historia de la Casa de Alba
Cayetena Fitz-James Stuart era la tercera terrateniente del país, por detrás solo de Samuel Flores y Juan Abelló. Sus propiedades incluyen 34.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería repartidas por diferentes puntos de España. Pero el grueso se concentra Andalucía, donde la Casa de Alba posee, sólo en las provincias de Córdoba y Sevilla, once fincas gestionadas desde empresas familiares dedicadas a la agricultura y la ganadería. Un patrimonio de ese porte requiere mano de obra para trabajarlo.
Sin embargo, la gestión de sus explotaciones, el escaso volumen de contratación para las tareas agrarias y la elección de variedades de cultivo que requieren poca mano de obra han sido caballo de batallas de uno de los sindicatos con el que la confrontación de la Casa de Alba ha sido más intensa: el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Sus representantes denunciaron ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación de jornaleros en las fincas de la aristócrata y, por estas circunstancias, llegaron a pedir que se le retirase la medalla de oro de Andalucía. medalla de oro de Andalucía. Incluso ocuparon dos de esas fincas en tres ocasiones: Buenavista (Córdoba), que se corresponde con gran parte del término municipal de El Carpio, y Las Arroyuelas (Sevilla). En esta finca, la última ocupación forzó la disculpa del hijo menor de la duquesa –Cayetano Martínez de Irujo- quien acusó a los temporeros andaluces de no querer trabajar ni mejorar sus condiciones laborales.
El sindicato invitó a Martínez de Irujo a viajar a Marinaleda para mostrarle el empleo que es posible generar con una gestión centrada en objetivos sociales. “Planteamos que 1.200 hectáreas daban más empleo que las 34.000 de la Casa de Alba”, detalla Cañamero a eldiario andalucia, porque en 2010 generaron 60.000 jornales, una proporción próxima a la que estiman en las tierras ducales, en las que calculan que no se producen más de dos jornales por hectárea de cultivo.
Cañamero acusa a los Alba de buscar, “como todos los terratenientes, el dinero fácil”. El líder sindical anticipa, a todas sus respuestas, el pésame a la familia porque “sentimos mucho la muerte de cualquier persona”. Separa esta circunstancia de las críticas a un modelo agrícola que no contempla la inversión en el territorio que explota más allá del mantenimiento de la actividad.
UGT: “l aobservación de los convenios colectivos es buena”
Pedro Marcos, secretario general de la federación agroalimentaria de UGT-A, como contrapeso a las valoraciones del SAT, apunta que, según su negociación en fincas grandes como la mencionada de Buenavista, la observancia de los convenios colectivos con el sector es buena. Marcos, en cualquiera caso, califica dicha relación como “paternalista, muy antigua, como en los años 40, como si los trabajadores le debieran algo por el hecho de darles un trabajo”. En Buenavista, que casi ocupa el término municipal de El Carpio (Córdoba), ejemplifica de nuevo, es la principal empresa o se trabaja allí o casi que no se trabaja.
La Casa de Alba no deja de ser un exponente de latifundio. Un sistema que también ha recibido sus críticas desde las organizaciones agrarias que defienden modelos de corte más social y con la propiedad más repartida. La Casa de Alba es uno de los principales perceptores de ayudas europeas. Hasta 2010, cuando el Tribunal de Luxemburgo impidió por sentencia que estos datos fueran públicos, se estiman unos ingresos tres millones de euros anuales en subvenciones agrarias de la Unión Europea sólo por la producción de sus propiedades en Andalucía.
La PAC ¿la penalización de los pequeños?
La PAC ¿la penalización de los pequeños?
COAG entiende que esa cifra no habrá variado en exceso, puesto que la reforma de la PAC no ha establecido mecanismos que limiten las subvenciones que reciben los grandes propietarios. En esta línea, tanto esta organización como la UPA estaban de acuerdo en que los agricultores no percibieran más de 300.000 euros en ayudas, pero en la negociación final ese límite destinado a terminar con los “agricultores de sofá” ha desaparecido.
Juan Luis Ávila, portavoz de COAG-Jaén, rechaza la apuesta, desde lo público por un modelo grandes explotaciones que tienen capacidad económica por sus dimensiones mientras “dejan de lado otras explotaciones que están en situación deficitaria”. De hecho los agricultores que percibían ayudas inferiores a 300 euros -solo en la provincia de Jaén, 28.000 propietarios-, dejarán de percibir subvención y con ello, en muchos casos, un complemento de renta. Para Ávila no es tanto el momento de criticar a la Casa de Alba como de señalar la necesidad de un modelo de reparto de la PAC “más justo y sensato”.
En esa misma línea, el SAT reprocha que desde el gobierno no se haya exigido a las empresas de la familia Alba que los fondos de la UE redunden en el territorio que se las proporciona. Una exigencia que Cañamero extiende al conjunto de grandes propietarios españoles ya que apenas 1,5% de los titulares de explotaciones agrarias en España, entre ellos los Alba, acaparan la cuarta parte de las ayudas procedentes de la UE.
