La Feria se le indigesta al PP de Alhaurín de la Torre

Las casetas de feria en Alhaurín de la Torre se han convertido, en apenas dos días, en un problema político y jurídico para el alcalde de la localidad y diputado en las Cortes, Joaquín Villanova. El Tribunal Supremo está investigando al regidor a propósito de la concesión de una caseta en el año 2005 y estudiará la posible comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de Villanova y la entonces concejala de fiestas, Isabel Fraile, a quienes se acusa de conceder la caseta municipal a cambio de 3.600 euros en tiques de consumiciones. El lunes, dos días antes de que se conociera esta información, Electores Equo había denunciado que la caseta del Partido Popular para la Feria de San Juan de este año incumple ocho artículos de la ordenanza reguladora. Entre otros, el que prohíbe ceder su explotación de forma gratuita u onerosa. Con una diferencia de nueve años, la gestión de las casetas de feria por parte del PP y del Ayuntamiento vuelve a estar en entredicho.

Julián Sánchez Melgar, magistrado de La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, asume ahora una causa por unos hechos que se remontan al año 2005. El alcalde, Joaquín Villanova y la exconcejala Isabel Fraile están acusados de conceder la caseta municipal de aquel año obviando el cobro de la tasa establecida y el procedimiento de oferta pública, a cambio de tiques en consumiciones por valor de 3.600 euros. Del asunto se ocupó inicialmente el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, pero el aforamiento de Villanova motivó que la causa fuera remitida a Madrid. Según la resolución dictada en su día por el Juzgado, citada por EFE, la omisión del cobro de la tasa supuso “que el municipio fuese privado de dicha cantidad, que podría ser considerada dinero público”. El fiscal solicitó en 2011 una pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros para Villanova. Sin embargo, el procedimiento ante el juzgado malagueño se extinguió poco después, cuando estaba cerca de culminar: el alcalde obtuvo su escaño en las elecciones generales de noviembre de 2011, y en 2013 el fiscal solicitó el traslado de la causa por el aforamiento del nuevo diputado.

La caseta del PP en la feria 2014

Los hechos denunciados por Equo para la caseta del PP en la feria 2014 guardan algún paralelismo con el caso que estudiará el Tribunal Supremo. Equo denuncia que el Partido Popular cedió la explotación de la caseta que le había sido asignada a un bar local. Este año, la caseta del Partido Popular para las fiestas recién terminadas compartía logo con ese bar. Al lado izquierdo de las puertas de acceso, un panel del PP alhaurino; al lado derecho, el del bar de copas Moobi Café. “Os esperamos todos los días de viernes a martes en el real de la feria en la caseta que tenemos ubicada en el recinto ferial frente a los moraos, caseta PP”, publicó Moobi Café en su perfil de Facebook el pasado 19 de junio. A continuación, insistía en la localización: “Os nomino a que vengáis a la caseta del Moobi Alhaurín (caseta del PP) lo mejor de lo mejor!! Y lo sabes…”. Moobi Café difundió también un cartel donde se publicitaba con la frase “Moobi Café, caseta PP”.

El artículo 17 de la ordenanza que regula la instalación y funcionamiento de las casetas de feria (aprobada en 2007 por el mismo equipo de gobierno) prohíbe “expresamente” cualquier cesión (gratuita u onerosa) de las casetas, así como su cambio de denominación. Equo también denuncia que en esta caseta, que según la norma debía permitir el acceso libre y gratuito a cualquier persona, prohibía la entrada a menores y que incumplía las normas de seguridad, prevención de incendios y accesibilidad.

El PP de Alhaurín de la Torre se defendió ayer de las dos acusaciones en sendos comunicados. Acusó a Equo de actuar “por envidia y por venganza” y negó que haya cedido la explotación de su caseta a un tercero, sin explicar la publicidad y la presencia del logo del bar de copas. Respecto a la llegada de la causa contra Villanova al Tribunal Supremo, explicó que no se ha solicitado el suplicatorio (la petición que debería formular el órgano jurisdiccional al Congreso de los Diputados antes de juzgar al diputado) porque “solo se cuenta con indicios, y no hay formalizada ninguna acusación por parte de la Fiscalía adscrita a este Tribunal”. Villanova siempre ha defendido que el contrato era de tipo menor, no generaba tasa y podía ser adjudicado directamente. Un último paralelismo: en su nota, el alcalde acusa a la denunciante, la exportavoz de IU en el municipio, de actuar por “venganza personal”. Han pasado nueve años, pero las casetas de feria del PP de Alhaurín de la Torre vuelven a estar en entredicho.