Fertiberia avanza en su idea de enterrar los fosfoyesos de Huelva en medio de la disputa política
Desde que este miércoles fuese sacado oficialmente a información pública el proyecto constructivo de Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva, así como su estudio de impacto ambiental, se ha hecho evidente la división existente en las distintas administraciones sobre este asunto medioambiental de primer orden, destinado a terminar con el paisaje de residuos radioactivos a escasos 500 metros de algunas viviendas de la capital onubense.
La base de todo es que no hay unanimidad en torno a la idea de la empresa de enterrar las balsas sin transportarlas, además de que Junta y Gobierno central se echan en cara que no han compartido información mutua antes de publicar el asunto en el BOE. El Ayuntamiento ya ha anunciado que lo va a recurrir, sin concretarse todavía cómo va a afectar este asunto a la mesa de expertos constituida en Huelva hace más de un año, teóricamente creada para buscar alternativas al soterrado. Si ha llegado al BOE, esa mesa parece haber dejado de tener valor.
Cronológicamente, el miércoles a primera hora era publicado el plan de Fertiberia en el BOE, por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Se da un plazo de 30 días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y todo ello después de que el 22 de diciembre de 2016, Fertiberia enviara un escrito a dicha Dirección General por el que solicitaba que se iniciara el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto.
Dicho proyecto divide el proceso de restauración en cuatro fases que se extienden a lo largo de diez años y que podrían empezar a correr en 18 o 24 meses, y la opción elegida es la de confinamiento de los residuos. Esto es que se trabajará para tapar los residuos químicos, pero seguirán en el mismo lugar donde se encuentran.
Este proyecto ha sido presentado por Fertiberia a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que considera caduca la licencia para el depósito de fosfoyesos en la marisma onubense y ordena su fin y la restauración de la zona, y ya hay estamentos que se han pronunciado radicalmente en contra, como el Ayuntamiento de Huelva, formaciones políticas como Mesa de la Ría o IU y asociaciones conservacionistas como WWF, que preparan sus alegaciones que “irán encaminadas y serán compatibles con el objetivo principal que tenemos en Huelva, en la Mesa de Partición y con los trabajos del comité de expertos”, explica el alcalde, Gabriel Cruz.
El edil, cree que la empresa “hace lo necesario para cumplir con la sentencia de la Audiencia Nacional, pero nosotros tenemos un objetivo más ambicioso, la recuperación para Huelva de las 1.200 hectáreas que ocupan las balsas”. La empresa, por cierto, solo se compromete a trabajar sobre 720 de esas hectáreas.
La Coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Pepa Beiras, asegura que su partido adoptará más medidas para evitar que Fertiberia “se salga con la suya, llevando a cabo un proyecto de mínimos que no va a servir para restaurar las marismas al completo a su estado original, como toda Huelva quiere”.
Alegaciones que también presentará el colectivo Mesa de la Ría, que trabajará con firmas de ciudadanos, en una campaña iniciada a través de change.org.
Disputa de Junta y Gobierno
La pelea política en este caso no es nueva, y se ha evidenciado en las últimas horas en las voces, entre otros, del consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, que critica que el Gobierno no haya consultado a la Junta antes de someter a información pública el proyecto de Fertiberia, sosteniendo que “no entendemos cómo el Gobierno no ha hecho lo que, preceptivamente, tenía que hacer. No queremos pensar que la ministra, que por cierto fue alto cargo de Fertiberia, tenga nada que esconder”.
Ha recalcado que la ley establece un procedimiento de coordinación “claro”, según el cual “la información pública de la vía estatal y la autorización ambiental integrada, que es lo que corresponde emitir a la Junta, se tiene que hacer de manera conjunta”.
Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, defiende que la Junta “sabe perfectamente” que el proyecto de Fertiberia se tenía que sacar a información pública, pues así lo recogía el auto de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2016, y “se actúa en respuesta a una decisión judicial”.
Explica que el trámite de información pública obedece a lo recogido expresamente en ese auto, que establecía que la Administración General del Estado había de proceder a la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto y la Junta a la tramitación de la autorización ambiental integrada.
La subdelegada, por último, dice que la Junta de Andalucía será consultada porque, junto con la información pública, también se abrió la información oficial, y ya se ha enviado una carta a distintos órganos del Gobierno andaluz.
