El desacuerdo entre el Gobierno y la Junta sobre la Ley de Parques Nacionales se prorroga por un día
- No obstante, aseguran fuentes de la Consejería que esta circunstancia no elimina la posibilidad de que la Junta presente el recurso ante el Constitucional.
El desacuerdo entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía a cuenta, esta vez, de la Ley de Parques Nacionales se ha permitido la prórroga de un día. Un día que podría, o no, evitar un nuevo recurso de inconstitucionalidad por parte de la Administración andaluza. Tras la reunión bilateral entre el Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente que ha tenido lugar este miércoles, el Gobierno de Rajoy se ha comprometido ha enviar un documento con algunas modificaciones a la norma. Por su parte, la Junta asegura que esperará a recibir las propuestas este jueves para tomar una decisión sobre la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno.
En este ocasión, el protagonista del conflicto es una ley que se aprobó en diciembre de 2014. El Partido Popular trató de introducir en el Senado una enmienda de última hora al proyecto del Gobierno para ampliar los derechos de particulares (léase los cotos de caza privados) con fincas en parques protegidos. Según ya informó eldiario.es en una reciente información sobre 'Los puntos negros de las reformas verdes de Rajoy', en la práctica conlleva permitir cazar en estos parajes o hacer que los parques nacionales “puedan convertirse en recintos de ocio”, permitiendo usos turísticos que, en principio, parecen poco compatibles con el objetivo de la máxima figura de protección ambiental: preservar ecosistemas valiosos lo más intactos posible.
La Junta de Andalucía, en concreto, considera que la norma estatal vulnera en 23 de sus preceptos las competencias autonómicas sobre la materia. En líneas generales, los artículos que serán recurridos impiden el desarrollo legislativo de la comunidad autónoma sobre la gestión de los parques, le limitan la posibilidad de establecer niveles de protección más altos y afectan a otras competencias sectoriales exclusivas de la Junta, como las de urbanismo, según ha detallado la Administración andaluza.
