El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha apostado por la transformación de la contratación pública con la introducción de cláusulas sociales para desarrollar los pliegos “más avanzados de España”, que será de aplicación en todos los contratos del Consistorio y de sus empresas tras la publicación a mediados de marzo de un decreto de Alcaldía, con el objetivo de primar el empleo y su calidad, además de la integración, la igualdad y la sostenibilidad.
Para favorecer el “consumo responsable” y “maximizar” cada euro público invertido“, se dará mayores puntuaciones para acceder a los contratos a empresas con más calidad en el empleo o mayor respeto medioambiental, a la par que el Ayuntamiento creará un observatorio permanente, conformado por funcionarios, para vigilar el cumplimiento de los contratos y de los compromisos adquiridos, como pudiera ser la estabilidad de las plantillas o el cumplimiento de los convenios colectivos.
Además, el Ayuntamiento se ha dotado de mayores mecanismos para poder penalizar a las empresas o tener mayor facilidad para rescindir el contrato en caso incumplimiento, algo que permite actuar en situaciones similares a las ocurridas anteriormente en las que había conflicto entre la adjudicataria y su plantilla pero “el Ayuntamiento decía que no se podía meter”, o en casos de empresas que finalmente rehusan ejecutar una obra por baja temeraria pero después se vuelven a presentar para llevar a cabo otra.
“Se trata de orientar la contratación pública para resolver determinados problemas el mercado laboral que desde el punto de vista de las propias leyes del mercado no se resuelve, como es priorizar la contratación de determinadas personas, como parados de larga duración, y de producción responsable. Mandamos mensajes al mercado de que para contratar con la administración será más fácil si tiene una gestión de mayor calidad”, sentencia Espadas en rueda de prensa, junto al delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, y la directora general municipal de Empleo, Mari Paz Lagares.
Espadas ha indicado que se trata de convertir los contratos en una “palanca” para crear empleo de mas calidad y favorecer la igualdad de oportunidades, una iniciativa que se encuentra ya en su última fase tras ser elaborada de la mano de diferentes colectivos analizando casos de éxito y haber sido presentada este miércoles en Junta de Portavoces al resto de partidos.
Hasta el 23 de febrero los partidos y entidades del tercer sector, empresas y sindicatos, podrán analizar y proponer ante este anteproyecto de decreto de Alcaldía, que volverá a debatirse ya completo a principios de marzo para que, sobre el día 15, Espadas pueda ya emitir la resolución.
MÁS ALLÁ DE LA EXPERIENCIA BARCELONESA
“Hemos ido más allá que nadie, poniendo sobre la mesa los contratos más avanzados del país, que seguramente servirán de referencia para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”, añade Espadas. Explica que se ha tenido en cuenta para su elaboración toda la normativa al respecto, partiendo de la europea, estatal o autonómica, además de la jurisprudencia creada y de experiencias como la de Barcelona, con una de las normativas más avanzadas, que incluso Sevilla superará en algunos aspectos, como es el control posterior de las contrataciones o el analizar incluso el histórico de compras de las empresas licitadoras.
Aunque ya se están realizando experiencias piloto en la ciudad, no será hasta la entrada en vigor del presupuesto 2016 cuando su aplicación sea plena. En vez de macrocontratos, se realizarán licitaciones de mayor tamaño permitiendo una mayor participación de la economía social, las pymes y los autónomos.
EL PRECIO, UN ELEMENTO MÁS
Así, aunque se tendrá en cuenta en cuenta el precio dado por la compañía para ejecutar una obra, el coste ya no será el elemento principal de baremación, sino que se puntuará la contratación de personas en exclusión, parados de larga duración, el contar con planes de igualdad, el tener en cuenta la conciliación laboral, el nivel de estabilidad de las plantillas o el cumplimiento del convenio colectivo.
También, se valorará la sostenibilidad de la empresa, como el tener certificados energéticos y de calidad, el uso de energías renovables, la gestión verde de los residuos o el uso de determinados productos químicos, entre otros.
Dependiendo de cada contrato, se primarán más unos elementos o otros, dependiendo de donde se coloque el eje de la licitación, para lo que Espadas establece tres fases de contratación. Menciona, en primer lugar, los contratos determinados por lo que se quiere contratar, priorizando por ejemplo la sostenibilidad o el favorecer la inserción en la zona.
En segundo lugar, establece los contratos determinados por la elección del contratista, valorando mejor las empresas con un comportamiento interno más respetuoso con los derechos laborales o el medio ambiente. Por último, apunta a los contratos que estarán centrados en su ejecución, con un mayor seguimiento de su desarrollo.
“NO ES UN SALTO AL VACÍO, SINO ORDENAMIENTO JURÍDICO”
Flores deja claro que esta iniciativa no supone “un salto al vacío ni una invención, sino una acción basada en el ordenamiento jurídico” y ha anunciado que se pretende que se establezcan de un año a otro las previsiones de contratación para que se puedan presentar ofertas de mayor calidad y para mejorar la planificación.
A esto suma el actuar teniendo en cuenta que los parados son mayoritariamente mujeres y de larga duración, favoreciendo los centros de empleo y de inserción y favoreciendo la conciliación. “Hemos dado un paso cualitativo para que Sevilla tenga el desarrollo más importante de cláusulas sociales del país”, recalca.