El ex viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha emitido este jueves un comunicado en el que asegura que va a aplazar la decisión de incorporarse a cualquier actividad laboral, en alusión a su fichaje por la aseguradora privada Asisa, hasta que la Junta emita el informe sobre la incompatibilidad o no de su llegada a ese nuevo cargo.
“Ante la información de los últimos días, estando convencido de haber cumplido en todo momento con la ley, he sabido por los medios de comunicación que la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía está elaborando un informe dada la notoriedad del caso”, comienza el mensaje difundido por Guzmán.
El también exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) añade que cree “que lo más prudente es aplazar la decisión de incorporarme a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe que, como no puede ser de otra manera, acataré en los términos que se pronuncie”.
Este comunicado llega sólo unas horas después de que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, afirmara que espera que Función Pública, de la Consejería de Justicia, emita “en breve, en esta semana” el informe sobre incompatibilidad o no del exviceconsejero.
El departamento de Justicia ha abierto una investigación interna sobre el polémico fichaje de Guzmán por la aseguradora privada Asisa, que acaba de contratarle como director médico para Andalucía, tres meses después de su cese como viceconsejero. La empresa a la que debía incorporarse el próximo lunes se benefició de 44 millones de euros en contratos a dedo, firmados por el entonces gerente del SAS, durante el primer periodo de contratación de emergencia por la pandemia hasta junio de 2023, gracias a varias prórrogas también rubricadas por Guzmán.
Las adjudicaciones a dedo a Asisa se hicieron a través del grupo hospitalario HLA, en el que la compañía aseguradora agrupó todos sus centros clínicos en 2016. Tanto Guzmán como la propia Junta se aferran a esta distinción para defender que su fichaje no vulnera la Ley de Incompatibilidades de altos cargos.
El departamento de Justicia y Función Pública, dentro de una “labor de inspección”, debe esclarecer ahora si tanto la contratación de Guzmán por Asisa como los contratos a dedo que le adjudicó entre enero de 2021 y junio de 2023 vulneran la Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos.
La consejera de Salud, Catalina García, ha asegurado que “se va a analizar todo” lo que lleva la firma del que fuera su mano derecha y ha lamentado que Guzmán no le avisara antes de fichar por Asisa y tuviera que “enterarse por la prensa”. Desde su departamento confirman que “se está recopilando toda la documentación de todos los contratos firmados por Miguel Ángel Guzmán, tanto en el SAS como en la consejería para pasárselo” al departamento de Justicia.
El llamado “procedimiento informativo” en la administración pública es “el paso previo a la incoación del procedimiento disciplinario o en su caso el archivo de las actuaciones”.
García se lamentó el miércoles de que su ex número dos no comunicó su vuelta a la privada, lo que habría permitido poder contar antes con el informe de incompatibilidad o no. En cualquier caso, insistió en que “cuando una persona accede a un cargo público político tiene que tener la posibilidad de volver a trabajar”. Igualmente, recordó que Miguel Ángel Guzmán “viene del ámbito privado” y que “tiene que volver a trabajar siempre de acuerdo con la Ley” después de presentar su dimisión por “motivos personales”, como se argumentó en diciembre al conocerse su marcha.
La investigación interna que ha iniciado la Consejería de Justicia, responsable también del área de Función Pública, puede archivar el caso, si no percibe indicios de infracción, o elevarlo a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, como ya han hecho hoy mismo dos grupos de izquierdas en la oposición: Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La Oficina Antifraude tiene competencias sancionadoras, en caso de que confirme un supuesto de incompatibilidad en el salto de la administración pública a la privada del ex consejero de Salud, podrá sancionarle y comunicárselo directamente a él. La ley que regula la creación de esta oficina, de 2021, modificó algunos aspectos de la Ley andaluza de Incompatibilidades de altos cargos, entre ellos la competencia sancionadora. Guzmán se expone a la inhabilitación para ejercer un cargo público en la Junta de Andalucía hasta un máximo de diez años.
La labor de Guzmán siendo gerente del SAS no sólo benefició a Asisa por los contratos a dedo por valor de casi 44 millones de euros. La Consejería de Salud sólo ha dado el sello de hospital universitario a dos clínicas privadas de Andalucía en 37 años: las 2 de Asisa. Una, 14 días antes del cese del viceconsejero, hoy directivo de esa empresa. Otra, 6 meses antes, y gracias a una resolución dictada por el departamento de Salud en 2022, que venía a complementar la orden que regula las acreditaciones de hospitales universitarios de 1987.
La consejería concedió la acreditación como hospital universitario a dos clínicas privadas del Grupo Asisa -las únicas que ostentan este sello de calidad de la Junta- entre junio y diciembre de 2023, los últimos meses como viceconsejero de Miguel Ángel Guzmán, que cesó en el cargo el 27 de diciembre y fichó por Asisa tres meses después.
El Hospital HLA Inmaculada, en Granada, obtuvo la acreditación el pasado junio, y el Hospital El Ángel, en Málaga, logró el sello de la Consejería de Salud el 13 de diciembre, 14 días antes del cese de Guzmán. Ambos pertenecen al grupo hospitalario HLA, en el que la compañía aseguradora Asisa tiene agrupados todos sus centros clínicos.