La Fiscalía Anticorrupción discrepa de la Audiencia de Sevilla y rechaza elevar el caso ERE al Tribunal de la UE

La Fiscalía Anticorrupción se ha alineado con el criterio del Tribunal Constitucional (TC) en su oposición a que el caso ERE se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ha planteado la Audiencia de Sevilla a propuesta del PP y del sindicato ultraderechista Manos Limpias, personados como acusación particular.

El pasado julio, el TC anuló parcialmente las sentencias que condenaron por delitos de prevaricación y malversación a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a ocho exconsejeros de su Gobierno en la llamada pieza política del caso ERE. El Tribunal de Garantías consideró que se había vulnerado el derecho fundamental a la defensa de los dirigentes socialistas -“de legalidad penal”-, admitió el recurso de amparo de los condenados, y remitió el fallo al tribunal de origen para que rehiciera su sentencia teniendo esto en cuenta.

Pero la Audiencia de Sevilla, a instancias del PP y Manos Limpias, planteó elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE al considerar que el TC se había extralimitado en sus competencias al anular su sentencia y que sus valoraciones no eran compatibles con el Derecho de la Unión. El Ministerio Público se ha pronunciado ahora sobre este escenario, inédito hasta la fecha, rechazando de plano reabrir la causa en Luxemburgo, recordando que un tribunal ordinario no puede corregir ni cuestionar las decisiones del Tribunal de Garantías, que en este caso vela por los derechos fundamentales de los acusados.

“La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal”, reza el escrito de los fiscales Manuel Fernández Guerra y Juan Enrique Egocheaga, delegados de Anticorrupción en Sevilla, presentado ante la Audiencia Provincial el pasado 1 de marzo.

La apelación del Ministerio Público cita en sus conclusiones una sentencia de 2022 del Tribunal de la UE, el mismo órgano al que la Audiencia sopesa remitir el caso ERE, que establece también que “la obligación de garantizar que tales delitos son objeto de sanciones penales eficaces y disuasorias no dispensa al órgano jurisdiccional remitente de verificar el necesario respeto de los derechos fundamentales”.

Los fiscales, por tanto, defiende que el TC ha actuado en el ejercicio de sus competencias sin trangredir ninguna normativa europea. “Ninguna duda existe de que el Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial por entender que la misma incurre en aplicación extensiva o analogía in malam partem de un tipo penal pues, en tales casos, la interpretación del órgano jurisdiccional incurre en vulneración del principio de legalidad proclamado en el artículo 25” de la Carta Magna, reza el escrito.

La propia jurisprudencia del TJUE y del Supremo, que cita el documento, advierte de que las dudas sobre posible incompatibilidad del derecho nacional con el europeo “pueden ser resueltas por el propio tribunal nacional” y “desaconsejan el planteamiento de una cuestión prejudicial ante Luxemburgo: ”La duda expresada por el órgano jurisdiccional puede ser resuelta con arreglo a las normas del derecho interno sin apreciar incompatibilidad con la normativa europea“, concluye.

Los fiscales también impugnan lo afirmado por la Audiencia Provincial en su providencia del 18 de marzo, al afirmar que “el Constitucional no ha optado por una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación”, como subrayaron los jueces del tribunal ordinario. “Las consideraciones que han conducido al Constitucional a alcanzar esta conclusión [esto es, que en realidad fue la Audiencia y el Supremo los que hicieron una ”interpretación extensiva“ y, por tanto, vulnera el derecho de legalidad de los condenados] no resultan irracionales y mucho menos arbitrarias”, subraya el escrito de los fiscales.

El PP carga contra la Fiscalía

La cuestión prejudicial que ha planteado la Audiencia de Sevilla tras las sentencias del Tribunal de Garantías que anularon parcialmente las condenas a Chaves y Griñán ha desatado un terremoto judicial y político en España. Es un escenario sin precedentes que ha enfrentado la opinión de magistrados, tanto del sector conservador como del progresista. En el órgano que preside Cándido Conde Pumpido hay voces autorizadas que lo consideran un “acto de rebeldía”.

En el ámbito político, el PP ha acusado abiertamente a Conde Pumpido de “corrupto” y de estar instrumentalizando el Tribunal Constitucional para “blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de España”, en referencia a los ERE. En plena polémica por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, al tildar de “vergüenza” la sentencia exculpatoria del futbolista Dani Alves, muy contestada por el sector judicial por ir “contra la presunción de inocencia”, los populares han señalado públicametne tanto a Conde Pumpido como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusan de actuar de parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su comparecencia de este miércoles ante la prensa, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha referido a García Ortiz citando una página de Abc en su edición de hoy que habla de supuestos intentos del fiscal general para que Anticorrupción se opusiera al planteamiento de la Audiencia de Sevilla de llevar el caso ERE al Tribunal Europeo. La decisión del Ministerio Público se hizo pública el pasado lunes -adelantada por El Confidencial-, pero no ha sido hasta hoy cuando se ha difundido el escrito de los dos fiscales delegados en Sevilla.

“La Fiscalía Anticorrupción, y todas sus delegaciones, así como la Audiencia Provincial de Sevilla merece que se les respete y se les defienda. Lo que está pasando no tiene nombre: a los mayores garantes de la defensa de las leyes, da la impresión, de que pudieran estar colaborando en esta estrategia torticera de blanquear el mayor caso de corrupción de la historia, maniatando a la Audiencia de Sevilla, que ha querido apelar a la Justicia europea. Me parece escandaloso”, ha asegurado Martín.

Horas después de su comparecencia se ha hecho público el escrito de los fiscales anticorrupción, argumentando a favor del criterio del Constitucional y en contra de la Audiencia de Sevilla.

Las críticas abiertas del PP andaluz al Ministerio Público tras discrepar de su intención para que el Tribunal de Luxemburgo revise la anulación de las sentencias dictada por el TC provoca el primer cisma entre ambos dentro de un procedimiento judicial que ha durado más de una década. Hasta hoy, los populares, personados como acusación particular en el caso ERE, han elogiado siempre los pasos que ha ido dando Anticorrupción.

La posición procesal de la Fiscalía en la llamada pieza política fue coincidente con el criterio de la Audiencia de Sevilla: los fiscales acusaron a Chaves de prevaricación y a Griñán de prevaricación y malversación, como a otros 19 exaltos cargos de los anteriorres gobiernos socialistas, que terminaron siendo condenados. También se alineó con el criterio del Tribunal Supremo, que refrendó esas acusaciones en las sentencias definitivas de 2022.

El PP aplaudió cada paso, sin embargo, ahora carga duramente contra los fiscales por distanciarse del criterio de la Audiencia y alinearse con el enfoque del Constitucional, que anuló las condenas en el caso ERE por considerar que el tribunal ordinario había vulnerado el principio de legalidad penal.

El Ministerio Público también rechaza que las conductas que se enjuician aquí afecten a los intereses financieros de la UE, como llega a plantear la Audiencia, al vincular la anulación parcial de las sentencias de la pieza política de los ERE con el fraude de las ayudas millonarias que concedió la Junta de Andalucía (y que son objetos de otras causas cerradas y aún en proceso).

“El TJUE ha afirmado en numerosas ocasiones que la obligación de los jueces nacionales de interpretar la normativa interna conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, incluso cuando se trate de evitar un riesgo sistemático de impunidad en materia de corrupción, no autoriza a violentar el derecho de legalidad penal, pergeñando interpretaciones de los tipos penales que desborden su sentido literal”, dice el documento.