El decreto contra la exclusión social cierra el año con 150.000 beneficiarios
Cerca de 150.000 beneficiarios, 17.000 menores con tres comidas garantizadas al día en más de 1.000 colegios, 30.000 contratos y más de 55.500 salarios sociales. Son las cifras que presenta el decreto andaluz de lucha contra la exclusión social, según datos de la Administración. Una “red de seguridad” tejida en un año, 2013, con un 21% de la población inmersa en tasas de pobreza relativa.
Esta “difícil situación económica”, según el Ejecutivo regional, hace “necesario” prorrogar una iniciativa que amplía su presupuesto en 2014 hasta los 164 millones de euros (unos 5 millones más que el anterior). Y mantiene, aseguran, líneas que ayudan a “mermar desigualdades que son fuente de exclusión social, pobreza y desafección”, en palabras de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Como el Plan Extraordinario de Acción Social, que apuesta por el empleo y la consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, o el Ingreso Mínimo de Solidaridad. El decreto ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social recoge también medidas como el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria (Plan Syga) que viene a cubrir las necesidades básicas de alimentación “a las familias en situación más difícil”.
Desayuno, almuerzo y merienda para 16.749 alumnos
Desayuno, almuerzo y merienda para 16.749 alumnosEn el arranque del curso académico el Gobierno andaluz universalizó una iniciativa que atendía zonas con necesidades de transformación social. El Plan Syga, disponible ahora en cualquier centro educativo con servicio de comedor, beneficia a 16.749 menores de 1.003 colegios andaluces que tienen garantizadas tres comidas al día: desayuno, almuerzo y merienda.
Con una dotación de 20 millones de euros, aglutina “esfuerzos” de Junta de Andalucía, colectivos, organizaciones y ONG entre comedores, economatos sociales y provisión directa de alimentos. Se llega así a una población con escasos recursos y dos colectivos “en los que se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad: los niños y las personas mayores”, expone Sánchez Rubio.
Los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar determinan los beneficiarios mediante un informe. A partir de ahí, existen ayudas económicas a familias con menores a su cargo y que carecen de recursos (unas 22.500) o “el reparto de tres comidas diarias en comedores escolares que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social”.
Es el caso del CEIP San Francisco de Asís en Alameda (Málaga) o del CEIP Rodríguez Marín en Osuna (Sevilla). Con situaciones diferentes, el Plan Syga beneficia “cada semana a entre 10 y 15 familias” en el municipio malagueño incluso con contrataciones temporales, explica su alcalde, Juan Pineda. Mientras, en el caso ursaonense ha servido para “rescatar” a unos 30 alumnos que en septiembre habían quedado sin acceso a comedor.
La crisis incrementa el número de familias en dificultades
La crisis incrementa el número de familias en dificultadesEn Alameda el censo se actualiza “según las necesidades” y atendiendo a informes en los que participan diversos colectivos del pueblo. Aunque el problema va a más. “Se está notando mucho la crisis”, señala Pineda, que constata “un aumento de familias de un año para otro” que reclama ayuda para cubrir necesidades básicas.
Y en Osuna, alrededor de 50 familias lanzaban una protesta a comienzo de curso. Sus hijos quedaban fuera del servicio de comedor y en algún caso entendían, y así lo reclamaron, esa era la opción más segura de garantizar la alimentación de los menores. Una solución que ahora llega a 30 familias a través del Plan Syga y que se refuerza también con actividades extraescolares gratuitas para esos alumnos.
La crisis económica ha elevado la necesidad de atención a determinados colectivos. Personas que en otras condiciones no requerirían este aporte y ahora acuden a los servicios sociales municipales, que canalizan la ayuda incluida en el decreto andaluz. Para mayores de 65 años, existen opciones como la bonificación en comedores (más de 119.000 comidas bonificadas al 50%) y a domicilio cuando tengan dificultades de movilidad (8.728 personas),
Otra medida contemplada en el decreto, el Plan Extraordinario de Acción Social, incluye el Programa de Ayuda a la Contratación, dotado con 40 millones y al que se ha adherido el 99,6% de los ayuntamientos andaluces –768 de 771 municipios. Son empleos (unos 26.000) por periodos de entre 15 días y tres meses en “actividades de especial interés para la comunidad”.
El Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio (dotado con 20 millones), apoyado en 82 localidades y en las ocho diputaciones provinciales, mantiene unos 2.200 puestos de trabajo y presta servicio a más de 13.500 usuarios. Por su parte, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, con un presupuesto de 70 millones de euros ampliados en casi 30 más “hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica”, presenta 60.072 solicitudes de las que se han concedido 55.577 salarios sociales.
