El Gobierno andaluz admite ahora que el gasto de 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla con cargo a una tarjeta de crédito de su propiedad puede constituir un delito de “malversación de fondos públicos y apropiación indebida”. La Junta está personada en la causa que investiga posibles irregularidades en la tesorería de la extinta Faffe -Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo- y acaba de reclamar a la jueza que amplíe diligencias e investigue si el uso de la tarjeta de crédito, el 22 de marzo de 2010, implica delitos con penas de prisión.
Hasta ahora, la Junta defendía que el gasto de los 15.000 euros en el prostíbulo no había supuesto ningún “menoscabo de fondos públicos”, porque alguien volvió a la mañana siguiente al local y pagó la factura en metálico, evitando que se cargara en la tarjeta de la Faffe. Sin embargo, cuando la Consejería de Empleo lo descubrió al acceder a los extractos bancarios de la tarjeta, remitió la documentación al gabinete jurídico del Gobierno andaluz, y éste se lo entregó a la jueza del caso, María Núñez Bolaños, solicitándole una ampliación de diligencias por supuestos delitos de malversación y apropiación ilícita. Los letrados de la Junta sí consideraron la posibilidad delictiva, aunque las facturas de 15.000 euros en el club de alterne fuesen retiradas de la contabilidad pública, sin llegar a cargarse en la tarjeta de la Faffe. Es algo que tendrá que determinar el juzgado, pero sí es cierto que a partir de una determinada cantidad -400 euros- el uso irregular de dinero público puede representar un delito de malversación, según el Código Penal, de ahí que la Junta haya pedido a la juez ampliar diligencias.
El consejero de Empleo, Javier Carnero, ha solicitado a la magistrada una nueva declaración del que fuera director general de la Faffe y portador de la tarjeta de crédito, Fernando Villén, una vez que ha remitido la documentación solicitada al mismo. Carnero se ha enfrentado este jueves en comisión parlamentaria a la crítica unánime de todos los partidos de la oposición, indignados por este suceso. El PP ha registrado la propuesta de constituir una comisión de investigación en torno a la Faffe y al episodio del gasto de en un prostíbulo. Podemos e IU ya han avanzado que votarán a favor de la solicitud, de hecho el coordinador regional de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo, ha ido más allá al pedir la dimisión de Carnero por haber ocultado información al Parlamento. Por último Ciudadanos, socio de legislatura del Gobierno de Susana Díaz, tampoco descarta apoyar la comisión de investigación. De momento, el partido naranja pedirá la comparecencia del consejero de Empleo en el Pleno del Parlamento para esclarecer este “turbio” asunto.
Durante la comisión, Carnero ha vuelto a calificar de “lamentable y deleznable” el uso de la tarjeta de la Faffe con la que se realizaron, en menos de seis horas, 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010. Ese mismo día, el entonces presidente José Antonio Griñán acababa de remoderla su Gobierno y había destituido al consejero de Empleo, Antonio Fernández, jefe político de la Faffe y, a la sazón, uno de los principales imputados en el caso ERE. Los populares le han pedido a Carnero que explique cuántos cargos públicos y miembros del Gobierno andaluz estaban ese día con Villén en el prostíbulo, y si los 15.000 euros se gastaron sólo en alcohol o también en drogas y prostitutas. “Tenemos el antecedente de la compra de cocaína con el dinero público de los parados del caso ERE”, ha recordado la diputada del PP andaluz, Teresa Ruiz Sillero.
La oposición le reprocha a Carnero que compareciera en el Parlamento el pasado 12 de junio para dar explicaciones sobre este asunto -12 días después de remitir la documentación sobre el gasto irregular de la tarjeta en el prostíbulo- y omitiese esta información a la Cámara, pese a las preguntas de los grupos. El consejero ha advertido de que “nunca ha faltado a la verdad ni ha ocultado información” sobre este asunto. Su departamento presentó la documentación en el juzgado pero no la hizo pública, dice, por respeto al sumario reservado. Carnero se escuda en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “Este gobierno ha estado implicado en el esclarecimiento de la verdad desde el minuto uno”, ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que “no hay adjetivo para definir esto si, finalmente, ha sido así”.