Un año del caso Juana Rivas: de “huir del maltrato” a sentencia culpable
Hace justo un año saltaba la noticia: una madre de un pueblo de Granada se negaba a entregar a sus dos hijos a su expareja en el punto de encuentro familiar y se daba a la fuga con ellos. Juana Rivas esgrimía que Francesco Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar cuando convivían. “Venía huyendo de maltrato, ¿cómo iba a entregar a mis hijos?”, dijo el otro día en el juicio al que ahora se enfrenta y en el que la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por delitos de sustracción de menores y de desobediencia, así como seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad. un año después, el periplo judicial de estos progenitores ha sido enorme en estos 365 días. Pero el caso venía de atrás.
'Juana está en mi casa', defendieron simbólicamente sus vecinos de Maracena. Pero apenas quince días después de aquella escapada casi anunciada, el juez ordenaba la detención de Juana Rivas y, acto seguido, la Audiencia de Granada la obligaba a entregar a sus hijos, que debían retornar a Italia con su padre para que los tribunales de aquel país decidieran la situación familiar.
Los magistrados criticaron entonces las sucesivas “actuaciones procesales” de la madre de Maracena “que le han permitido ganar tiempo hasta la exasperación”. Los juzgados debían ejecutar defnitivamente una sentencia del abril anterior que daba tres días a la madre para entregar a los menores a su padre. La justicia le seguía ya los pasos, ya que en diciembre de 2016 una sentencia la obligaba a entregar a los dos menores.
A finales de agosto, Rivas entregó finalmente a los niños y, unos días más tarde, acudió a los juzgados de Granada para enfrentarse a supuestos delitos de sustracción de menores y desobediencia. Allí pidió que se tuvieran en cuenta “las circunstancias” que habían rodeado su caso, al igual que ha recordado estos días en el juicio. Paralelamente, un Tribunal de Cagliari (Italia) tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia sobre los niños.
Juana Rivas, en todo caso, deberá indemnizar a Arcuri por el mes en que permaneció en paradero desconocido. El hombre, además de los 30.000 euros que le pide por daños morales, le reclama al menos 1.912 euros por los gastos derivados de los viajes desde Italia y el alojamiento por el tiempo que tuvo que permanecer en Granada durante el largo mes de agosto pasado. Su equipo jurídico, asimismo, pidió que se dejara de “utilizar” a su representado y a su expareja como “paradigmas” de la violencia de género en España.
Con todo, el juicio contra esta madre se ha celebrado en Granada después de suspenderse el paado mes de junio después de una esperpéntica sesión. El abogado de Rivas, Juan de Dios Ramírez, aseguró en el plenario que no estaba capacitado para ejercer su defensa porque otro letrado, José Estanislao López, de baja entonces por enfermedad, era el encargado.
No ha sido el único momento en que ha tenido dificultades relacionadas con sus abogados. Cuatro ha tenido en los últimos años y asegura que ninguno le recomendó que atendiera los requerimientos para devolver a sus hijos entre diciembre de 2016 y julio de 2017. Rivas ha insistido en todo este proceso en que actuó “como una madre” y que, cuando se mudó a Carloforte (Italia) junto a su expareja y a sus dos hijos, lo hizo para darle “una oportunidad”.
También han tenido problemas con la justicia algunos de sus asesores más cercanos. Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, y la psicóloga Teresa Sanz, tuvieron incluso que declarar como investigadas ante su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores atribuidos a Juana Rivas. Ambas negaron que le incitaran a huir con sus hijos, mientras que familiares directos de la propia madre también se acogieron a su derecho a no declarar. El juzgado, en cualquier caso, archivó el caso en este sentido.
Los niños, desde que la madre se los entregó a finales del pasado agosto, viven en Carloforte con Francesco Arcuri, si bien Juana Rivas se ha ido desplazando varias veces a Italia para visitarles durante estos meses. Y allí seguirán porque Juana Rivas ha sido condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, e incumpliera a juicio del tribunal, las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, y a seis años de pérdida de la patria potestad.
