La justicia italiana aplaza a junio la decisión sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas

Juana Rivas tendrá que esperar un mes y medio más para saber si recupera la custodia de sus hijos. El tribunal civil de Cagliari (Italia) ha aplazado su decisión sobre los menores que tiene en común con su expareja, Francesco Arcuri, tras la vista celebrada este viernes. La nueva cita tendrá lugar el próximo 10 de junio después de que el juez que instruye la causa haya solicitado informes psicológicos y de los profesores de los niños antes de adoptar la decisión definitiva.

La granadina perdió la custodia en marzo de 2019 después de que la justicia italiana se la arrebatase tras permanecer durante más de un año huida junto a sus hijos del domicilio que compartía con Arcuri en Carloforte (Italia). Lo hizo alegando que volvía a España “huyendo de maltrato”, pero desoyendo a su vez dos órdenes judiciales que le obligaban a devolver a los niños a su padre. Tras aquello, fue condenada a la pérdida de la custodia, fallo que apeló entonces y que no se resolverá ahora hasta junio.

Con este aplazamiento, Juana Rivas recibe un revés judicial cuando esperaba tener una decisión firme tras semanas de buenas noticias. Aunque llegó a ingresar en prisión en el centro Matilde Cantos de Granada el pasado mes de junio, la granadina está en libertad desde que la pasada Navidad se le concediese de forma vigilada y la Audiencia de Granada anulase hace un mes el fallo del juez Manuel Piñar que se negaba a dejarle en libertad pese al indulto parcial del Gobierno que rebajó su condena a año y medio de cárcel. Desde entonces, Rivas está en la calle.

Sin custodia por marcharse con los niños

Lo que está deliberando ahora la justicia italiana, y que se tendrá que resolver el 10 de junio, tiene su origen en los hechos que transcurrieron entre la primavera de 2016 y el verano de 2017. Durante ese año, Juana Rivas estuvo residiendo en Maracena (Granada) junto a sus dos hijos tras haber huido de Italia aprovechando unas vacaciones pactadas con el padre de estos, Francesco Arcuri. Como la granadina expresó que no iba a volver tras pedir amparo al Centro de la Mujer de Maracena por presuntos maltratos, Arcuri movió ficha y reclamó la devolución de los niños que Juana desoyó hasta en dos ocasiones.

En la última, el 26 de julio de 2017, Rivas desapareció junto a sus hijos y no se presentó al punto de encuentro familiar donde debía entregarlos. Así estuvo durante un mes contando con el respaldo de buena parte de la sociedad y hasta de la clase política, esperando que la presión mediática jugase a su favor. Finalmente, no ocurrió y tuvo que devolver a los niños a su padre que desde entonces residen con él en Italia. Aquello acabaría costándole en 2019 una condena de cinco años de prisión y seis de pérdida de la patria potestad por la sustracción ilegal de sus hijos. Una condena a la que se sumó en marzo de ese mismo año la pérdida de la custodia de los niños por orden de la justicia italiana.

En libertad desde Navidad

Lo ocurrido después ya es de sobra conocido. Juana Rivas recurrió ambas sentencias logrando éxitos judiciales. En primera instancia el Tribunal Supremo redujo a la mitad su pena de prisión, aunque eso no evitó que entrase en la cárcel hace ahora casi un año. En noviembre, el Gobierno central le concedió a la granadina el indulto parcial por el que su condena de prisión quedaba reducida a año y medio de cárcel y la pérdida de la patria potestad se conmutaba con servicios sociales durante 180 días.

Al ser delincuente primaria, Rivas podía salir en libertad al no tener antecedentes y tener una pena privativa de menos de dos años. Algo a lo que en principio se negó el mismo juez que la condenó en 2019 alegando que la granadina no mostraba arrepentimiento y que podía ser un peligro para sus hijos. Sin embargo, la Audiencia de Granada desoyó al magistrado y anuló su fallo a finales de marzo dejando a Juana Rivas en la calle.

Hasta que se decida finalmente sobre la custodia de los hijos de Juana Rivas, aún habrá otro asunto judicial pendiente. La defensa de Arcuri mantiene en curso su apelación contra el indulto concedido en noviembre al considerar que el Gobierno no es competente para decidir sobre la patria potestad, sino que ese es un principio que debe regirse a través de los juzgados.