Los casi 40 años de gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía dieron para una larga lista de acusaciones de nepotismo y/o enchufismo por parte de la oposición del Partido Popular, algunos especialmente llamativos, y raramente despachados con la rapidez que este miércoles lo ha hecho el consejero de presidencia, Elías Bendono. En sus declaraciones, Bendodo ha negado trato de favor en la designación de la hermana del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como directora de un conservatorio malagueño. Bendodo ha dicho que el acceso de María Dolores Moreno Bonilla a la dirección de un Conservatorio Superior de Málaga responde a “una decisión técnica”.
La explicación ha quedado ahí, pero ahora el PP se enfrenta a lo que ha promovido en muchas ocasiones con más o menos pruebas y con más o menos éxito; en algunos casos con denuncias en los juzgados y en otros, no. He aquí, algunos ejemplos.
Quizás uno de los casos más llamativos se produjo en marzo de 2005. La entonces vicesecretaria del PP-A, Esperanza Oña, no acusó de nada directamente, pero sí dijo en el Parlamento a la entonces consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, si “van bien los trabajos de sus dos hermanos colocados en la Junta y de su hermana en la Diputación”. No habían tales cargos para tales hermanos. Días después, se demostró que Oña había acusado sin fundamentos a Naranjo, pero nunca se disculpó por ello.
El 9 de abril de ese mismo año, el PP-A anunció que estaba investigando la contratación de determinadas personas por la Junta y empresas de la Administración autonómica cuyos apellidos “coinciden de manera extraña” con altos responsables del PSOE, del Gobierno andaluz, del Ayuntamiento de Sevilla y de la FAMP.
Lo hizo el entonces secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, asegurando que atribuyó estas “extrañas coincidencias” al hecho de que los socialistas lleven gobernando en Andalucía “cerca de un cuarto de siglo”, citando apellidos como “Chaves González” en relación con la plantilla de la RTVA y la dirección general de Tecnologías e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo, aunque también mencionó los apellidos “Torres Vela, Sánchez Monteseirín, Gracia Navarro, Pizarro Medina, Perales y Toscano Sánchez”. Y todo por “anónimos” recibidos por el Partido Popular que Zoido dijo que habría que investigar.
Hacía pocos días que se había producido la metedura de pata de Esperanza Oña, y precisamente Zoido fue preguntado por eso, aunque planteó una huida hacia adelante sosteniendo que efectivamente era una información “errónea”, pero insistió en que “si alguien cree que en el Gobierno andaluz no se favorece a los familiares es que es de otro planeta y no conoce dónde está”.
Uno de los últimos ejemplos ha sido con la presencia de la expresidenta, Susana Díaz, como eje del ataque. El 8 de noviembre de 2018, el PP andaluz informó de que pediría a la Diputación de Sevilla y a la empresa Prodetur el expediente completo del contrato con la empresa Biodiesel Andalucía 2004, así como la justificación de la subvención y la relación de trabajadores adscritos a dicho contrato, entre ellos una cuñada de la presidenta.
El contrato adjudicado por la Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, se efectuó en el marco de la campaña de recogida de aceites vegetales usados para la producción de biodiesel, a través de la promoción de empleo local. El caso llegó al senado, donde Luis Aznar (PP) afirmó que se contrató “con una clave numérica” que indicaría la recomendación, a la cuñada de Díaz, Aurora Moriche, y a Fernando Vargas, marido de la exdelegada de la Junta en Sevilla, Esther Gil.
Chaves: más años en el poder, más acusaciones de nepotismo
El 14 de septiembre de 2006 tuvo que comparecer el expresidente andaluz, Manuel Chaves, apelando al derecho de su familia a mantener relaciones contractuales con la Junta en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos, y achacó las denuncias contra sus hermanos a un “montaje” motivado por el “resentimiento, el rencor y el deseo de venganza” contra él.
Respondía a preguntas formuladas por el PP y el Partido Andalucista sobre las ayudas de la Junta a la empresa Climo Cubierta S.A., cuyo asesor era Antonio José Chaves, hermano del entonces presidente. Tras rechazar las acusaciones vertidas por el PP y PA de falta de explicaciones sobre este asunto, Chaves aseguro que era “falso” que Climo Cubierta incrementara las concesiones de la Junta en la actual legislatura respecto a la pasada.
Incluso, según recordó a la portavoz del PA, Pilar González, las ayudas de la Junta en el periodo 2004-2006 -por valor de unos 1,3 millones de euros- resultan inferiores incluso que las hechas por dos ayuntamientos gobernados por el PA -por valor de unos 1,9 millones de euros-.
Especial tensión tuvo el enfrentamiento dialéctico entre Chaves y la portavoz del PP, Teófila Martínez, quien aseguró que en este caso se vulneró la ley de incompatibilidades del director general de Infraestructuras, Leonardo Chaves, también hermano del presidente, además de “abuso poder, falta de ética e información privilegiada”.
Ante esta última acusación, Chaves recordó a Martínez que se trata de un delito y le instó a acudir a los tribunales a denunciarlo. No hubo denuncia.
Las acusaciones, no obstante, no han ido a parar solamente a familiares de cargos socialistas en el Gobierno andaluz. El 29 de marzo de 2005 salpicaron al entonces alcalde de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Juan Escámez. Fue acusado de modificar el proceso para ampliar la edificabilidad de una parcela para VPO, y denunció el “acoso” y el “linchamiento moral” que sufría por ser amigo de Manuel Chaves.
La finca “Horcaperros” fue recalificada en 2000 por el anterior gobierno del PP, tras iniciar ese expediente en 1997 y preverse su futura ejecución por el sistema de expropiación, pero dijo que desde esa fecha y en siete años nunca se inició el expediente expropiatorio ni se expropió el suelo, luego comprado por la empresa de dos sobrinos del ex presidente del Gobierno Felipe González. Tras recalificar la parcela para hacer 60 pisos -40 por hectárea, aunque en ese sector se autoriza un máximo de 78,8-, el Consistorio perdió la subvención que pidió entonces el gobierno del PP para la futura expropiación al no presentar la documentación.
Manuel Chaves, de hecho, ha sido aludido en varias ocasiones. Quizá la más llamativa en mayo de 2009, cuando fue acusado de favorecer a una empresa en la que trabajaba su hija con la subvención de 10,1 millones concedida a la empresa “Minas y Aguas Teñidas” (Matsa), a la que estaba vinculada laboralmente como apoderada de la empresa.
Chaves sostenía que no tenía nada de especial que una empresa como ésta recibiese una ayuda que representa poco más del diez por ciento del coste total de su proyecto, que crearía 460 puestos de trabajo. Este caso sí llegó a los tribunales pero, finalmente, el Tribunal Supremo revocó la decisión del TSJA de abrir expediente sancionador a Chaves.
Cronológicamente, uno de los últimos casos es del pasado 9 de marzo, cuando la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, denunciaba que la expresidenta andaluza, Susana Díaz “mintió” en la comisión parlamentaria de Formación sobre la relación de su marido con los cursos de formación. “Susana Díaz compareció en la comisión de Formación, se le preguntó por este hecho y calló y mintió”, criticaba López, que recordó las palabras de Díaz en las que para eximir de culpa a su marido lo calificó como “un tieso”, pero “el tieso no estaba tan tieso, porque como mínimo ha participado de dos subvenciones que desvió UGT”. Lo afirmaba en base a una información publicada ese día por el diario El Mundo, sin que el asunto tuviese, hasta ahora, más recorrido.