Un campamento militar a seis kilómetros de Lepe, opción para los migrantes que se quedaron sin chabolas

Un campamento militar es la solución de urgencia planteada por el Gobierno de España para acoger a los inmigrantes que se quedaron sin nada hace dos semanas en Lepe (Huelva) cuando un incendio destruyó las chabolas en las que vivían. 

Este sábado, por sorpresa, sin convocatoria a los medios (avisados ya cuando la visita estaba a punto de finalizar y sin ubicar a los protagonistas), un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra se ha desplazado al municipio onubense para estudiar la instalación de un campamento donde acoger a los inmigrantes que se encuentran pululando por la ciudad sin vivienda ni techo alguno.

A la visita no le ha faltado la gresca política. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha reprochado a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lepe la “falta de respuesta” ante la situación, y que haya tenido que ser el Ejército el que se haya movilizado para planificar un campamento. Sin embargo, unas horas antes, la delegación del Gobierno en Andalucía aseguraba en un breve comunicado que “la actuación del Ejército ha sido solicitada por las autoridades locales a la Delegación de Gobierno y transmitida al Ministerio de Defensa su aprobación”.

Varios emplazamientos

Batallas políticas aparte, los militares que se han desplazado pertenecen a la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG 21), con base en Sevilla, y han visitado distintos puntos del extrarradio del municipio, acompañados por un técnico municipal del área de Urbanismo y el alcalde accidental, Adolfo Verano.

La idea es instalar un campamento de tiendas, literas, y material de habitabilidad, de modo que puedan al menos tener un sitio estable en el que estar, con el fin de prevenir posibles contagios por coronavirus en asentamientos que se encuentran en precarias condiciones tras dos incendios sufridos en Lepe.

A unos seis kilómetros del pueblo

La visita se ha centrado, entre otros lugares, en el parque industrial La Gravera. Es un gran polígono ubicado en la salida 117 de la autovía Huelva-Ayamonte. Tiene tres carreteras para llegar desde el pueblo, y la más corta tiene seis kilómetros. A favor tiene que cuenta con tres solares al menos, que se han visitado, y tienen acometidas de agua y luz. En contra, que cualquier tienda para que las personas que allí vivan se aprovisionen de alimentos está al menos a seis kilómetros.

Inicialmente ha quedado descartado que el campamento se vaya a instalar en los terrenos donde se han ubicado algunos de los que se han quemado últimamente, donde varios inmigrantes han llegado a levantar por su cuenta algunas chabolas al no contar con alojamiento desde el suceso.

“Emergencia humanitaria”

Según la subdelegada del Gobierno, “no se puede consentir que en torno a cien personas, no sabemos el número, anden por las calles sin tener dónde pernoctar, dónde asearse, dónde comer…, y el Gobierno, en un principio va a dar respuesta a esta emergencia humanitaria y sanitaria”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que sostiene que “viene trabajando desde hace años, y especialmente en los últimos meses, en la búsqueda de soluciones definitivas al problema del chabolismo y las infraviviendas en la localidad, para lo que ha pedido en numerosas ocasiones la colaboración de las administraciones estatales y autonómicas competentes en materia de extranjería, inmigración, trabajo o vivienda, así como de los sectores productivos implicados”.

“El Consistorio ha expresado siempre su disponibilidad a colaborar y poner recursos encaminados a solucionar el problema, si bien tanto sus medios como sus competencias son muy limitadas para atajarlo por sí mismo y requieren el compromiso de todos los agentes políticos, sociales y económicos relacionados”, concluye.

Desde el lunes

A falta de plazos concretos, la subdelegada cree que, si se toma la decisión finalmente, el campamento comenzará a instalarse el próximo lunes 27 de julio. No se sabe, una vez en pie, cuánto tiempo estará disponible, y Parralo señala: “no es definitiva, no implica derechos adquiridos, no debe servir de reclamo para otros municipios”.