Los intérpretes de lengua de signos del ámbito educativo piden a la Junta que rescate el servicio
El alumnado con diversidad funcional auditiva de los centros educativos públicos de la Junta no tendrá este miércoles y jueves su habitual puente comunicativo en las aulas. Los 150 intérpretes de lengua de signos que prestan servicio en aproximadamente un centenar de centros para más de 200 personas sordas en Andalucía están convocados a una nueva huelga tras la protagonizada el pasado 2 de diciembre. “No ha cambiado nada desde entonces”, lamenta Rosa María Ruiz, que trabaja como intérprete en Málaga.
Las reivindicaciones se centran en reclamar a la Administración que asuma completamente la gestión del servicio y no subcontrate el servicio a empresas privadas a través de un concurso público. Esta situación, lamentan, genera “diferencias” entre trabajadores de una u otra provincia según la empresa adjudicataria (actualmente hay tres en la región), por lo que exigen “las mismas condiciones laborales” en toda Andalucía para los intérpretes independientemente de la entidad concesionaria. También lamentan la “inseguridad laboral” entre los empleados y reclaman ser integrados como personal laboral de la Junta.
“Es cuestión de voluntad política, porque dinero hay, ya que se nos contrata a través de dinero público aunque la gestión corre a cargo de la empresa subcontratada”, explica la representante malagueña. Actualmente, se rigen por el convenio de atención a personas con discapacidad en centros educativos públicos (ESO, Bachillerato, ciclos formativos, escuelas de arte, …). Entienden que trabajan para la Junta, no para las empresas privadas, y exigen el reconocimiento y la dignificación de su profesión, así como que se respete la antigüedad en la asignación de nuevos puestos a principios de curso.
Los intérpretes son llamados allí donde se matricule un alumno con discapacidad auditiva y se encargan de reproducir las explicaciones del profesor. “Eso dentro del aula, porque también hablamos con los padres, vamos a las reuniones, a las tutorías,...”, explica Ruiz. El colectivo pide el reconocimiento de sus funciones laborales y de la justificación pedagógica de las horas de preparación que se requieren para signar adecuadamente términos técnicos de cada asignatura, según denuncian.
Según explicó recientemente Adriano Fernández, de CCOO Granada, en 2007 se abrió el proceso para reconocerlos como personal laboral de la Junta de Andalucía pero todavía no se ha hecho efectivo. Ese acuerdo acabaría con la precariedad que vienen sufriendo desde hace años, ya que perciben salarios inferiores a lo que les correspondería como personal laboral, con jornadas a tiempo parcial y sin tener reconocida su antigüedad, al haber trabajado para numerosas subcontratas (algunos llevan más de quince años trabajando pero cuentan con una antigüedad de pocos meses). CCOO considera que la Administración ha incurrido en una cesión ilegal de trabajadoras y trabajadores.
Concentraciones provinciales y una marcha regional
El colectivo denuncia también la “opacidad” de los contratos entre las empresas y la Administración, y piden “el rescate del servicio de interpretación por la Administración ante los incumplimientos del pliego de las empresas” y una consecuente “pérdida de atención educativa a alumnos con necesidades debido a los diferentes casos de negligencia”. Según Rosa Ruiz, “antes se nos dejaba dos meses en paro en verano con la incertidumbre de si volveremos a trabajar y desde hace dos años somos fijos discontinuos”.
Este miércoles, el colectivo denunciará su situación en cada una de las provincias concentrándose en las delegaciones territoriales de Educación y ante las gerencias provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación. El jueves se ha organizado una marcha a nivel andaluz, en Sevilla, que comenzará a las 11.00 horas en la Plaza de la Encarnación y finalizará en el Parlamento andaluz. La Consejería de Educación, consultada por este periódico, no ha querido comentar nada respecto de las reivindicaciones de este colectivo.
