La denuncia que en octubre pasado presentó el concejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Baquerín, acerca de las apropiaciones hechas por la Iglesia sobre bienes de carácter público ha llegado a manos de una jueza que ha abierto una investigación al respecto. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha abierto diligencias previas para determinar el alcance de las inmatriculaciones de distintos bienes por parte de la Iglesia en los últimos años.
Y es que esta denuncia se interpuso tras conocerse que el Cabildo Catedralicio inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad el monumento del Triunfo de San Rafael –que aparecía en el inventario de bienes del Ayuntamiento-, la plaza del mismo nombre y la plaza de la Fuensanta, ambos espacios públicos. Asimismo, se inmatricularon bienes que constaban en el inventario municipal como públicos, como el San Rafael de la torre de la Mezquita-Catedral, la Fuente del Patio de los Naranjos y la Fuente del Caño Gordo, ambas también en la Mezquita, monumento íntegramente inmatriculado en 2006 por la Iglesia.
Se abre así por primera vez una investigación judicial sobre las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia, después de que este concejal presentara su denuncia ante la Audiencia Provincial de Córdoba para que estudiara si podía haber algún tipo de delito sobre estos hechos. Baquerín tendrá que acudir el próximo 20 de enero a declarar ante la juez para ratificar su denuncia y explicar todos los puntos en los que basaba su escrito. “Aportaré todos los documentos y las pruebas que existen”, ha explicado el concejal a eldiario.es/andalucia.
“Espero que, a la vista de las pruebas, prosiga con la investigación y llame a declarar a quien corresponda”, dice Baquerín en alusión a quienes cita en su denuncia como los actores que han intervenido, como agentes activos o pasivos, en estas inmatriculaciones: la Diócesis de Córdoba y su obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo Catedralicio y sus integrantes; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento con el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, a la cabeza.
Tras la declaración que deberá realizar el concejal ante la jueza la próxima semana, Baquerín espera “que se estudien estos hechos, muchos de ellos irregulares y presuntamente delictivos” y, asimismo, confía en que la jueza vea la posibilidad de “plantear una cuestión de inconstitucionalidad” sobre las inmatriculaciones, hechas al amparo de artículos de época franquista de la Ley Hipotecaria que permite a los diocesanos inscribir bienes a su nombre en el Registro de la Propiedad sin más certificado que el expedido por la propia Iglesia.
Hasta seis presuntos delitos
En su denuncia, el concejal enumeraba hasta seis hechos que podrían ser constitutivos de delitos. “Varias de las conductas y actuaciones aludidas y protagonizadas por los denunciados, resultan en apariencia irregulares y en algunos casos, pudieran ser constitutivas en diverso grado de presuntos delitos de estafa, de apropiación indebida, de usurpación, de prevaricación y dejación de funciones y de falsedad documental, entre otros”, argumenta.
Asimismo, en el escrito sobre el que ahora se ha abierto una investigación, Baquerín explicaba el “sorprendente descubrimiento de nuevas y diversas iniciativas de inmatriculación de inmuebles de aparente naturaleza pública llevadas a cabo en beneficio propio”, a su juicio, “de forma aparentemente alevosa y en diferentes momentos por representantes diocesanos e instancias provinciales de la Iglesia Católica”.
Sobre la actuación de cada uno de los denunciados a los que señala directamente en su escrito, el concejal señala las presuntas acciones irregulares. Así, explica que “la Diócesis desde hace años ha procedido a inmatricular en su beneficio propio bienes inmuebles al amparo de los distintos privilegios que le otorga la Ley Hipotecaria”, algo que “ha hecho, al menos en algunos casos, sobre inmuebles que son de dominio público o que muy bien pudieran serlo”, entre otros, todo ello, “mediante posible abuso de confianza y de posición, y sin publicidad ni consulta alguna”.
Asimismo, en la denuncia relata que “la Diócesis ha permitido, y tal vez propiciado, en su exclusivo beneficio, que bienes inmuebles inmatriculados en su favor -algo que en apariencia las administraciones públicas competentes parece que debían desconocer- (…) antes y después de las inmatriculaciones se hayan mantenido, limpiado y reparado a costa de recursos públicos”.
Sobre la actuación del Ayuntamiento de Córdoba, Baquerín apunta que “si además se diera el caso de que la administración hubiera tenido conocimiento de la situación, la responsabilidad sería común”, y en este caso, cree que “pudieran concurrir presuntos delitos de estafa y de prevaricación”. Y añade a este respecto: “En algún caso se observa por parte del actual gobierno municipal, y no es descartable que haya ocurrido en otros anteriores, una extraña pasividad, una probable dejación de funciones en la adecuada protección de bienes pertenecientes al dominio público local e incluso una posible connivencia en el intento de desafección de alguno de ellos sin concurrir los requisitos legales necesarios”.
Junto a todo ello, la denuncia también apunta a la responsabilidad que “no es excluible, al menos en algún caso” del Registro de la Propiedad de Córdoba donde la Iglesia inscribía los bienes a su nombre con la sola certificación de posesión del mismo por parte del obispo y sin ningún título de propiedad, algo que le permite la actual Ley Hipotecaria.