Susana Díaz tendrá que comparecer en la comisión de investigación porque lo pedirán el PP-A, Podemos y C's
La comisión de investigación de la formación creada en el Parlamento de Andalucía para buscar posibles responsabilidades políticas en el fraude con las subvenciones de formación entre 2002 y 2011 ha logrado cerrar tres acuerdos este martes, tras casi cuatro meses desde su constitución que se han gastado en definir sus reglas de funcionamiento y en pedir insistentemente documentación que no termina de llegar. La mayoría (PP-A, Podemos, C's e IU) ha acordado que el interventor general de la Junta de Andalucía y los ocho provinciales sean llamados a comparecer ya, para lo que todavía hay que fijar un calendario, pero los proponentes calculan que comenzarán a hacerlo en la tercera semana de febrero (los días 16, 18 y 19 en horario de mañana y tarde). El único que ha mostrado reticencias a esta “inmediatez” ha sido el PSOE-A, que tras no poder evitarlo, se plantea impugnar esta medida.
En segundo lugar, sí han cerrado por unanimidad que el 26 de enero termine el plazo para que los cinco grupos planteen su listado de comparecientes más allá de éstos. De este modo, cuando estén los listados de cada grupo, se verán los nombres que se hayan propuesto desde cada uno de ellos y se decidirá por voto ponderado, en principio el 29 de enero, lo que hará que la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, tenga que comparecer. El PSOE-A no podrá evitarlo porque lo van a pedir el PP-A, Podemos y C's, su aliado en el Gobierno de Andalucía que ya había anunciado hace meses que lo respaldaría si lo pedían otros grupos pero que, además, ha decidido tomar la iniciativa. Su paso por la comisión de investigación podría producirse en primavera, según los plazos que manejan los grupos.
En tercer lugar, se ha pactado que el presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, pida por escrito a la Junta de Andalucía que traslade la información que tenga digitalizada para un mejor manejo de la misma, y a otras administraciones y organismos a los que se les ha demandado documentación y no ha llegado, como es el caso del Servicio Estatal de Empleo, la Cámara de Cuentas de Madrid u otros gobiernos autonómicos, a los que sobre todo se ha dirigido el PSOE-A.
El cambio de estrategia de C's ha sido clave
“Cuatro meses después parece que será posible retomar, por no decir empezar, los trabajos de la comisión de investigación”, ha subrayado Elena Cortés, representante de IU en la misma. Ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia de los directores generales de formación y de los consejeros de Empleo del periodo investigado, y empresarios. Sobre la comparecencia de los interventores, espera “que contribuyan a arrojar luz, porque han elaborado diversos informes”. De momento, por lo menos IU, no ve prioritaria la comparecencia de la presidenta y no tienen previsto pedirla.
Marta Bosquet, de C's, ha destacado por su parte que el PSOE-A “estaba un poco reacio a que se iniciara ya esta ronda de comparecientes”, en referencia a los interventores. Entre otros comparecientes que propondrá su grupo, ha coincidido con IU en los directores generales y consejeros de Empleo, “desde el primero hasta el último, porque para C's nadie se va a escapar de comparecer para esclarecer la verdad”. También ha mostrado su preocupación por el hecho de que haya información que ha pedido su grupo “y no ha llegado, o lo ha hecho de forma incompleta”. En su opinión, “si tiene que venir Susana Díaz, y más después de la información que ha salido recientemente, lo hará”, y en este sentido ha confirmado que su grupo lo va a pedir, “no porque lo haya dicho Albert Rivera, sino porque también lo ha hecho Juan Marín”, portavoz parlamentario de C's en Andalucía. Igual que también incluirán en su listado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Desde Podemos, Juan Moreno Yagüe, ha avisado de que actuarán “en consecuencia”, si hay “documentación esencial que sigue sin llegar” porque su grupo hay mucha que ha solicitado y no han recibido. También ha afirmado que ellos van a pedir que comparezca Susana Díaz, si bien su listado se centrará en incluir a personal de escalafones inferiores porque entiende que puede tener un conocimiento muy específico de cómo se ha trabajado con las subvenciones. “Susana Díaz debe comparecer porque es la máxima responsable (...), también de que hayan cesado las subvenciones para la formación en Andalucía”, ha remarcado.
Mientras, por el PP-A ha hablado Carmen Crespo, quien se ha estrenado como portavoz parlamentaria ante la prensa. Ha destacado que su grupo “es el que le ha dado un impulso a la comisión de investigación” y el que “lleva la voz cantante”, tanto por el hecho de que las primeras comparecencias “ya tengan fecha” como por haber solicitado que Julio Díaz muestre “un apercibimiento” a la presidenta “para que en el plazo de una semana remita toda la documentación solicitada el pasado mes de octubre”. Ha puesto como ejemplo que su grupo hizo 106 peticiones, “de las que hasta la fecha sólo han llegado ocho y de forma incompleta”. Sobre las comparecencias ha confirmado que no sólo van a proponer la de Susana Díaz, sino también la de sus predecesores en el cargo, si bien ya tienen una pregunta para ella: “¿Cuántas sedes del PSOE-A se han financiado con fondos de formación?”. Mientras, en el caso de Fátima Báñez, ha dicho que ellos no va a “vetar a nadie”, pero ha recalcado que habrá que “pensar” si realmente hay algo que preguntarle en este marco: “No comparemos”.
“Entendemos que la presidenta no debe comparecer por la sencilla razón de que no existían convocatorias de formación en el momento en que ella tenía responsabilidades de gobierno”, ha replicado Rodrigo Sánchez (PSOE-A). Éste no ha querido pronunciarse “todavía” si por el contrario van a proponer a Fátima Báñez entre sus comparecientes. Pero tampoco ha valorado si deben comparecer los predecesores de Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, “porque todo esto es muy precipitado”. De hecho, ha justificado que su grupo no sea partidario del inicio ya de la siguiente fase “porque todavía hay mucha documentación que estudiar”. De hecho, el PSOE-A se ha topado con el cambio de criterio de C's que hasta ahora iba a una con los socialistas en la estrategia de adormecer la comisión de investigación, pero desde la primera reunión tras las elecciones generales ha decidido imprimirle otro ritmo. En este sentido, ha anunciado que el PSOE-A pretende impugnar que los interventores comparezcan de manera separada al resto, “porque incumple el plan de trabajo”. No es que no quieran que comparezcan -“los vamos a llamar también”- pero pretenden que vayan en el listado que se vote el 29 de enero y no aparte.
Por su parte, Julio Díaz ha recordado que en el plan de trabajo se incluía la posibilidad de simultanear comparecencias con estudio de documentación. Ha confirmado también que enviará un escrito mostrando su “malestar” por la falta de agilidad en el envío de la documentación por parte de la Junta de Andalucía, igual que se remitirá a las otras administraciones solicitándoles su colaboración. En cambio, sobre el anuncio de la impugnación planteada por el PSOE-A, que ha dicho desconocer, ha precisado que como presidente de la comisión de investigación le corresponde “ejecutar” el acuerdo que se ha adoptado y que por tanto se va a comunicar a los interventores su citación.
