Salud Pública

— Los nombres de las listas de espera

Antonio, un año en lista de espera para operarse la espalda: “Podría trabajar en dos meses, pero me dicen que no hay recursos suficientes”

Acostumbrado a lidiar con situaciones extremas porque es bombero, Antonio Gil está viviendo en primera persona una de las más complicadas de su vida. Con 60 años y una artrosis que avanza cada día a mayor velocidad, padece dos hernias de disco en la espalda por las que necesita ser operado cuanto antes. Este vecino de Bailén (Jaén) acumula además un infarto de miocardio que sufrió en 2022 y todo un listado de experiencias amargas relacionadas con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que le hacen temer que su situación no vaya a mejorar a corto plazo. Lleva casi un año en lista de espera.

Sus problemas de espalda comenzaron en 2019. En aquel momento, los dolores eran asumibles, según cuenta él mismo. No en vano, prácticamente cualquiera ha podido sufrir episodios de molestias lumbares o cervicales por el propio ritmo de trabajo. El problema es que en el caso de Antonio estos episodios cada vez se daban con mayor frecuencia. La misma con la que él se veía obligado a acudir a su médico de cabecera para encontrar una solución que no fuese algo temporal: “En 2021 conseguí por fin que en medicina de rehabilitación me mandasen a cirugía ortopédica”.

Hasta que en febrero de 2023 entró en la lista de espera, vivió otro periplo de visitas médicas para confirmar que su dolencia requería de una operación para liberarle las vértebras que cada vez están más deterioradas. “Mi calidad de vida es pésima”. Lo es porque aunque en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén en el que está en lista de espera pretenden operarle de una hernia discal lumbar, también padece otra cervical. Ambas en conjunto hacen que en ocasiones, a menudo frecuentes, no pueda moverse y mucho menos trabajar como bombero.

Fue hace casi un año cuando el facultativo que le atiende habitualmente le incorporó al listado de pacientes en situación preferente para ser operado debido a su mala situación sanitaria. “El propio médico me dijo que me daba preferencia y que estaba en periodo de garantía de plazos”. Un periodo que duraba 180 días y que acabó en agosto, por lo que Antonio acumula más de 300 en lista de espera. Como otros muchos ciudadanos en su situación, podría acudir a la sanidad privada para operarse y, por el decreto de garantía de plazos, el SAS tendría que asumir el coste de la operación. “Me han llegado a decir que la media de espera en mi hospital para esas operaciones es de 900 días”.

Tampoco su situación laboral le ayuda. Aunque es bombero no es funcionario porque trabaja en Bailén, un municipio de menos de 20.000 habitantes y en el que el Consistorio no está obligado a hacer empleados públicos a los profesionales de emergencias. “Esto antes no me preocupaba, pero ahora lógicamente sí”. Más aún cuando nota que la artrosis que tiene diagnosticada está empeorando su cuadro clínico. “El espacio entre las vértebras se reduce y ya están casi fusionada las vértebras L5S1, con el correspondiente dolor, pues me presiona nervios”.

Algo que dejaría de ocurrir con una operación que, según le han explicado, consiste en “levantar el espacio intervertebral y en estabilizar la columna con placas y tornillos”. De ese modo, liberan nervio ciático pinzado y se impide un mayor deterioro, mejoran la calidad de vida. “Podría trabajar en dos meses pero por causa ajena a mí me van a pasar a incapacidad permanente total sin haberme operado. Un despropósito que me perjudica económicamente físicamente y mentalmente”.

Víctima de un infarto

Sin embargo, en su caso no sólo se encuentra en un estado precario por la espera para ser operado de su hernia, sino porque sufrió un infarto de miocardio en julio de 2022 que lo ha complicado todo. Desde entonces, está de baja. Y como sufrió ese episodio, los médicos le han prohibido el uso de antiinflamatorios: “Por lo que la hernia al pinzar el ciático y no poder tomar antiinflamatorios ni corticoides me empieza a invalidar”.

“Esto se agrava porque mi baja va a tener consecuencias y las consecuencias van a terminar en una incapacidad. Cuando si me operan, eso ya no ocurriría”, lamenta Antonio. Y no sólo eso, según relata, aún no ha pasado revisión del infarto de miocardio y la explicación que le ofrecen en el hospital es que el médico que ha de verle se encuentra de baja por paternidad. “La situación es lamentable y creo que debemos quejarnos. Cuando lo hacen bien, que se felicite, cuando lo hacen mal, hay que decirlo”.

Casi no puede contabilizar las veces que ha puesto alguna reclamación en su centro de salud o ha acudido al hospital sin obtener la solución que necesita. Sólo han acertado a decirle que no hay recursos suficientes en el SAS para atender su caso en un periodo corto de tiempo: “Los profesionales están aguantando una carga de trabajo insoportable. Tienen a muy buena gente, pero por desgracia insuficiente”. De momento y mientras sigue esperando, confía en que la fortuna se alíe con él y que no se cumpla el pronóstico que sostiene que deberá esperar 900 días, tres veces más de lo que ya ha aguardado.