La Junta de Andalucía reprocha “falta de lealtad” al Gobierno central por la fórmula elegida para demoler el Algarrobico

La Junta de Andalucía “se alegra de que por fin el Gobierno reaccione” en lo que se refiere al hotel ubicado en la playa del Algarrobico, en el municipio de Carboneras (Almería), pero discrepa de la fórmula elegida por el Ejecutivo central para proceder a su demolición, 19 años después de que un juez paralizara las obras de esta inmensa mole enclava en pleno parque natural de Cabo de Gata.

Son ideas que han trasladado fuentes del Gobierno andaluz, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado este lunes en una visita a Carboneras que el Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el referido hotel, como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

El Gobierno andaluz considera que el anuncio de la vicepresidenta Montero “demuestra falta de lealtad con la Junta de Andalucía”, al haber adelantado “una decisión que no solo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos”. La Junta se refiere así al acta de la reunión de dicha comisión del 11 de marzo de 2024, que, según explican, recoge que la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, “coincide en la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales por el Consistorio para poder continuar en el sentido encaminado a la demolición del edificio”.

Otra fórmula “más rápida”

El Gobierno andaluz discrepa así en la fórmula de la expropiación escogida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, alegando que “no hace falta expropiar para demoler el edificio”. Según la Junta “basta con que el Ayuntamiento de Carboneras –gobernado por Salvador Hernández (Ciudadanos)– cumpla lo que mandó” el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “y declare nula la licencia de obras que otorgó en su día”.

De esta manera, desde el Gobierno andaluz del PP sostienen que “la expropiación no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial”, e invitan al Ejecutivo central a actuar por “la vía más rápida y segura”, en alusión a que el Ayuntamiento de Carboneras “declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día”.

Desde la Junta se recuerda además que “el Gobierno del PSOE en España inició hace 20 años un expediente de expropiación idéntico al anunciado ahora, y en 2009 lo archivó, entre otros motivos, al considerar que la nulidad de la licencia era lo más efectivo”. En cualquier caso, el Gobierno de Moreno ha querido dejar claro que “la Junta de Andalucía está preparada para cumplir con su obligación de manera inmediata: reciclar los escombros y restaurar la playa”, y “solo necesita que antes cumpla el Gobierno de España y derribe el edificio, como es su obligación”, apostillan las mismas fuentes.

El alcalde de Carboneras denuncia “fines partidistas”

De su lado, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha lamentado el “desprecio” del Gobierno de España a los vecinos con la visita “improvisada y partidista” de la ministra de Hacienda, sin que su presencia haya sido comunicada oficialmente ni haya solicitado un encuentro con el equipo de gobierno municipal, “que representa a los carboneros y que tiene como único objetivo la defensa de los intereses del municipio”, según ha reprochado el alcalde.

“La vicepresidenta primera ha venido a utilizar el hotel con fines partidistas, anunciando medidas unilaterales que ya veremos a dónde llevan”, ha criticado Hernández, quien ha calificado esta actitud como una “falta absoluta de respeto institucional y de compromiso con Carboneras, al ignorar a la administración que representa a su ciudadanía, hacer anuncios públicamente antes que a la principal administración afectada, y al evitar un encuentro para abordar los diferentes problemas que afectan al municipio”.

En lugar de eso, ha afeado, “nos encontramos con una visita improvisada de la vicepresidenta primera, y con un uso partidista de un tema tan delicado y judicializado aún como es el del hotel”. Además, el alcalde ha recordado que “las puertas de la Casa Consistorial están abiertas, porque los representantes públicos estamos aquí para trabajar y solucionar los problemas de las personas desde el diálogo y las actuaciones coordinadas entre administraciones”.

Aviso de los ecologistas a la Junta

Entre las críticas, Greenpeace ha celebrado que el Gobierno haya decidido expropiar el 40% del hotel del Algarrobico y ha animado a la Junta de Andalucía a hacer lo propio con el 60% restante y finalizar el derribo de este “símbolo” de un “modelo caduco de turismo depredador” y de destrucción del litoral.

Las parcelas que pretende expropiar el Gobierno de Sánchez suponen el 40% de la construcción y se encuentran dentro de la franja de los 100 metros de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas. Para acabar de forma definitiva con este “adefesio inmobiliario”, Greenpeace ha animado a la Junta a aplicar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que le permite ejercer expropiación en edificios manifiestamente ilegales, o bien culminar el derecho de retracto, puesto que el hotel se encuentra ubicado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar.

La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha recalcado que “todo paso” que acerque el derribo definitivo del Algarrobico es “una buena noticia”. “En Greenpeace llevamos casi 20 años esperando su demolición, sentencia tras sentencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño”, ha señalado, insistiendo que “seguiremos de cerca los pasos que dé ahora la Junta de Andalucía, que debe cumplir con sus firmes declaraciones de cumplir con el acuerdo de demolición del hotel porque el Algarrobico es un símbolo de un modelo caduco de turismo depredador y destrucción de nuestro litoral”.