La Junta de Andalucía eleva ya a 19,3 millones de euros la cifra cuya devolución reclama por subvenciones para cursos de formación profesional que no habrían sido debidamente justificadas, correspondiente a un total de 640 expedientes. Es el dato que ha ofrecido este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía -la segunda en dos meses- para informar del estado de la depuración masiva de los expedientes iniciada hace más de un año por su departamento.
Son casi dos millones de euros más sobre la información que ofrecía el pasado 4 de septiembre en el mismo foro, cuando habló de 17,4 millones de euros, tras haberse emitido entonces resoluciones definitivas de reintegro para 581 expedientes. La revisión de los expedientes ha continuado y ya hay resoluciones definitivas de reintegro para otros 59, lo que suma 640 con irregularidades, un 12% del total depurado.
Por el contrario, la cifra de los expedientes de subvenciones debidamente justificadas se eleva ya a 1.462, para los que ya se ha dado orden de pago del resto de la cantidad pendiente a los beneficiarios (el 25% que la Junta de Andalucía retiene de la ayuda hasta que se ha presentado toda la documentación).
De este modo, Luciano Alonso, que ha comparecido a petición del PP-A y de IU, ha informado de que del total de 8.505 expedientes desde el año 2007 hasta hoy que están revisando -todos los que están vivos y por tanto en periodo todavía de justificación por no haber prescrito- ya han sido estudiados 5.153, lo que supone poco más del 60%, para un trabajo en el que se ha dado de plazo hasta septiembre de 2015, es decir, serán dos años en total.
En estos momentos se está trabajando sobre 788 expedientes: 547 están en fase de requerimiento de más información a los beneficiarios de las subvenciones; 182 -se suman a los 1.280 de hace un mes- han sido resueltos por haberse justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono; y los citados 59 han culminado con la petición de que se devuelva el dinero a las arcas públicas.
Por el contrario, Luciano Alonso ha confirmado que no se publicará el listado con todos los beneficiarios a los que se reclaman las subvenciones, cosa que prometió en su anterior comparencia, porque un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía habla de la posible vulneración en materia de protección de datos. En este sentido, hay que distinguir entre personas físicas y jurídicas. De las primeras no se podrían dar los nombres sin su autorización, y de las segundas, aunque sea posible, la publicación de determinada información sí podría conllevar luego la reclamación por parte de los afectados.
Esta justificación no ha gustado nada a la oposición. La portavoz del PP-A en la comisión parlamentaria, Teresa Ruiz Sillero, se ha preguntado que por qué le preocupa ahora la protección de datos y no cuando publicó el listado de exoneraciones de más de 2.500 beneficarios “con CIF y números de expedientes”.