La Junta andaluza acepta cambiar el decreto que modificó 21 leyes para frenar el recurso del Gobierno ante el Constitucional

La Junta de Andalucía ha aceptado revisar el famoso decreto ley de simplificación administrativa, que altera 21 leyes y otros seis decretos, apenas una semana después de su entrada en vigor. Es una decisión atípica que viene condicionada por dos amenazas judiciales: de un lado, el Gobierno central ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la norma andaluza por “invasión de competencias”; de otro lado, el PSOE andaluz ha anunciado que 50 senadores socialistas llevarán al Tribunal Constitucional otro recurso, más ambicioso, que busca paralizar la práctica totalidad de las reformas que introduce el decreto.

La estrategia de la Junta consiste en negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la retirada de su recurso, abriéndose a modificar los dos artículos conflictivos, y dar la espalda a las denuncias del PSOE andaluz, principal partido de la oposición. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha solicitado este martes en el gabinete de crisis que se abra una negociación con el Ejecutivo central, en el marco de la comisión bilateral Gobierno-Junta, para revisar los dos artículos recurridos del decreto.

Un punto podría vulnerar la Ley estatal de Patrimonio Histórico: la norma andaluza autoriza a los alcaldes para hacer reformas en sus municipios, en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC); el otro punto modifica la Ley Audiovisual para permitir que las empresas privadas gestionen emisoras de radio y televisión que ahora están en manos de los ayuntamientos, y allana la legalización de las radios y televisiones pirata, al autorizarles a emitir publicidad institucional pagada. “Eso es sólo lo que el Gobierno lleva al Constitucional, pero al 95% del decreto le da su beneplácito, lo que es un motivo de alegría para la Junta”, ha explicado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

El número dos del Ejecutivo andaluz confía en que la negociación con el Ministerio de Política Territorial prospere, y se ha anticipado a instar al Gobierno de Sánchez a que “convenza” al PSOE para que retire el recurso de sus senadores. El principal argumento judicial de los socialistas andaluces es que no estaba justificada la vía de urgencia para convalidar un decreto ley de tanto peso político en la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento en periodos inhábiles. La norma que se ha aprobado suprime de una tacada 100 trámites administrativos, algunos de ellos son permisos urbanísticos y medioambientales que eran obligatorios para iniciar una construcción.

Además de la negociación con el Gobierno central, Marín ha anunciado que la Junta “volverá a llevar el decreto ley” a la Cámara autonómica, cuando se recupera la actividad ordinaria, para que sea ratificado. Esta propuesta ha generado cierto estupor entre los juristas consultados, habida cuenta de que el citado decreto ya está aprobado, convalidado el pasado 3 de abril en el Parlamento, y en vigor desde entonces. A priori, no necesita regresar a la Cámara legislativa.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas defienden que existe un encaje legal para someter al Parlamento un decreto ley ya aprobado, consiguiendo así el sello de convalidación del Pleno que exige el PSOE. Teniendo asegurada la mayoría de votos de PP, Ciudadanos y Vox, la norma lograría formalmente el beneplácito de la Cámara y desactivaría la contraofensiva política y judicial de los socialistas. Existe una resolución aprobada el 5 de junio de 2008, muy poco después de la reforma del Estatuto (antes no existía la figura del decreto ley), que recoge un antecedente a una situación tan anómala. “La Diputación Permanente del Parlamento andaluz no tendrá competencias legislativas plenas, aunque sí de convalidación, sobre el decreto-ley”, argumenta dicha resolución, que posteriormente puede someterse a la “ratificación” por parte del Pleno de la Cámara.

El principal argumento del PSOE para recurrir el decreto ley es la resolución a la que se acogió la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para aprobar la norma en la Diputación Permanente por la vía de urgencia. Los socialistas sostienen que este órgano sólo puede ejercer en periodos inhábiles o mientras se constituye el Gobierno, sin embargo, el parón de la actividad parlamentaria provocado por la epidemia no se considera un periodo excepcional (en términos reglamentarios). Fuentes juristas consultadas explican que las circunstancias actuales, provocadas por el coronavirus, son tan excepcionales, que la resolución de Bosquet para aprobar el decreto ley a través de la Diputación Permanente está “bien justificada en aras de que la acción del Parlamento no quede paralizada”.

El decreto ley de simplificación administrativa, que contó con el rechazo de PSOE y Adelante Andalucía y con la protesta de sindicatos y varios colectivos sectoriales, modifica de una tacada 21 leyes y otros seis decretos, y elimina de un plumazo 100 trámites burocráticos para avanzar en la liberalización de la economía. El decreto ley fue presentado por todo lo alto por seis de los 11 miembros del ejecutivo andaluz, otorgándole una importancia de primer nivel. El proyecto quedó eclipsado inmediatamente por el impacto de la pandemia del COVID-19, pero la norma siguió su tramitación parlamentaria, incluso después de que la Cámara legislativa cesase su actividad regular y quedase en servicios mínimos.

Las modificaciones que introduce el decreto son de carácter estructural y suponen un giro radical en el modelo productivo desarrollado por anteriores gobiernos socialistas: se aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas...). También se avanza en la privatización de las emisoras municipales y permite la publicidad institucional y comercial en las ilegales, algo que ha desatado la protesta airada de todo el sector de la radiodifusión. Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones. “Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado”, subrayó en su momento el consejero de Hacienda, Juan Bravo.