La Junta adaptará los precios de sus viviendas a la situación de los inquilinos

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Epsa, fue diseñada con la filosofía neoliberal al uso: lo público debe ser rentable. Así, su cultura empresarial interna es la de una promotora inmobiliaria, que gestiona suelo y viviendas públicas, pero con un balance de pérdidas y ganancias, y la obligación de obtener beneficios.

“Cambiar esa cultura por otra de rentabilidad social no es fácil”, dicen desde la Consejería de Vivienda que dirige Elena Cortés, una de los representantes de Izquierda Unida en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán. “Para empezar, lo primero ha sido conseguir que Epsa dejara de exigir avales para acceder a una vivienda social en alquiler a los potenciales inquilinos”, explican a modo de ejemplo desde la Consejería.

El siguiente objetivo impuesto a Epsa es el de adaptar los precios de su parque público residencial a la realidad social. Objetivo que se trasladó ayer jueves a los responsables provinciales de la empresa pública en una reunión celebrada en Sevilla. “No es más que ser congruentes, adaptar nuestra actividad al espíritu del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”, afirman.

Hacerlo supone convertir el equivalente al 25% de los ingresos del inquilino de una vivienda social en el límite máximo de la cuota mensual del alquiler. Así, aquellos que residan en una de las viviendas sociales y destinen más del 25% de sus ingresos a pagar su casa verán cómo su cuota mensual baja.

A cambio, a todos aquellos cuyos ingresos superen ya, pasados los años, los que se establecieron en su contrato inicial, Epsa les podrá actualizar la cuota de alquiler. Eso sí, siempre sin superar el tope máximo del 25% de los ingresos. Se trata, explican desde la Junta, de fomentar la rotación del parque público, y hacer frente a aquellos casos en los que haya inquilinos pagando rentas antiguas que ya no son acordes con su actual nivel de ingresos.

De esta forma, EPSA pretende terminar con situaciones como la de algunas familias con dos sueldos elevados que pagan 30 euros al mes por el alquiler, o algunos que incluso tienen una segunda residencia en la costa. En estos últimos casos, perderán el derecho sobre la vivienda.

Estudio detallado

Para tal fin, EPSA iniciará un estudio detallado de cada una de las 81.000 viviendas sociales de las que dispone en régimen de arrendamiento, repartidas por 500 municipios de toda Andalucía. También de las de acceso diferido a la propiedad, o compra venta con pago aplazado. Este tipo de estudios, aseguran desde la Consejería, ya se han venido realizando al objeto de regularizar la situación de los nuevos inquilinos en casos de traspaso, o de abordar mejoras en algunas comunidades, entre otros aspectos. Actualmente, existen unas 350.000 personas alojadas en vivienda social en Andalucía.

Según la Administración, la situación que vive Andalucía con la ola de desahucios y la presión social existente, ha obligado a tomar cartas en el asunto. Aunque el parque de viviendas sociales vacío no alcanza las 2.000 casas, según las fuentes, la morosidad en algunas de las promociones puede alcanzar hasta el 78%. La falta de ingresos es evidente, motivo por el cual EPSA ha decidido adaptar los precios a la realidad de la calle y bajar las cuotas, tanto en alquiler como en cualquiera de las modalidades de compra a aquellas familias que no puedan afrontar la renta. De este modo, aseguran, “los pisos se ocupan, baja la morosidad y se optimizan los recursos para hacer sostenible el parque público, tanto social como económicamente”.

No sólo se actuará sobre las viviendas sociales. Además, Epsa deberá convertir en alquiler aquellas viviendas de protección oficial de promoción pública que están sin vender. El número exacto aún no se conoce: “Por primera vez estamos realizando un censo del parque público de VPO”, explican en Vivienda. Eso sí, saben que les saldrá caro. Esas VPO de promoción pública implican una financiación de la deuda contraída para su construcción (hipoteca) que, en la mayoría de los casos, las cuotas de alquiler no cubrirán. “En esta situación, todo lo que implica más coste es difícil, pero estamos dispuestos a abordarlo”, aseguran.

La aplicación del principio de rentabilidad social también supone liberar a los que se conoce como “prisioneros habitacionales”. Se trata de personas a las que se les concedió un piso hace 30 años en una cuarta planta sin ascensor, y que ahora ha envejecido y no puede subir escaleras, según ejemplifican desde la Administración. Estos casos también se verán beneficiados de la rotación planteada.

Según los responsables de Vivienda, estas medidas, para cuya puesta en marcha EPSA está empezando a reforzar su plantilla a fin de realizar los estudios de las viviendas, están dentro de la legalidad, puesto que en los contratos de estas viviendas queda reflejado que son revisables cada dos años. Aunque reconocen que no se ha venido haciendo de forma tan minuciosa y detallada como se pretende ahora: “La intención es dar estas casas a quien realmente lo necesita, y adaptar sus precios a la situación del inquilino”.

“Queremos participar”

Uno de los portavoces de Stop Desahucios en Granada, Antonio Redondo, considera este hecho “un avance” para el uso social de las viviendas. Aunque cree que “no es la solución definitiva”. Eso sí, destaca que “sin ninguna duda” la “revuelta social ha hecho que estos dirigentes políticos se vean obligados a tomar medidas, aunque sean insuficientes”.

Asimismo, denuncia que la Junta “no cuenta con la participación de organizaciones como ésta, ni se nos llama para decisiones importantes”. Afirma que Stop Desahucios ha acudido a reuniones pero 'a posteriori', cuando ellos apuestan por “participar en la elaboración” de este tipo de normas, “ya que llevamos muchos años trabajando” en estas cuestiones.