Los ayuntamientos andaluces podrán ceder a la Junta las oposiciones a policía local

La selección del personal de los cuerpos de la Policía Local en Andalucía seguirá siendo competencia de los ayuntamientos pero, mediante acuerdo plenario y la firma de un convenio de colaboración, podrán atribuir a la consejería competente en coordinación de las policías locales (Justicia e Interior) la convocatoria y la realización de los procesos selectivos.

El anteproyecto de Ley de las Policías Locales contempla esta posibilidad después de que las denuncias de posibles casos de enchufismo, enviadas al Defensor del Pueblo Andaluz y a través de la Asociación Aspirantes Policía Local Andalucía (Aspla), que está retomando su actividad, hayan puesto el foco en posibles deficiencias e irregularidades en la gestión y desarrollo de los procesos selectivos de acceso.

Fuentes de la Consejería informan a eldiario.es/andalucia que el anteproyecto señala a este respecto que los ayuntamientos, de acuerdo con las previsiones de las respectivas ofertas anuales de empleo público, aprobarán las bases de las convocatorias que publicarán en los respectivos boletines oficiales. La nueva norma, como novedad, abre la posibilidad a que la Junta ayude a “mejorar la gestión” en aquellos casos en los que el Consistorio de algún municipio así lo requiera. La administración, en todo caso, no asumirá ningún tipo de actitud fiscalizadora de los procesos, respetando el concepto de autonomía local de los municipios.

La futura ley sustituirá a la todavía vigente desde 2001 de Coordinación de las Policías Locales. Esta es la norma que actualmente regula los procesos. En concreto, su artículo 39 dice sobre la composición de los tribunales que “las pruebas de selección se realizarán en los municipios por tribunal presidido por el alcalde o concejal que se determine, y del que formarán parte, entre otros, un representante de la Consejería y otro de la junta o delegados de personal”. En el nuevo texto, de similar manera, se indica que “los tribunales calificadores u órganos de selección serán nombrados por la persona titular de la alcaldía”.

La ley, que podría estar aprobada antes de final de año según las previsiones de la Junta, también incluye, para la cuestión de la movilidad sin ascenso, tener una antigüedad de cinco años como personal funcionario de carrera en la categoría. Esta novedad tiene el objetivo que, principalmente en municipio pequeños, no se queden vacías las plazas al poco de adjudicarse.

Los opositores, insatisfechos

“El enchufismo es algo difícil de combatir cuando son los propios tribunales los que manipulan los procesos para favorecer a ciertas personas”, denuncian desde la agrupación de opositores que está retomando la asociación Aspla al tener conocimiento de la situación actual.

“Desde Aspla creemos que, tal y como está la situación de las oposiciones en Andalucía, desde el poder político no hay intención de solucionar nada. Se sabe (porque hay ya casos sentenciados) que el enchufismo ha existido, existe y existirá, y no sólo en esta oposición para la policía local sino también en otros procesos selectivos a otras profesiones, por lo que es más necesario que nunca establecer mecanismos nuevos para hacer más difícil que se cometa el enchufismo, puesto que los actuales en muchos casos están obsoletos o al menos no sirven de mucho”, indican.

Los opositores no observan “el debido interés político en que se arregle esta situación, siendo un hecho que ademas de atentar contra los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público consagrado en el artículo 23 de la Constitución, también atenta con las esperanzas y esfuerzo de años de estudio y preparación de miles de opositores que, como tantas veces, ven frustrados su sueño por sentir y experimentar que no es posible competir con equidad en los procesos selectivos y peor aún, que quien debería velar por nuestros intereses, como son las administraciones públicas, no sólo nos dan la espalda sino que en muchas ocasiones propician que ocurran tales hechos, o teniendo en su mano arreglarlo no lo hacen”.

Entre las soluciones que proponen está que se centralicen los procesos selectivos por una administración superior (la diputación o la delegación de la Junta en la provincia, por ejemplo), o que se incluya en el tribunal un representante del Defensor del Pueblo que vigile, controle, ayude a corregir los exámenes o incluso un representante de los opositores con las mismas funciones.

“Ya que la administración no está por la labor de mejorar la situación, entre diversos opositores se ha vuelto a tener la disposición de unificar esfuerzos en la lucha contra el enchufismo, volviendo a tomar la dirección de Aspla, por lo que ante la ausencia de la protección de quienes nos tienen que proteger y amparar seremos los opositores los que nos movilizaremos, recurriremos administrativamente como judicialmente, investigaremos la composición de tribunales y las personas que se presente a las oposiciones, posibles vínculos afectivos, laborales y comunicaremos a los distintos ayuntamientos todos los índicios de sospechas que tengamos”, concluyen.

Plantilla mínima de cinco agentes

Este pasado lunes se celebraba precisamente la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, que saludaba con “un amplio consenso” el contenido del anteproyecto de ley al emitir su informe preceptivo, después de que el texto haya recibido un total de 28 observaciones y alegaciones durante su trámite de información pública, según informó la Junta.

La mencionada comisión, integrada por representantes de la Consejería de Justicia e Interior, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los sindicatos policiales y la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía, dio su visto bueno al texto. El anteproyecto, al que aún le quedan diversos trámites como los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo, se devolverá al Consejo de Gobierno, por donde ya pasó en febrero de 2016, para su aprobación e inicio del correspondiente trámite parlamentario.

El propio consejero, Emilio de Llera, ha señalado que será “una ley actualizada y articulada desde el consenso, cuyo objeto es la ordenación general y la coordinación supramunicipal de los cuerpos de Policía Local en nuestra comunidad, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales”.

La elaboración del anteproyecto de ley, que también ha contado con la participación de otros organismos sindicales y con el colectivo de vigilantes municipales cuya labor también se encuentra regulada en la nueva norma, establece que todos los municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes deberán contar con una plantilla mínima de cinco agentes de policía local. Actualmente, en Andalucía existen más de 12.000 policías locales (apenas 720 mujeres), que prestan servicio en un total de 529 municipios. La futura ley, según las fuentes, también aspira a potenciar la incorporación mayor de la mujer a las policías locales.