El recurso del exviceconsejero Lozano cumple dos meses “paralizado” por Alaya
Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia con tres consejeros, está citado este jueves por la jueza del caso de los ERE para declarar como imputado por su supuesto conimiento de los hechos cuando fue director general de Presupuestos, entre los años 2002 y 2009. Lozano recurrió su imputación pero, según su abogado, su escrito está “paralizado” por Mercedes Alaya, que “no le ha dado traslado a la Audiencia ni tampoco lo ha resuelto”. El día en que declara, este jueves 19 de septiembre, se cumplirán justamente dos meses desde la interposición del recurso, presentado el 19 de julio.
Lozano, según el auto de imputación del 28 de junio, tuvo una “importante intervención” en las modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza, “donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito para el pago de las subvenciones laborales de la partida 3.1.L”.
La defensa del que fuera viceconsejero de Presidencia hasta este pasado viernes, cesado a petición propia, señala en su recurso de reforma y subisidiario de apelación que Alaya “parece desconocer que la preparación de las distintas partidas presupuestarias y de los presupuestos corresponde a los distintos departamentos de la Administración, por lo que no hay ninguna duda en afirmar que esos programas no son elaborados por la Dirección General de Presupuestos, que se limitan a componer la información que le es remitida por los distintos departamentos del Gobierno”.
El abogado José María Mohedano, que se ha mostrado en contra de las actitudes de la jueza, tachando de “inquisitoriales” sus formas ante imputados y letrados, argumentaba en su recurso que el auto de imputación “no narra ni siquiera indiciariamente hechos punibles y es absolutamente incompleto e incumple el derecho de los imputados a conocer la imputación”, sin que se mencione “ni un artículo del Código Penal”, lo cual “genera ya de entrada una flagrante indefensión”, “sin designar infracción o describirla”.
El recurso, presentado en representación de Lozano y también de su sucesor en Presupuestos, Buenaventura Aguilera, promueve la nulidad del auto porque los hechos narrados “no serían constitutivos de ninguna infracción penal”. Sobre las transferencias de financiación se detiene pormenorizadamente. Por ejemplo, dice el recurso que son presentadas como “actos de clara significación penal por el juzgado por el solo hecho de su supuesto carácter extraordinario cual si eso significara prohibido”. Es una materia sobre la que Alaya “carece totalmente de competencia para pronunciarse”, entiende el abogado José María Mohedano.
En este punto, Mohedano apoya la tesis de la Junta relativa a que la herramienta era legal porque la sustentaban las sucesivas leyes de presupuestos, si bien “la instructora se atribuye tácitamente nada menos que la competencia para juzgar los actos del Poder Legislativo”, comenta el escrito presentado ante la Audiencia, que califica de “vago discurso” que subyace en su resolución a la hora de “atribuir un comportamiento delictivo a la Cámara”, algo “inapropiado y fuera de lugar”.
La juez Alaya, por otro lado, dictó recientemente un auto en el que prohíbe a una serie de letrados asumir la defensa de dos cargos o ex altos cargos de la Junta al mismo tiempo, todo ello con el objetivo de “impedir la indefensión que la disparidad en las situaciones procesales de las partes produciría”. Al respecto, Mohedano ha explicado que sus dos clientes siguen queriendo que les asista en sus declaraciones como imputados. La de Buenaventura Aguilera está prevista para el próximo 24 de septiembre.
